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La ciudad de Salta se vio movilizada por una nueva marcha de Ni Una Menos, la convocatoria que surgió por primera vez el 3 de junio de 2015, tras el hartazgo nacional por los continuos femicidios que sucedían en el país. La Asamblea Lesbotransfeminista de Salta denunció la violencia judicial, los crímenes de odio y la burocracia estatal que revictimiza a mujeres y disidencias.
En la provincia además se cumplirán 10 años de la declaración de emergencia pública en materia social por violencia de género, sancionada en septiembre de 2014, mediante la ley 7857. Previamente, el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey emitió el decreto 2654/14, por el que declaraba la emergencia. Desde su sanción se sucedieron continuas prórrogas y continúa vigente.
La convocatoria de este año se inició con una ceremonia ancestral a cargo de mujeres indígenas. En esa ocasión, Francisca Sarmiento, de la comunidad wichí Sarmiento, de la localidad de Tartagal, denunció que las mujeres del norte salteño no cuentan con ningún tipo de ayuda. "Hay muchas mujeres que han sido violadas, maltratadas. Yo lo único les digo es que sigan adelante porque sé que va a haber justicia", dijo.
Desde hace años, e impulsadas en su mayoría por la reconocida activista Octorina Zamora (fallecida el 1 de junio de 2022), las mujeres de los distintos pueblos indígenas de la provincia vienen denunciando la sistemática violencia que padecen las niñas, adolescentes y mujeres en las comunidades. Tanto para el 8 de marzo, como para el 3 de junio, un grupo de mujeres se movilizó a la capital salteña para denunciar lo que sucede en el norte de Salta.
En ese marco, la Asamblea Lesbotransfeminista cuestionó que a pesar de estar en “emergencia” de género, aún "no hay cambios que hagan ceder los números de femicidios ni la violencia que padecemos a diario, tanto en las calles como en los procesos judiciales y burocráticos". Además, sostuvo que "a partir de estas violencias se revictimiza a las víctimas".
El Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) recordó que se registraron 12 víctimas de femicidios, de enero a diciembre de 2023. Según los datos: 7, se cometieron en Salta Capital; 2, en Orán; 1, en Rivadavia; 1, en Rosario de la Frontera, y hubo un femicidio vincular en la localidad de Las Lajitas, en el sur provincial. De ese número, tres casos no tienen causa judicial debido a la muerte posterior del presunto femicida.
De acuerdo a los casos registrados en 2023, en el 45% de los casos la persona que cometió la agresión era pareja de la víctima. El 18% no tenía vínculo; mientras el resto de los femicidios fueron cometidos por la expareja (9%); la hija (9%); otro (9%); y en un 9% no se registró este dato. Además, el 73% de los casos ocurrieron en la vivienda la víctima, mientras que el porcentaje restante fue en la vía pública (27%). En cuanto a este año, de enero a mayo, el OVcM registró 1 femicidio y 10 muertes violentas de mujeres.
Durante la mañana, integrantes de la Asamblea se manifestaron en las puertas del Poder Judicial de Salta, donde denunciaron violencia judicial, ya que afirmaron que continuamente se desestiman las causas por violencia de género. Y, en el caso de que haya un proceso, las causas "van tan lento que muchas veces el femicida llega primero". En el mismo sentido, denunciaron los casos de abuso que sufren niños, niñas y adolescentes de parte de sus progenitores. "Nuestrxs hijxs también padecen estas violencias, no solo por el asesinato de sus madres, sino por que no pueden ejercer sus derechos. Los juicios por alimentos también son parte de la larga espera a la que se nos expone. Basta de violencia vicaria", expresaron.
Por ello, pidieron mayor celeridad en la justicia y exigieron "una justicia en la que los que investigan y juzguen, estén alejados de cualquier sospecha de violencia de género". Insistieron en que se avance en la implementación de la perspectiva de género en la justicia y se cumpla Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Argentina.
La Asamblea Lesbotransfeminista también exigió que se prevenga la violencia obstétrica y se otorguen recursos para ello. De igual manera, denunció que en el Hospital Público Juan Domingo Perón, de Tartagal, fueron despedidas las facilitadoras bilingües parteras, a pesar de la reglamentación de la ley provincial 7856, de Salud Intercultural, que dispone la creación de una Red de Apoyo Sanitario Intercultural e Interinstitucional para Pueblos Originarios.
Además, la Asamblea pidió la inmediata incorporación de la representante del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, Irene Cari, al Observatorio de Violencia contra las Mujeres, tras ganar el concurso hace dos años en representación de las organizaciones sociales.
Basta de crímenes de odio
En la marcha muchos carteles y banderas pedían el cese de los crímenes de odio, un reclamo impulsado en este caso por el lesbicidio en Barracas (provincia de Buenos Aires), donde fueron asesinadas Pamela Cobas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, mientras que Sofía Castro resultó herida después de que Justo Barrientos arrojase un explosivo casero a la habitación en la que se encontraban las mujeres.
Durante la ceremonia inicial la referenta de Mujeres Trans Argentina y reconocida activista travesti trans afroindígena de Salta, Pía Ceballos, habló de la necesidad de conectar con la Madre Tierra. "En contextos tan difíciles como los que estamos viviendo, donde los cuerpos de las mujeres, las lesbianas, las travestis, las trans, las identidades no binarias, son cuerpos desechados, cloacalizados, aparecemos sin vida en basurales, en la calle, hoy nos unimos bajo el grito de Ni Una Menos", expresó.
Exigió que se deje de matar, de odiar y de violentar a las mujeres y las disidencias. En ese sentido, pidió que les presentes se encomendaran a la Pachamama para que "nos acompañen en esta lucha". "Nos convocamos todas y todes para gritar en contra de los lesbicidios, en contra de la masacre de Barracas, en contra de los travestisidios, y seguimos preguntándonos ¿dónde está Tehuel?", cuestionó Ceballos.
Por su parte, la estudiante de la carrera de Educación de la Universidad Nacional de Salta e integrante de la agrupación Praxis, Cecilia Giménez, dijo que la importancia de participar en la marcha radica en "visibilizar la situación social, económica, y la violencia que estamos sufriendo las mujeres, sobre todo las disidencias". También afirmó que las organizaciones estudiantiles tienen que estar presentes en cada uno de los reclamos.
Un ajuste que agranda la brecha
En la marcha también hubo críticas a la política de ajuste que impone el gobierno de La Libertad Avanza (LLA). La profesora de Filosofía, integrante de la Comisión de la Mujer y del equipo género de la UNSa, Beatriz Guevara, sostuvo que particularmente este año la convocatoria tiene mayor relevancia debido a la demanda de la continuidad de la legislación y programas "que buscan proteger y acompañar a las víctimas de violencia por motivos de género".
Guevara denunció que el gobierno nacional está llevando adelante un desfinanciamiento de las políticas de género, especialmente, tras la elimininación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. "Se han ido cerrando programas (como el Acompañar) y degradando las áreas de género, lo que implica restar el poco presupuesto que se destinaba antes. Ahora es prácticamente nulo", aseguró, afirmando que "no alcanza para poder dar respuesta al incremento de la violencia que sucede por la crisis económica".
Guevara, que también forma parte de la Fundación Entre Mujeres, insistió en que en momento de crisis económica "las más afectadas son las mujeres, porque muchas veces son el sostén de familia y son las primeras en las filas de desocupadas".
A través del informe "Un ajuste que agranda la brecha", la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), dejaron en evidencia el fuerte desfinanciamiento de las políticas contra la violencia de género, comparando la ejecución del primer cuatrimestre de 2023 y 2024. Según lo informado, el presupuesto disponible para reducir la desigualdad de género en 2024 es 62% más bajo que en 2023. Además, durante el primer cuatrimestre de este año se ejecutó un presupuesto 26,8% menor que el año pasado.
Entre otros datos relevantes, el informe detalla que el programa Acompañar, que buscaba fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género, redujo su ejecución en un 79%. Mientras que el programa Acciones de ayuda urgente a familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios no ejecutó presupuesto. En tanto, el programa Acciones de fortalecimiento de la Línea 144, ejecutó $443,8 millones entre enero y abril. En términos reales, esto representa un ajuste del 25% respecto a la ejecución del mismo periodo del año anterior.
