La causa que investiga el asesinato de Sofía Fernández, una mujer trans de 39 años, ocurrido en abril del año pasado en la Comisaría 5ta de Derqui, Pilar, es paradigmático como ejemplo de cómo la policía en sus distintos niveles protege a los agresores dentro de sus fuerzas, obstruye los procesos de justicia y garantiza su impunidad.

La celeridad del proceso judicial y la eficiencia del trabajo de la fiscalía en la causa destaca en un sentido positivo cuando se lo compara con la media de casos similares. Sin embargo, la capacidad de la fuerza policial para embarrar la cancha le hace fuerte contrapeso. No se trata sólo del modo en que los imputados directos (un buen porcentaje del total de la comisaría, incluido el comisario Daniel Salerni), se han cubierto entre sí las espaldas: también la estructura entera del Ministerio de Seguridad Provincial provee de defensa técnica institucional a estos oficiales investigados por graves violaciones a los derechos humanos.

Lo que se deja ver es un interés corporativo que difícilmente se pueda corresponder con “la defensa y el cuidado del bienestar de todos”, esa supuesta máxima que da sentido a las fuerzas policiales.

Cuando Sofía es “encontrada” sin vida el 10 de abril, las autoridades policiales junto con una psicóloga del municipio le comunicaron a Mabel, su hermana, que había fallecido “súbitamente” y que todo indicaba que se trataba de un suicidio.

Pero la autopsia fue concluyente: falleció por asfixia antecedida de tortura con signos de posible abuso sexual, procurada por no menos de tres personas. La investigación de la causa pasó entonces a tratarse de un homicidio doloso y de su encubrimiento. Por ello, tres oficiales fueron imputados por homicidio, y otros siete, incluido Salerni, por encubrimiento y falsificación de documentos. Todos se encuentran detenidos desde el primero de mayo.

No obstante la gravedad de la acusación, los imputados tienen una defensa legal y técnica provista por la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad de la provincia. Cualquier ciudadano que no puede pagar un abogado particular tiene derecho a un Defensor Oficial, los cuales tienen fama de poco efectivos por estar sobrepasados de causas. Pero los agentes policiales tienen acceso a una defensa provista por su propio ministerio, la cual se aboca únicamente a defender policías en conflicto con la ley.

Dicha Asesoría ha provisto en este caso una defensa que consta no de uno, sino de cuatro abogados. Y aún más: han solicitado al juez que se les permita poner como peritos de parte a un batallón de profesionales que pertenecen a la policía y se encuentran en actividad. Los mismos son Ricardo Grubisa, Especialista en medicina legal y Comisario Mayor; Fernando Maldonado, psiquiatra; Valeria Stingo, subcomisaria Especialista en Criminología y Criminalística; y Luis Vizcarra, perito idóneo en fotografía y video y forense de la Delegación Departamental policial de La Plata.

Especialistas cuyos honorarios serían altísimos en caso de ser pagados de manera particular. Y han de ser provistos (en caso de que el Juez acepte) por el Ministerio de Seguridad para el cual trabajan, al igual que los cuatro abogados. Sus sueldos, por supuesto, pagados con los impuestos de todos los ciudadanos. Si una pregunta recorre estas líneas como un fantasma, es la siguiente: ¿por qué la ciudadanía debe costear esta especial defensa y expertise, y no aquella que le corresponde a la víctima?

Por si esto no fuera suficiente para probar el interés propio que en la causa tienen las fuerzas de seguridad provinciales, surge un dato más llamativo: lo que el abogado querellante Ignacio Fernández Camillo señala como “contradicción de intereses”.

Lo curioso de la defensa es que su argumento central se basa en un cambio de hora en la defunción de Sofía. Y es que, dependiendo de la hora, la gravedad de los cargos se ciñe sólo sobre una parte reducida de los imputados, brindándoles al resto el beneficio de la duda.

Es sabido que, por obligación legal, un abogado defensor debe actuar brindando la mejor defensa posible a todos sus representados por igual. Pero entonces, ¿por qué utilizarían un argumento que incrimina irremediablemente a algunos de ellos? En otras palabras, ¿por qué salvaría sólo a algunos de sus defendidos a costa de enterrar a los demás?

La respuesta es obvia: siendo imposible negar que Sofía fue asesinada, pretenden dejar libre a la mayor cantidad de oficiales posible.

Lo que no es tan obvio pero se desprende de esto, es que los abogados defensores tienen un interés superior al que la ley les manda: la de defender a la estructura, a la institución de las fuerzas policiales de la provincia, antes que a los imputados en sí mismos.

Es por esta razón que el juzgado en su última audiencia, haciendo lugar a la presentación hecha por la Comisión Provincial de la Memoria en calidad de particular damnificado, remitió un oficio destinado a la Asesoría General del gobierno provincial, encargada de asesorar en materia legal al poder ejecutivo de la provincia. Ella deberá dictaminar si corresponde que los imputados reciban la defensa especial provista por el Ministerio de Seguridad.

No hay nada nuevo: este mecanismo de defensa corporativa de la policía ha sido denunciado numerosas veces. Desde el caso de Walter Bulacio, pasando por el asesinato de Mariano Ferreyra, y muchos otros.

Pero la acción policial no se limita sólo al campo técnico y legal: también se han organizado políticamente para enfrentar la acusación e incidir en el caso. Crearon grupos en redes desde los que comentan con insultos la cuenta que creó la familia de Sofía pidiendo justicia. Y aún más, una semana después de dictada la prisión preventiva, marcharon al juzgado para exigir la liberación de los detenidos. “Te equivocaste Walter” decía uno de sus carteles, en referencia al Juez que lleva la causa, Walter Federico Saettone. La misma semana se les otorgó a nueve de los imputados el beneficio de la prisión domiciliaria. Curiosamente, la fecha de la marcha coincidió con la del día nacional contra la violencia institucional.

Esta desigualdad entre las partes, agrega el abogado de la familia, se ve acentuada por la omisión de otros sectores del Estado provincial. Y es que, mientras que el Ministerio de Seguridad intenta apoyar a los imputados con todos sus recursos, los Ministerios de Mujeres y de Derechos Humanos de la provincia han omitido generar un contacto de cualquier tipo con la familia de Sofía, informa Fernández Camillo.

Lo singular de la causa de Sofía es la constelación de condiciones que han posibilitado, a pesar de todo el esfuerzo del aparato policial, dejar expuesto su accionar. Porque ¿en cuántas causas de travesticidios existe una defensa fuera de las producidas por desinteresados defensores oficiales? ¿Cuántas veces se puede pagar una defensa particular en un caso así? ¿Cuántas otras ocurre que se puedan impulsar los peritajes en tiempo y forma, antes de que las huellas incriminatorias desaparezcan o que las mismas sean entorpecidas, como en el caso de Carolina “La Moma” de La Plata? ¿Cuántas veces se pueden costear peritos expertos de parte de la víctima, con honorarios inaccesibles para una familia trabajadora promedio?

Estos insoslayables elementos que hacen la diferencia en la causa de Sofía tienen una razón principal de ser, acaso el ingrediente que falta en la mayoría de los travesticidios: la existencia de una familia decidida con todas sus fuerzas a hacer justicia, y un activismo civil acompañando a cada paso.