El nuevo Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dio sus primeros pasos como tal afirmando que el presidente Javier Milei le pidió "darle empuje a la gestión". No se necesita mayor análisis para percibir el descuido de la gestión estatal que hace el gobierno de La Libertad Avanza (LLA). A simple vista se observa que tal abandono expone dos caras de la misma moneda: la convicción ideológica respecto de que el Estado no tiene ningún rol a jugar y la incapacidad técnica de los funcionarios designados o a quienes se le han asignado tareas.

Todo esto al margen, por supuesto, de las evidencias de corrupción que surgen a borbotones a pesar de que el gobierno intente tapar el sol con las manos mientras construye un relato cada vez menos creíble pretendiendo adjudicar su propios errores al gobierno anterior y, como lo ha hecho hasta el momento, victimizarse para no dar explicaciones. Siendo que, en realidad, lo que asoma son ante todo maniobras que evidencian la ambición de ciertos funcionarios por acumular poder y ganancias en el más breve espacio de tiempo.

La sola afirmación presidencial de que “el Estado es una organización criminal” justifica el descuido de la gestión y explica el abandono que el gobierno está haciendo de las funciones y responsabilidades del aparato estatal. Con el argumento de que “no hay plata” el gobierno no solo clausuró la obra pública, sino que está desfinanciando lo que funcionaba de manera correcta aún con presupuestos acotados. El resultado son rutas descuidadas, trenes que se accidentan, servicios de salud cada días más abandonados… y alimentos que corren el riesgo de pudrirse almacenados en depósitos oficiales.

El ajuste es apenas un elemento –aunque sea el que se expone de manera más reiterada, perversa y cruel- de una decisión político ideológica que apunta a la destrucción sistemática del Estado como espacio asociativo y solidario de toda la comunidad. Ese es el verdadero propósito, es la aplicación práctica de la motosierra. Se puede discutir si un área o un organismo está sobredimensionado, o con funciones que no son adecuadas. Hasta que el presupuesto deba recortarse. Pero no se trata de eso, sino de que todos estos argumentos (aunque algunos de ellos sean válidos) son meros fuegos de artificio para encubrir el verdadero propósito. Lo que realmente molesta es el Estado catalogado como “organización criminal”. Lo que se pretende es arrasar con todos los resguardos que anidan en el Estado como forma de protección de derechos. Por la misma razón no hay tampoco lugar para las políticas públicas, entendidas éstas como la forma de intervención del Estado para restablecer los desequilibrios y desigualdades que genera la lucha económica y por el poder.

El escenario ideal es el de “tierra arrasada” para dar, ahí sí y exenta de obstáculos, rienda suelta al libre juego del mercado que -por sí solo, afirman- debería ser un escenario donde triunfen “los más capaces” mediante un proceso meritocrático que se apoya en el falso supuesto de que todas y todos parten en igualdad de oportunidades. De esta manera las víctimas del sistema son señaladas como responsables de su propia desgracia.

No menos cierto es que a favor de la tesis de LLA juega en la memoria colectiva el fracaso del discurso estatista vaciado de resoluciones prácticas y efectivas para mejorar la calidad de vida de ciudadanas y ciudadanos. ¿Para qué quiero el Estado si no me mejora la vida?

No hay que perder de vista que en el aquelarre político del oficialismo ni siquiera todas y todos los que se subieron al carro de la victoria están convencidos de la necesidad de arrasar con todo lo existente. De allí los vaivenes de la gestión de gobierno y también la explicación de por qué, después de denostar de la política, Milei recurre a Guillermo Francos como jefe de gabinete, siendo éste hombre un clarísimo exponente de la “casta” a la que el Presidente desprecia.

Así como Milei viene entregando banderas en materia económica, incurriendo en el algún caso en el “gradualismo” que presuntamente había desechado, ahora también busca el auxilio de la política para salir de la encrucijada. Aunque lo haga más por necesidad que por convicción, como queda en evidencia cuando señala que si las reformas que pretende no avanzan por la vía legislativa las impondrá de igual manera. O -peor aún- cuando algunos de sus voceros sostiene que el gobierno no se va a someter a decisiones de la Justicia ni siquiera para acatar la medida de distribuir los alimentos acopiados entre la población que los necesita.

La otra cara del abandono de la gestión está dada por el fracaso técnico de la operación gubernamental: marchas y contramarchas, errores evidentes de implementación, etc. etc.. Y más de sesenta funcionarias y funcionarios que dejaron sus puestos desde la asunción presidencial: porque renunciaron o porque los echaron.

LLA llegó al gobierno de manera también imprevista para quienes integran sus filas. No hubo planes ni equipos técnicos, tampoco personas preparadas para asumir tareas político-administrativas que son complejas y requieren preparación. No se improvisan ni los funcionarios ni los técnicos del Estado. Salvo que el único propósito de estar allí sea sacar provechos personales o destruir el sistema.

Miles de empleados públicos están sin funciones asignadas, lisa y llanamente porque su tarea estaba directamente orientada a poner en acto políticas públicas que hoy son inexistentes. Perversamente aquellas personas a quienes no se le asignan tareas corren el riesgo de ser tildadas de “ñoquis” por ocupar una silla para hacer poco o prácticamente nada. Es otra cara de la crueldad.

Por el camino que va el gobierno -que sigue manteniendo el respaldo de buena parte de la ciudadanía que lo votó- se expone a implosionar desde adentro de sus propias filas con consecuencias graves para el conjunto de la sociedad.

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