Trabajadoras de la Secretaría de Género y Diversidad de la provincia, junto a representantes de ATE, acompañadas por integrantes de la mesa Ni Una Menos Santa Fe, llevaron a la secretaria del área, Alicia Tate, su preocupación por las cesantías que comenzaron a llegar desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano provincial. "La Secretaria se puso a disposición y nos pidió un informe en el que dimos cuenta que si esto sucede quedarían en toda la provincia solo 110 personas trabajando en esta Secretaría", indicó Carolina Falbo de ATE. Según lamentó, si bien la preocupación se manifestó la semana pasada cuando se anoticiaron que la provincia "busca despedir a 50 trabajadoras y trabajadores de planta permanente", las cesantías comenzaron a llegar el 3 de junio, fecha en la que se moviliza desde hace nueve años para reclamar "ni una menos". 

Según puntualizaron desde la Secretaría, serían 41 los nombramientos a revocar, de los cuales, una persona ya renunció, antes de la resolución de la comisión revisora.  Lo que se abre ahora es un reclamo político que, más allá del dictamen administrativo, logre dejar sin efecto la decisión de desvincular a una parte importante del personal del área. 

Durante las movilizaciones del 3J, en Rosario y Santa Fe, sonó fuerte el "¡no al vaciamiento!" de la Secretaría de Género y Diversidad, dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, a cargo de Victoria Tejeda. De hecho, en la Secretaría, que hasta diciembre había sido Ministerio, hubo 24 cesantías en enero pasado. 

Ahora, se trata de casos que tienen que ver con una recomendación de la comisión revisora de los pases a planta permanente que habían sido acordados en paritaria, el año pasado, incluso, con anuencia del actual gobernador. "Lo que hace el dictamen es no vinculante. O sea, podría la ministra Tejeda decir 'el dictamen sugiere, pero yo necesito estxs trabajadorxs', porque lo que hacen es necesario para la provincia. Su decisión política podría ser mantener a estxs trabajadorxs", planteó Falbo.

"La situación es complicada. En números, es un tercio de la planta de la Secretaría. Hay que sumar que son trabajadorxs que implementan las políticas públicas del área. En enero les tocó a quienes hacían capacitación de Ley Micaela y Masculinidades, y ahora está sucediendo con trabajadoras que hacen tareas de acompañamiento por violencia, a la comunidad LGBTQI+ y a organizaciones, entonces es como que la Secretaría se vacía. Toda la política pública queda sin brazo ejecutor", lamentó la sindicalista.

ATE declaró el estado de asamblea y viene "acompañando con las actuaciones administrativas y judiciales, porque (en los casos de enero) esto se está judicializando con revocatorias y recursos de amparo". Además, indicó que "el Ejecutivo está desconociendo los acuerdos paritarios que tenemos, que es una ley. Estas personas entraron por pase a planta. En el acta de marzo de 2023, se las nombra", planteó Falbo. Y remarcó que en esta situación "hay 30 personas que son del colectivo LGBT, una población vulnerable, que vuelve a serlo porque es sumamente complicado conseguir trabajo. Es hasta discriminatorio. Esto retrocede".  

En la reunión con Tate, secretaría del área, se planteó la situación que está en manos del Ministerio y el gobierno provincial. "La Secretaria se puso a disposición, nos pidió un informe en el que dimos cuenta que si esto sucede quedarían en toda la provincia 110 personas trabajando, de las cuales hay que hacer un desglose de quiénes están en territorio y quiénes en tareas administrativas. Le dimos todas las herramientas, con datos y números para la defensa de las trabajadoras y trabajadores", sostuvo la gremialista. 

Lo que se busca con la lucha es "parar esta inminente salida del decreto". En cuanto a los plazos, Falbo indicó que "tras la llegada de las notificaciones, hay cinco días para el descargo, y después el Ejecutivo estaría en condiciones de evaluar esos descargos".