En el marco de una decena de allanamientos realizados en Casilda, Rosario y Sanford, la Policía Federal desarticuló a "la banda de los contadores", que emitía facturas apócrifas para evadir impuestos con dinero que se presume proveniente del lavado. En total, cinco hombres fueron arrestados, en Casilda, como parte de la organización ilícita. Los procedimientos llegaron incluso a un estudio contable de esa localidad, donde se encontraba uno de los arrestados. Se secuestraron vehículos de alta gama, motos y dinero en efectivo.
La investigación que comenzó meses atrás, incluyó escuchas telefónicas y tareas de campo en las que se recolectó la evidencia. Ese material fue la base para que la AFIP Rosario descubra --y denuncie-- que, mediante la utilización de un IP (protocolo de Internet) particular, "diversas personas jurídicas realizaban maniobras utilizando usinas generadoras de miles de facturaciones", indicaron fuentes de la investigación.
La situación alertó la presunción de los investigadores de que, mediante una asociación ilícita, se estaban evadiendo tributos que podrían provenir del lavado de activos. Ante ello, el Ministerio Público Fiscal pidió a la PFA que realice la investigación utilizando los medios tecnológicos necesarios. Se realizaron escuchas telefónicas y distintas tareas de campo que dieron como resultado 10 allanamientos en las ciudades de Rosario, Casilda y Sanford, que incluyeron inmuebles, empresas y estudios contables.
En ese marco, quedaron detenidos cinco hombres. Según se pudo determinar, la organización delictiva estaba compuesta por una serie de contribuyentes emisores de facturas apócrifas que compartían una dirección IP, que arrojó un total de 112 usinas, al inicio de la investigación.
Algunas de las maniobras consistían en que, a pesar de que las empresas no existían, operaban ilícitamente inscribiéndose en la AFIP para generar comprobantes de ventas falsas, que luego comercializaban. Los terceros adquirientes utilizaban estas facturas para justificar gastos, reduciendo indebidamente los impuestos que ingresan a las arcas del Estado, se indicó desde la PFA.
Según trascendió,muchas víctimas fueron personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, cuyos datos personales era utilizados en las maniobras.
En total, durante el operativo se secuestraron 2.363.700 pesos, dos motos, tres autos marca Peugeot, Audi y una camioneta pickup Ford, pendrives; un disco rígido, dos chips de teléfonos celulares, una tablet, cinco notebooks; una CPU, 15 celulares, tres computadoras de escritorio y documentación de interés para la causa.
En la investigación, intervinieron el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque, secretaría 1 a cargo de María Victoria Gastellu; la Fiscalía Federal N° 3 de Rosario, a cargo de Javier Matías Arzubi Calvo, secretaría de Virginia Sosa.
