Finalmente ha podido conocerse la reforma laboral del Poder Ejecutivo, cuyo alcance y contenido, por obvias razones advertimos ahora, fue puesto a resguardo del gran público antes de las elecciones de octubre. Las medidas propuestas suponen una revisión integral del régimen de relaciones del trabajo vigente y, pese a su pretendida vocación modernista, echan por tierra buena parte de los avances operados en materia social en el último siglo. Desde una matriz ideológica común, el proyecto se presenta como la línea de continuidad de las reformas implementadas en la última dictadura y en la década del ‘90, y persigue, sin disimulo, la maximización de la rentabilidad empresaria a costa del desbaratamiento de los derechos de los trabajadores.

La propuesta promueve: 1, la baja en las indemnizaciones por despido; 2, la eliminación del pago de horas extras a través de un banco de horas que permite promediar jornadas; 3, la reedición de los contratos basura; 4, la creación de nuevas categorías de trabajadores marginados de la aplicación íntegra de la ley laboral; 5, la eliminación o limitación de la responsabilidad de las grandes empresas que tercerizan actividades; 6, la reducción de aportes y contribuciones patronales; 7, la imposibilidad de solicitar judicialmente el restablecimiento de las condiciones de trabajo que hubieran sido objeto de una modificación ilegal; 8, la reducción de las multas por empleo en negro y la sustitución, como destinatario en la percepción de las mismas, del trabajador por la Anses; 9, la condonación, para los empleadores que se acojan al régimen, de las deudas a la seguridad social, la extinción de las acciones penales por violación a la ley penal tributaria y la baja del registro público por sanciones laborales. 

El panorama se complementa con la habilitación, vía negociación colectiva,  de un Fondo de Cese Laboral, solventado con el aporte de los empleadores (léase financiado indirectamente por los trabajadores mediante la reducción del salario) y destinado a cubrir las indemnizaciones ante un despido sin causa. El mecanismo ideado, que viene a materializar un viejo anhelo patronal, en donde el costo del despido se reduce al valor de la carta documento que lo comunica, resulta violatorio de la protección constitucional contra el despido arbitrario, y se constituye como mecanismo tendiente a obtener la total sumisión de la fuerza laboral. 

En la misma línea, se busca otorgar validez a ‘acuerdos’ en los que el empleado renuncia a los mejores derechos provenientes de su contrato de trabajo individual, como sería el caso de una rebaja salarial en la proporción en que supera al sueldo mínimo de convenio, y se propugna la reducción del plazo de prescripción a 1 año, con su doble efecto: de un lado disminuye el tiempo en que el trabajador puede reclamar judicialmente, y de otro reduce el monto de las sumas que le son debidas. 

En el esquema propuesto por el Gobierno, un trabajador al que, por caso, no le han abonado las horas extras realizadas en los últimos 5 años, podrá perseguir el cobro de las sumas impagas correspondientes únicamente a los 12 meses anteriores a su reclamo. Adicionalmente, el proyecto busca modificar el régimen de actualización de créditos utilizado en la Justicia, de manera que por efecto de la inflación, lo que se le adeuda se irá desvalorizando a la espera de una sentencia judicial. 

No obstante la complejidad del cuadro de situación descripto, es de esperar que la propuesta del Gobierno no llegue a la instancia legislativa tal como ha sido concebida por sus mentores y, en esa senda, es fundamental la acción coordinada entre los distintos actores sociales vinculados al mundo del trabajo y a la defensa de los intereses de los sectores populares.

A modo de cierre vale insistir, hoy como ayer, que es absolutamente falso que la destrucción de los derechos laborales tenga incidencia en la creación de empleo y menos aún de calidad. La experiencia nacional de los años ´90 es sumamente ilustrativa: la pérdida de derechos de los trabajadores, conjugada con políticas que los expulsan de las fábricas y comercios, tiene un único efecto constatable: millones de compatriotas sumidos en la pobreza e indigencia.

* Miembro de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio.