La Policía Federal de Brasil detuvo este jueves a más de 40 fugitivos involucrados en la tentativa de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 contra el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por incumplir las medidas cautelares que se les habían impuesto inicialmente.
Los arrestos se enmarcan en la operación policial "Lesa Patria", dirigida contra más de 200 de investigados y condenados vinculados con la invasión de las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia de Brasil, y considerados prófugos de la Justicia. Entre los incumplimientos de medidas, según la policía, se encuentran: violación de una tobillera electrónica; cambio de domicilio sin comunicación; y no comparecer ante el tribunal.
Por el momento, las autoridades solamente pudieron localizar a 45 investigados, capturados en los estados de Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahía, Paraná y en Brasilia, informó Agência Brasil. En un comunicado, la Policía Federal señaló: "Continuamos realizando gestiones para localizar y capturar a otros 163 condenados o investigados considerados prófugos”. Y añadió: “Más de 200 acusados incumplieron deliberadamente las medidas cautelares judiciales o incluso huyeron a otros países, con el objetivo de evitar la aplicación del derecho penal”.
Todas las órdenes de detención fueron firmadas por el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. Los objetivos del operativo son acusados de los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación para delinquir, instigación al delito, destrucción y deterioro o destrucción de bienes especialmente protegidos.
Prófugos en Argentina
Los investigadores indican que uno de los principales destinos de las huidas fue Argentina, donde habría más de 60 personas, remarcó el portal de noticias G1. Las decenas de detenciones de este jueves, se produjeron una semana después de que los diputados federales de derecha Eduardo Bolsonaro, Júlia Zanatta, Marcel Van Hattem y Rodrigo Valadares participaran en un acto organizado por La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso de la Nación, donde pidieron asilo político en el país a los brasileños acusados de estar involucrados en la asonada golpista producida en contra de los resultados de las elecciones, en las que Lula da Silva logró hacerse con su tercer mandato.
"Son personas que tienen opiniones contra la delincuencia. Especialmente en política, y hoy en Brasil son condenados a pasar años de prisión. Por eso estamos aquí en el Congreso argentino pidiendo ayuda al gobierno para que esta gente pueda vivir en libertad", defendió Van Hattem en una entrevista.
De acuerdo a O Globo, entre los posibles prófugos en Argentina se destacan seis. Es el caso del músico Ângelo Sotero, de 59 años, condenado en noviembre a 15 años y seis meses de prisión por intento de golpe de Estado y asociación para delinquir por el pleno del STF. Según su abogado, Hemerson Barbosa, Sotero llegó en abril al país, tras romperse la tobillera que llevaba.
También habría huido a la Argentina el corredor Gilberto Ackermann, de 50 años, quien fue condenado a 15 años de prisión; Raquel de Souza Lopes, de 51 años, quien fue condenada a 16 años y seis meses de prisión; el empresario Luiz Fernandes Venâncio, de 50 años, que aún no fue juzgado; Rosana Maciel Gomes, de 50 años, condenada a 14 años de prisión; y el albañil Daniel Luciano Bressan, de 37 años. Alethea Verusca Soares, de 49 años, quien fue condenada a 17 años de prisión, habría huido a Uruguay, dejando Santana do Livramento, en Rio Grande do Sul, y luego se habría dirigido a Argentina.
El avance de las investigaciones
En las investigaciones por el intento de golpe también está involucrado el exmandatario Jair Bolsonaro. Una de las declaraciones que más resaltaron en los últimos meses se encuentran la de los antiguos comandantes del Ejército y la Aeronáutica, quienes acusaron a Bolsonaro de orquestar la asonada y confesaron que buscó convencerlos para que se embarcaran en su aventura autoritaria.
El Supremo le impuso medidas cautelares al expresidente. El pasado 8 de febrero le confiscó el pasaporte, le impidió abandonar el país y le prohibió entrar en contacto con otros investigados. Bolsonaro ya fue citado a declarar, si bien optó por guardar silencio y dejó en manos de su defensa la declaración ante los medios en la que negaba que existiera cualquier tipo de trama.
