La decisión del Gobierno de aplicar un impuesto interno de 10 por ciento a vinos y espumantes continúa generando cortocircuitos entre funcionarios nacionales, gobernadores y productores. Desde el oficialismo dejaron trascender que podrían dar marcha con esa medida, aunque no confirmaron si sólo reducirían la alícuota prevista o directamente continuarían exentos de ese gravamen. Esta semana habrá una reunión con gobernadores y bodegueros. 

“Nos están dejando fuera de la discusión. Puede haber alguna concesión con el vino, pero va a ser difícil que el Gobierno lo deje en cero. Tal vez reduzca algunos puntos la alícuota”, aseguró un directivo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Desde la entidad critican el tratamiento impositivo diferencial que aplican grandes corporaciones que monopolizan el mercado de gaseosas endulzadas artificialmente y aguas mineralizadas. 

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó la semana pasada un paquete de reforma de tributaria que contempla elevar del actual 20 por ciento al 29 la alícuota para bebidas blancas y del 8 al 17 para cervezas. Por su parte, a vinos y sidras, actualmente exentos, se aplicaría una alícuota de 10 por ciento y para espumosos y champañas (que están en las mismas condiciones de excepción), un gravamen de 17. Estos últimos productos fueron catalogados por el gobierno, junto a gaseosas y jugos azucarados, como perjudiciales para la salud, con lo que justifican el aumento de la carga impositiva sobre estos sectores productivos.

Las reformas propuestas por el gobierno generaron fuertes críticas por parte de productores regionales afectados por la medida, principalmente bodegueros y azucareros. Los productores vitivinícolas no sólo alertaron acerca del impacto negativo que genera este gravamen en la actividad sino también sobre considerar al vino un producto no saludable que merezca ser penalizado impositivamente. 

En 2013 el Congreso aprobó la ley 26.870 que declara al vino argentino como bebida nacional. Desde su promulgación se pensó que el impacto de la misma representaba beneficios directos al producto como así también beneficios indirectos a toda la cadena de la industria: se realizaron distintos programas de promoción y difusión para estimular la producción, elaboración y consumo de vino argentino y sus tradiciones. “Es por esto que creemos fundamental que para el desarrollo de las economías regionales este tipo de iniciativas se vean acompañadas por el Estado Nacional dentro de su política tributaria”, agrega el proyecto del diputado mendocina Guillermo Carmona (FpV), presentado la semana pasada, que pretende sumar a los espumantes como exentos de la Ley 24.674 de Impuestos Internos. 

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se reunirá mañana con Dujovne para presentar su posición y la de los productores de su provincia sobre el impuesto al vino. “El Gobierno insiste con que en casi todo el mundo se aplican alícuotas a las bebidas con alcohol, con lo cual parece difícil que se dé marcha atrás con la decisión y se deje completamente sin efecto la alícuota, principalmente a los espumantes. Tal vez con el vino se pude conseguir una rebaja”, aseguró a este diario una fuente del INV. Cuando comenzaron las quejas de los productores, desde el Palacio de Hacienda hicieron circular un mapa donde la mayoría de los países estaban pintados de rojo, indicando con ese color donde el vino tributa impuestos. Desde el Gobierno ahora dejaron trascender como señal de acercamiento que podría haber concesiones con el vino. 

Los productores de economías regionales también apuntan contra el Gobierno por una política clara de favorecer a multinacionales. La decisión de aumentar las alícuotas para bebidas azucaradas naturalmente, frente a la excepción para las artificialmente endulzadas va en desmedro de las producciones regionales. Esto se debe a que se estaba trabajando en un proyecto de los diputados Carmona y Luis Basterra para favorecer la edulcoración con jugos naturales de bebidas no alcohólicas, penalizando impositivamente al jarabe de maíz de alta fructosa, como hacen México, Chile, Estados Unidos, Canadá y Francia. Sin embargo, la idea de eximir a bebidas edulcoradas artificialmente y a las aguas minerales sólo beneficia a las cuatro empresas que detentan más del 80 por ciento del mercado (Coca Cola, Pepsi, Danone y Nestlé).