La Cámara Nacional Electoral (CNE) convocó este jueves a la jueza María Romilda Servini para tratar la situación planteada a raíz de los miles de despidos y retiros voluntarios producidos en el Correo Argentino. Como se sabe, el Correo es clave en los operativos electorales, al punto que se utilizan 16.000 vehículos de esa empresa estatal, un enorme equipo que tiene experiencia en todo el operativo y participa gran parte del personal. “Si las elecciones fueran hoy, no se podrían hacer, porque el Correo es el 70 por ciento del proceso y se fue toda la gente histórica”, evalúan los jueces electorales.

La cuestión fue revelada en forma exclusiva por Página/12 el domingo y el gobernador Axel Kicillof hizo una alerta pública el lunes mismo: "las elecciones del año que viene no están garantizadas". También planteó su preocupación el juez electoral de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla. Al atardecer de este jueves, el Correo Argentino emitió un comunicado oficial afirmando que “existen garantías absolutas que se cumplirá con las tareas que le corresponden a los futuros actos electorales”, pero lo cierto es que la situación plantea enormes dudas.

Los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, integrantes de la Cámara, intercambiaron opiniones con Servini, que es la jueza electoral, y tras el encuentro publicaron un comunicado con dos resoluciones concretas:

  1. ”Se requirió a la Dirección de Servicios Electorales del Correo que informe sobre el impacto de la reestructuración en la organización de la logística de los procesos electorales”.
  2. ”Se convocó a la Comisión de Gestión de la justicia nacional electoral, integrada por jueces y secretario de todo el país para que compartan impresiones sobre la situación en las respectivas jurisdicciones”.

El orgullo de despedir 5 mil personas

El Correo tenía unos 16.000 empleados. Entre los despidos y los retiros voluntarios ya suman 5.000, pero se dice que el recorte afectará a 7.000, quedando sólo una planta de 9.000.  El Correo niega esas cifras, dice que tiene actualmente 13.600 empleados, pero resulta curioso que mencione esa cifra porque recientemente el gobierno se enorgullecía de que los despidos y retiros totalizan 5.000. Es más, fue público el cierre de oficinas porque no quedó ni un sólo empleado. Según las versiones recogidas por este diario, quedaron fuera del Correo todos los jerárquicos con experiencia en materia electoral, lo que pone en riesgo la capacidad de organización de comicios. 

El Correo lleva las 110.000 urnas a los 17.000 locales de votación, algunos en lugares remotos a los que sólo se llega en mulas o en lanchas. No sólo hay que llevar las urnas, sino las boletas de cada uno de los partidos, las planillas y todo el material que se necesita. El año pasado se utilizaron hasta biombos, para posibilitar distintas votaciones en el mismo cuarto oscuro. El Correo es también quien organiza los telegramas en los que se vuelcan los resultados y luego se procesan la misma noche de los comicios. Finalmente, hace todo el operativo de retirar las urnas y llevarlas a los lugares donde se realiza el escrutinio definitivo. Todo eso, realizado de manera eficiente desde 1983, es lo que justifica que el Correo se lleve el 70 por ciento del presupuesto de cada elección.

El Correo Oficial, por ley

Hay un detalle adicional: la ley establece concretamente que es el Correo Oficial, o sea la empresa de bandera, la que debe realizar todas las operaciones. La ley no prevé un proceso de privatización del proceso, sólo de algunas partes -el software de procesamiento de datos, por ejemplo- que es contratado por el Correo. 

El comunicado emitido por el Correo en la tarde del jueves indica que “el Correo tiene 13.600 empleados  y la celebración de las elecciones involucra a 76.000 personas. El Correo contrata personal eventual”. En otras palabras, lo que sugiere es que a esos ex empleados que se fueron, donde la clave son los técnicos, los podrían contratar para las elecciones. Como es obvio, es una hipótesis sin posibilidad de comprobación. 

Existe otro ingrediente que mencionan los jueces electorales de todo el país. No sólo ven que se fueron los jerárquicos que conocen el proceso electoral, sino que se están cerrando muchas oficinas del Correo, lo que también plantea cuestiones de logística como el lugar donde se van a dejar las urnas. La sensación es que sólo importa reducir el presupuesto, sin planificación alguna: no se evalúa quién se va y cómo impacta en el futuro. En ese marco, la realidad es que el Correo es deficitario, pero tiene una única actividad superavitaria: las elecciones. Reduciendo sin ton ni son, como sucede en toda la gestión de Javier Milei, no sólo se maneja de manera deshumanizada, sino también ineficiente.

La preocupación en la justicia electoral se funda también en otro dato de la realidad: el gobierno de Javier Milei no cumple con el presupuesto y posiblemente se lance a hacer recortes que impedirán la operatoria. Un ejemplo, es que todavía no se libraron los fondos para pagar los gastos del debate Milei-Sergio Massa del año pasado.