La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y la empresa de fiscalización y gestión Reservin, inspeccionaron las citrícolas del Grupo Anta del Plata y de José María Albor, en Metán, donde encontraron serias irregularidades laborales. Había un 80% de trabajadores y trabajadoras sin registrar, en su mayoría de la cosecha, y tampoco se les garantizan condiciones de higiene y seguridad.
Las inspecciones se realizaron con la participación del secretario general de UATRE, Julián Godoy, de la seccional de Metán, con la asistencia del delegado normalizador provincial, Daniel Sebastián Cáceres, y la colaboración del secretario general de Orán, Julio Nieva.
El 4 de junio se realizaron inspecciones en la empresa Grupo Anta del Plata en la localidad de San José de Metan, "hemos relevado más de 160 trabajadores" no registrados, "pero había más", dijo Cáceres a Salta/12.
Un parte de prensa del sindicato recalcó que lograron "visibilizar irregularidades por parte de las tercerizadoras que realizan servicio a la empresa" y que están incumplimiendo las leyes, normas y el convenio colectivo de trabajo. Fue notoria "la falta de registración, el 80% en negro, falta de pago de los salarios establecidos", tampoco se realiza la "entrega de ropa de trabajo y elementos de seguridad", advirtió.
Este 5 de junio, la fiscalización fue en la finca Esteco, del productor José Maria Albor, y que se encuentra sobre la ruta 9, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Metán. Allí encontraron a 120 trabajadores y trabajadoras sin registrar.
Cáceres destacó que las empresas tercerizan la cosecha y en ambas encontraron el mismo procedimiento, "falta de blanqueo de trabajadores y falta de pagos del convenio colectivo de trabajo". Respecto al jornal, "lo no remunerativo no se les paga", aseguró. Las responsables de esta explotación laboral son las tercerizadas Agro Sume SAS y Cuatro Vientos SA, ambas llevan trabajadores a Anta del Plata.
Mientras que las firmas Cuatro Vientos y Lincoln SRL son las tercerizadas que trabajan con la empresa de José María Albor. Todas estas tercerizadas son de la provincia de Tucumán.
Cáceres señaló que tanto las empresas tercerizadas como las productoras en carácter solidario "son las responsables de la situación en que se encuentran los trabajadores". "Lo que hacemos es notificar a estas empresas, de la irregularidad y exigirles que se pongan a derecho", destacó.
La no registración impide el acceso al cobro del subsidio intercosecha y a la seguridad social, como al fondo de desempleo. Las empresas tampoco garantizan condiciones de seguridad e higiene porque se detectó que no entregan elementos básicos como ropa de trabajo y guantes. Cuando les dan elementos de trabajo hay casos en que "les cobran", o descuentan si se rompen, dijo Cáceres. Asimismo, los trabajadores y trabajadoras "carecen de provisión de agua y de sanitarios".
Respecto al origen de los trabajadores y las trabajadoras, Cáceres indicó que son de las localidades cercanas del sur provincial: El Galpón, Metán, Rosario de la Frontera, Río Piedras. En Anta del Plata también encontraron gente de Nueva Esperanza, Santiago del Estero. En todos los casos, las empresas realizan los traslados diarios.
Los pagos por la cosecha siguen siendo paupérrimos. Cáceres indicó que por maleta llenada a mano, que es para la industria, se está pagando $350, mientras que por la cortada a tijera, que se destina a la exportación, $550. En promedio, cada trabajador hace "30 maletas por día", detalló.
También hay trabajadores que cobran por jornal, pero no son los cosecheros. Cáceres indicó que sería el caso de "los ficheros". A partir del 1 de junio, se fijó el jornal en $12.760 más el no remunerativo de $7.715, lo que equivale a un total de $20.475, según la nueva escala salarial. Sin embargo, en estos casos, el sindicalista aseveró que las empresas tampoco están pagando el ítem no remunerativo.
El secretario general de Orán, Julio Nieva, dijo a Salta/12 que acompañó estas inspecciones, "visibilizando los problemas que aquejan a la provincia de Salta". Destacó que hay gente nueva del sindicato en la seccional Metán. Indicó que "se fue" el exdelegado de Salta de la UATRE, y secretario general de la seccional Metán, Juan Carlos Domínguez, sobre el que había muchas quejas por su inacción ante la situación de los cosecheros del limón en la zona. "Estos problemas ya se deberían haber solucionado hace bastante tiempo", consideró.
En este contexto, Nieva señaló que las empresas citrícolas y las tercerizadas "generan mucho dinero, no sólo en la provincia de Salta. Tucumán es el exportador número 1 en cítricos". Asimismo, destacó que hace años la actividad "tiene aporte cero a la exportación. No paga impuestos, por lo tanto, generan ingresos importantes". Pese a ello, tienen trabajadores en condiciones irregulares y les pagan "migajas". "El cosechero es el que más trabaja y el que menos se está llevando", recalcó. "El 80% de toda la gente que relevamos está en negro, no tiene recibo de sueldo", ratificó.
Tanto Nieva como Cáceres indicaron que también vienen relevando una situación grave en las fincas de hortalizas, en los departamentos Anta, Orán y San Martín, donde están pagando "sueldos magros", "jornales de $7 mil pesos". Además, aseveraron que hay empresas no registradas. Por ello, hace dos semanas pidieron una audiencia con el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de Los Ríos, para tratar estos temas y están esperando una respuesta.
Cáceres también expresó preocupación por la Ley Bases que propone el presidente Javier Milei, consideró que va a generar "un grave perjuicio" en caso de implementarse, porque "perjudica al trabajador y a su familia".
