El Ministerio de la Igualdad y la Equidad fue una de las propuestas centrales de campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez, que se sustentaba en la necesidad de que las poblaciones históricamente excluidas, marginadas, discriminadas y violentadas en la nación colombiana tuvieran un espacio en la institucionalidad desde el que se materializarán políticas publicas para garantizar sus derechos y reducir la creciente brecha de desigualdad en este país.
Esa cartera, desde antes de constituirse legalmente ya tenía una férrea oposición por parte de los sectores que se han hecho poderosos a partir de la existencia de amplias capas sociales empobrecidas. Así como aquí la guerra justifica buena parte de los discursos políticos de la derecha; la pobreza y la desigualdad hacen lo propio con un importante grupúsculo de la élite colombiana que han ascendido propiciando la indignidad de millones de colombianos.
Empero lo anterior, la coalición de Gobierno en el Congreso mientras estuvo alineada con el presidente de la República durante el primer año del cuatrienio aprobó la ley que creaba a Ministerio de la Igualdad y la Equidad. La expectativa popular era grande, pues por primera vez, varias de las poblaciones de especial protección constitucional tendrían un sector del Estado que atendería sus demandas.
Los ataques que siempre existieron se recrudecieron. Un ambicioso ministerio que trabajaría por impactar la desigualdad, en cabeza de una mujer negra con vocación de poder y en el cuatrienio del primer presidente de izquierda eran suficientes motivos para que hubiera un plan desinstitucionalizador por parte de los defensores y benefactores del inequitativo statu quo colombiano.
Ese plan de ataque ha sido permanente. En él se conjugaron la acción política, las estrategias desinformadoras desde lo mediático y hasta los intentos paralizadores desde el poder parlamentario y el judicial. Y sin duda alguna, funcionarios del propio Gobierno parecieran cohonestar con la arremetida contra el Ministerio de la Igualdad, lo anterior, porque su intención es bloquear el avance político de la vicepresidenta.
Estructurar el ministerio con sus proyectos, programas de inversión y el nombramiento de sus funcionarios ha sido una misión que no ha avanzado con la velocidad que se requeriría para dejar un legado importante de igualdad y equidad. A más de un año de la expedición de la ley que creó esta cartera, las trabas burocráticas y la ralentización de los procesos de montaje institucional al interior del mismo Gobierno han paralizado la inversión y han alimentado acciones desde la oposición para atacar esta importante iniciativa.
Hay muchos de todas las orillas y sectores políticos interesados en que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad no se consolide; pues interpretan el éxito de sus políticas, como el de Francia Márquez. Su racismo concomitante con su mezquino proyecto electoral han contribuido a obstaculizar la acción institucional de la ministra.
A lo anterior, se suma el fallo sin precedentes de la Corte Constitucional que tumba por vicios de tramite la ley que creó el Ministerio de la Igualdad y la Equidad a partir del 20 de julio de 2026; condicionando la continuidad de la cartera en el próximo cuatrienio presidencial a la presentación de una iniciativa legislativa que resuelva los errores. Esta definición, afectará negativamente la asignación de recursos en la siguiente vigencia y la proyección de los programas que impactan la garantía de derechos de las poblaciones mas vulnerables.
Entretanto, un eventual fracaso del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, no sería el de Francia Márquez, sino el de una sociedad que continuará adoleciendo de espacios institucionales para generar igualdad en una de las sociedades mas inequitativas del planeta.
*Abogado y Magíster en Educación. Coordinador del Equipo de Trabajo de Medellín en el Proceso de Comunidades Negras (PCN). Colombia.
Publicado originalmente en www.diaspora.com.co
