La Cámara de Diputados volverá a sesionar mañana en una sesión especial donde convertiría en ley la prórroga por 4 años de la ley suspende los desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas, lo mismo que la ley de responsabilidad penal empresaria donde la alianza oficialista Cambiemos aceptaría las modificaciones que introdujo el Senado. En la convocatoria también figura la aprobación de 4 integrantes del Comité Contra la Tortura (3 por las ONGs y el representante del Ejecutivo), mientras por la mañana está convocada la bicameral de la Defensoría del Pueblo donde se propondrán los nombres de los 6 representantes del Congreso en el Comité y la terna de candidatos para el puesto vacante de Defensor del Pueblo de la Nación. La agitada jornada legislativa también tendrá la convocatoria de juristas, personalidades de organismos defensores de los derechos humanos y la cultura en defensa del “estado de derecho” ante el peligro que corren “las reglas básicas de nuestra convivencia plural”.

El primer punto del temario será la prórroga hasta 2021 de la Ley 26.160 de emergencia de la propiedad comunitaria indígena que vence el 23 de noviembre próximo, que prohíbe los desalojos hasta tanto se termine el relevamiento catastral del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), aun incompleto. Con amplio consenso, los diputados convertirían en ley la prórroga que el Senado sancionó antes de las elecciones de octubre.

Otros de los ejes de la convocatoria será la ley de responsabilidad penal empresaria, que hoy recibiría dictamen favorable en un plenario de comisiones donde el oficialismo aceptaría las modificaciones de Senado, como la eliminación de la declaración de imprescriptibilidad de esos delitos económicos, así como su retroactividad.     

La nueva ley penalizará a las personas jurídicas que cometan los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y falsificación de balances. La acción penal prescribirá a los seis años de la comisión del delito y la empresa podrá suscribir “acuerdos de colaboración eficaz” con la Justicia para brindar información a cambio de la reducción de ese castigo.

También convalidaría a los 3 representantes de las ONGs y del Ejecutivo en el Comité Contra la Tortura consensuados en la bicameral de la Defensoría del Pueblo y aprobados por el Senado: Gustavo Federico Palmieri del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), María Josefina Ignacio de la Asociación Pensamiento Penal (APP) y Diego Jorge Lavado de la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek). Por el Gobierno lo hará Alberto José Lucchetti, que proviene de Justicia porteña.

Para el mismo día está citada la bicameral de la Defensoría del Pueblo, donde se darían los nombres de los 6 representantes congreso ante el Comité de la Tortura. Allí también se presentará la terna de candidatos para la defensoría del Pueblo de la Nación, vacante desde abril de 2009. La última lista, consensuada tras la renuncia a su postulación del senador Juan Manuel Abal Medina (propuesta por la bancada de senadores del FpV-PJ), quedó conformada por estos nombres: el ex diputado peronista por Córdoba Humberto Roggero; el actual Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor; y el ex duhaldista y actual diputado bonaerense del massismo Jorge Sarghini. 

El Congreso también será escenario de una presentación pública para defender el estado de derecho. “La República cruje, la democracia y el pluralismo ideológico están en peligro, los límites al poder se borran, no es momento de discutir preeminencias ni de hacer especulaciones”, dice el primer párrafo de la convocatoria que firman, entre otros, Estela de Carlotto, Raúl Zaffaroni, Horacio González, Mempo Giardinelli, Susana Rinaldi y Cristina Banegas.