Entre las tantas frases que usó Javier Milei en defensa de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dijo que es su "espada contra la corrupción", que "está sacando a luz lo peor de la corrupción política política" y otras por el estilo. Todo hace pensar que el fiscal Franco Picardi no tiene la misma impresión: en un dictamen en el que pidió desestimar una denuncia de la ministra favorita del Presidente, que decía estar basado en una de sus famosas auditorías o investigaciones, quedó a la vista que tal cosa no existió sino que la cartera presentó "un confuso copy & paste" de un informe previo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que había hecho simples "observaciones" que, además, ese organismo había considerado finalmente "subsanadas". ¿A qué apuntaba la acusación de Pettovello? A señalar presuntos desvíos de dinero destinados a centros de primera infancia, que no fue rendido.
Picardi reprendió a Pettovello con algunas recomendaciones: "El derecho penal sólo debe ser aplicado a la gestión de los conflictos sociales que no hayan podido ser resueltos bajo otras herramientas menos agresivas y violentas del Estado, o cuando no se encontraran herramientas legales alternativas de posible aplicación, circunstancias tales que no se observan en el caso estudiado. El incumplimiento de estas premisas generaría un riesgo de expansión punitiva indeseado en el marco de una democracia constitucional".
En el caso en danza fue taxativo en que no existió ningún delito, pese a que la denuncia pretendía endilgarle defraudación al Estado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad a funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) entre el 1 de enero de 2018 hasta el 10 de diciembre de 2023 (gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández).
"Se advierte que la denuncia ha sido sesgada y solo ha recogido una porción recortada de toda la información y documentación con la que contaba el Ministerio de Capital Humano", advirtió Picardi. La presentación que había hecho Pettovello al inicio de su gestión, junto con los abogados que esta semana fueron a la Cámara Federal a insistir en no entregar los alimentos acopiados --Leila Gianni y Ariel Romano, y un ex funcionario-- decía que en base a “gestiones, auditorías e investigaciones en torno a erogaciones y acciones realizadas por el exministerio de Desarrollo Social", detectaron "desembolsos sin control, sin rendición de cuentas y en forma irregular" como parte del programa de Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia y las Acciones Federales para el Desarrollo de la Primera Infancia.
Sorpresas te da la vida
Picardi analizó punto por punto de la denuncia y se fue llevando sorpresas. Los subsidios a los que se refería eran parte de un Plan Nacional de Primera Infancia para asistir a centros que trabajan con niños y niñas desde los 45 días hasta los cuatro años.
- Capital Humano no especificó de donde sacaba la información sobre el tema. Solo hizo gala de sus supuestas investigaciones internas. Picardi pidió todos los expedientes y la supuesta auditoría y ahí olfateó algo raro. Advirtió que habían usado informes de la Sigen, algo que tuvo que admitir uno de los abogados.
- La Sigen había hecho un muestreo de 37 expedientes sobre la misma cantidad de subsidios entre los miles de centros de primera infancia de todo el país. De ese total, el organismo de control interno del Estado hizo observaciones respecto de ocho, pero no aconsejó ninguna denuncia penal sino corregir algunas situaciones (rendiciones atrasadas, documentación equivocada, entre otras cosas).
- El fiscal marcó que la imputación que pretendía Pettovello "no solo adolece de defectos o errores materiales y formales, sino que también contiene información parcial y segmentada de los casos analizados". "En ese sentido --dice el dictamen al que accedió Página/12-- comenzamos advirtiendo que en la denuncia se mencionaron 14 hechos distintos presuntamente delictivos cuando, en realidad, terminaron siendo 10 hechos por supuestas irregularidades advertidas en 8 expedientes administrativos", del muestreo de 37. A cuento de esto agrega que ahí es donde aparece "un confuso copy & paste dejando en evidencia que se trató de una deficiente labor realizada para la confección de una denuncia penal".
- *Capital Humano omitió uno de los últimos informes de la Sigen que decía “…se ha verificado la implementación, por parte del Programa, de medidas correctivas a fin de subsanar diversas observaciones formuladas en anteriores informes de auditoría que permanecían pendientes...", y solo hace unos señalamientos menores. "Nada se dijo (en la denuncia) sobre las soluciones incorporadas", sostuvo Picardi.
El discurso estigmatizante
La pátina que caracteriza a este caso puntal que apuntaba a dar a entender que había anomalías o corrupción vinculada con subsidios a los centros de primera infancia, sigue la misma línea que otras, como la que intenta instalar que los comedores y merenderos populares son en su mayoría truchos y que las organizaciones sociales le roban a los pobres. Nadie niega que puedan existir situaciones puntuales, pero de ninguna manera se puede generalizar. Lo interesante del dictamen de Picardi es que desnuda cómo desde Capital Humano forzaron una denuncia por una cuestión inexistente, solo con el aparente fin de colaborar con la estigmatización y la confusión. Con la finalidad de recortar subsidios con el discurso del achicamiento del Estado y, en este caso en particular, con el riesgo de privar a pibes y pibas en situación de vulnerabilidad de la contención que les brindan estos lugares que les mejoran la vida.
"Los casos traídos a estudio no denotan un derrotero de recursos estatales entregados injustificadamente, sino que se trata de supuestos en los cuales existieron, si se quiere, deficiencias en la tramitación de los expedientes o errores en las presentaciones realizadas por los entes que recibieron la ayuda, y las consecuentes decisiones adoptadas por la SENNAF fueron acertadas y fundamentadas", remarca el dictamen que deberá considerar el juez Ariel Lijo. Aunque cuando un fiscal desestima iniciar la acción penal, se espera que el juez haga lo mismo.
El texto es contundente: "Los hechos denunciados, tal y como han sido ventilados, no resultan constitutivos del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, ni del delito de defraudación contra la administración pública, así como tampoco de otro tipo penal (...) del pormenorizado análisis realizado no se desprende, siquiera en forma indiciaria, que los funcionarios denunciados hayan realizado conductas dirigidas al desfalco de las arcas del Estado en beneficio propio o de terceros mediante ardides o engaños, así como tampoco existen sospechas de que hayan administrado fraudulentamente los fondos asignados al programa".
Entonces insiste que hay que "mantener al derecho penal como última opción de intervención y de carácter excepcional". Acá solo se trataba, remarcó, de "hechos menores" o "faltas administrativas insignificantes" para colmo revertidos. "En algunos de los puntos analizados se advierte que las cuestiones de hecho denunciadas habían sido debidamente subsanadas en el marco de la propia auditoría; sin embargo, se ventilaron para realizar la denuncia solo las partes relacionadas a los cuestionamientos, pero nada se dijo sobre las soluciones incorporadas con posterioridad", sostuvo Picardi. En otras palabras, fue una típica causa armada. En este caso, con nada.
