Ahora que regresó a la agenda pública de la ciudad el traslado de la vieja Unidad Penitenciaria n° 3 –la cárcel de Zeballos al 2900–, de la mano del oficialismo en el Concejo Municipal, otra mirada en la oposición reedita una idea que pone en debate cómo debe continuar la renovación edilicia, la oferta habitacional de Rosario.

Los bloques Ciudad Futura y Justicia Social reingresaron al circuito de comisiones del parlamento local dos proyectos de ordenanza. Uno de ellos apunta a declarar "de interés social" la urbanización de la manzana que hasta hoy ocupa "La Redonda", como se conoce la penitenciaría, entre Zeballos, Suipacha, Montevideo y Richieri. Y que la Municipalidad encomiende en convenio con la Provincia que conserve ese espacio como propiedad estatal una vez que la cárcel haya sido relocalizada.

El proyecto siguiente le da destino y forma a esa manzana una vez que quede vacante: crear el "parque de vivienda pública en alquiler", de manera que el locador sea el Estado municipal y alquile esas unidades a un valor por debajo de lo que impone el mercado inmobiliario en esa zona. El propósito es brindar una posibilidad de acceso a la vivienda a sectores que están excluidos del mercado.

El contexto es la falta de acceso popular a viviendas de calidad, ya no para compra, también para alquiler. Si bien, según los corredores inmobiliarios, la oferta empezó a levantar, la relación entre viviendas puestas a la venta y viviendas para alquilar es de 50 a 1, sin contar además las condiciones que deben reunir los inquilinos para acceder y transitar los contratos, ahora sin Ley de Alquileres.

"Este proyecto surgió en respuesta a la voluntad del entonces gobernador (Miguel) Lifschitz de vender por ley esa manzana al sector privado para desarrollar un proyecto inmobiliario", señaló a Rosario/12 el concejal Juan Monteverde (CF). El socialista había presentado este proyecto de ley en el ocaso de su mandato, y ahora su hijo Federico como concejal retomó el tema y con el vínculo político directo que tiene con el actual gobernador Maximiliano Pullaro. Lo acompañan en la iniciativa dos del socialismo: Alicia Pino y Manuel Sciutto.

"Pero sería el Estado haciendo un mal negocio, porque desprenderse de tierras siempre lo es, y mucho más si es tierra urbanizada con servicios y conectividad, algo que casi no existe", opuso Monteverde.

Respecto de la idea propuesta, abundó: "El parque de vivienda pública de alquiler es un concepto que en Argentina no existe. La vivienda estatal acá se concibe para sectores populares de pobreza, en zonas alejadas y con mala calidad constructiva, no integrada a la ciudad. Acá se dispone de una manzana en el corazón de la ciudad. ¿Por qué el Estado no puede construir un complejo de viviendas para alquiler? Incluso, la inversión privada podría entrar en parte si el pretexto es que no hay plata. Pero el Estado, la provincia en este caso, no debe vender la tierra. Sería una oportunidad para poner en marcha la empresa de desarrollo urbano, ordenanza aprobada que Javkin nunca implementó. No hay excusa para no poder desarrollar este proyecto. Hay que ver si hay decisión política". 

El proyecto reingresó por las comisiones de Planeamiento y de Gobierno. Igual que la otra propuesta de Lifschitz, todavía no tuvo su turno de debate. Pero la oposición renovó su idea porque de fondo quiere "discutir qué ciudad se construye, y para quiénes", explicó la concejala Caren Tepp.

La iniciativa propone "dotar al municipio de nuevas herramientas que le permitan intervenir y participar en el mercado de alquileres, facilitando el acceso a vivienda de alquiler para una importante porción de la ciudadanía".

Con la misma mirada, suponen la posibilidad de "generar nuevas políticas de vivienda que permitan resguardar los bienes públicos al posibilitar que los inmuebles (suelo y edificaciones) continúen siendo de propiedad estatal y que, al mismo tiempo, generen ingresos económicos que posibiliten un mecanismo de retorno de las inversiones públicas para el financiamiento, mantenimiento y eventual ampliación del sistema".

El proyecto, que suscriben además los peronistas Norma López y Mariano Romero, pretende incorporar al mercado de alquiler una oferta de precios accesibles, "sin indexación de precios, sin cobro de comisiones extraordinarias, con apoyo estatal para la obtención de garantías y facilidades para la renovación de los contratos". Además, reserva 25 por ciento de las unidades a construir para casos vinculados a situaciones de violencia urbana y violencia de género.

"Se trata de crear mixtura y heterogeneidad en la trama urbana al posibilitar que ciertos sectores puedan vivir en zonas de la ciudad en las que hoy se encuentran imposibilitados por los elevados precios del mercado. Evitar la segregación y estigmatización, promover una ciudad menos fragmentada y más inclusiva", concluye el proyecto.