Se conoció recientemente la investigación “Diagnóstico del hábitat infantil para un desarrollo sostenible”, publicado por el Barómetro de la Deuda Social Argentina, donde se verifican a nivel nacional “datos preocupantes”, en torno a los problemas predominantes en el entorno habitacional que impactan en la infancia de manera similar o diferente: la inseguridad en los vecindarios (77%), la carencia de servicios públicos como desagües, veredas y pavimentos (56%), la presencia de drogas (54%), la falta de acceso a la red de gas (53%), la contaminación ambiental (48,6%), la ausencia de sistemas cloacales (38%), y en menor medida, situaciones de precariedad habitacional (19%), hacinamiento (18%) y tenencia irregular de vivienda (10%).
Allí se sostiene que “la relevancia de un hábitat saludable como derecho de todas las personas y, en particular, de los niños, las niñas y adolescentes es indiscutible y goza de amplio consenso internacional. Son numerosas las normativas vigentes. Ahora bien, según las Naciones Unidas (ONU) “los niños/as y adolescentes constituyen una población en desarrollo de sus capacidades y por ende son más vulnerables a los riesgos que supone un ambiente contaminado. Esto se deriva de que no solo poseen menor resistencia a diversos tipos de daño ambiental, al encontrarse en pleno desarrollo físico, sino que también las consecuencias de la contaminación y demás deterioros ambientales, pueden tener consecuencias a lo largo del resto de su vida”.
Según el informe, los problemas de acceso al agua afectan especialmente a la infancia y adolescencia en situación de pobreza. La calidad del servicio de agua afecta a las infancias en barrios más vulnerables en el Gran Rosario.
La investigación agrega que la población de niños/as y adolescentes que viven en barrios en los que se percibe altos niveles de inseguridad alcanza 77%, y una proporción similar pertenece a hogares que están insatisfechos con la actuación de la policía en sus barrios (75,3%). Al mismo tiempo, un 42% reside en barrios en los que carecen de suficiente vigilancia policial, y 54,4% en barrios en los que se reconoce la existencia de venta de drogas. El déficit de vigilancia policial se eleva por encima del promedio en los estratos sociales medios (obrero integrado y no profesional) y en el trabajador marginal. Se trata de un problema que afecta a casi todos los aglomerados urbanos considerados, pero es particularmente elevado en Gran Córdoba y en Gran Rosario.
Hemos presentado un proyecto en la Cámara baja donde interpelamos al Poder Ejecutivo provincial para saber si las mediciones del organismo de la Universidad Católica “coinciden” con mediciones en la vida cotidiana de las infancias santafesinas y qué medidas se toman al respecto. Resulta fundamental saber si el gobierno provincial tiene la misma medición que genera esta investigación y qué medidas están tomando al respecto.
Diputado provincial por el Frente Amplio por la Soberanía.
