La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños, se reunió con representantes de organizaciones que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad (PCD) debido a la preocupación que viven a partir del decreto del gobierno nacional que busca desregular las prestaciones para este sector.

Durante el encuentro, los referentes expresaron su inquietud respecto a la medida impulsada por el gabinete de Javier Milei que implicaría, entre otras cosas, la eliminación de un marco tarifario único y consensuado, favoreciendo la disparidad e inequidad en el acceso a las prestaciones requeridas por las PCD.

La norma, que trascendió el 10 de mayo, establece que las prestaciones financiadas por los organismos públicos --establecidas por la Ley 24.901-- “se fijarán de forma independiente a los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas”.

“De efectivizarse esta medida se agravará la ya importante crisis económica de los prestadores categorizados que tienen que cumplir con una serie de exigencias impuestas por el Estado --que tiene la administración del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad--, ya que da lugar a que cada organismo financiador establezca el arancel que le parezca o convenga”, expresaron desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de Derechos de Personas con Discapacidad a través de un comunicado.

En la reunión, los presentes coincidieron en que esta medida atentaría contra el principio de universalidad de la atención de calidad, consagrado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, enfatizaron que la eliminación del nomenclador violaría el principio de progresividad establecido en el artículo 4 de la misma Convención, que garantiza que las medidas adoptadas deben asegurar un mayor nivel de vida y la plena realización de los derechos de las personas con discapacidad.

Esta situación provocó que, hace un tiempo, el sector se declarara en estado de alerta, convocando el miércoles 29 de mayo a masivas movilizaciones en las provincias de Santa Fe, Neuquén, Tucumán, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Córdoba, San Juan y Chaco, y una histórica marcha que logró visibilizar el reclamo tras congregar a más de 10 mil trabajadores, PCD y sus familias frente a la quinta presidencial de Olivos.  

Con este panorama, la reunión dio lugar a la confección articulada de un documento conjunto que será presentado a las autoridades pertinentes con el objetivo de que solicitar la eliminación del nomenclador y se garantice el acceso universal a prestaciones de calidad para las personas con discapacidad.