Los juicios de lesa humanidad no se dejarán de filmar. Eso dice la comunicación que llegó este lunes a la Cámara Federal de Casación Penal proveniente de la Corte Suprema. La polémica se originó después de que el gobierno de Javier Milei decidiera pasar la motosierra por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que desde hace 15 años registraba los procesos por crímenes cometidos durante la última dictadura. Desde el INCAA anunciaron que continuarán adelante con su plan de desmantelamiento, pero que cumplirán con el convenio de una manera light.

En paralelo, el titular del organismo, Carlos Pirovano, ya avisó que no se filmarán las audiencias del juicio por el intento de magnicidio que sufrió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La presidenta del Tribunal Oral Federal (TOF) 6, Sabrina Namer, le había pedido al INCAA que se hiciera cargo de los registros desde el 26 de junio, cuando está previsto que comience el proceso contra Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

El INCAA registra los juicios de lesa humanidad desde 2009. Ese año, la Corte Suprema firmó un convenio con las autoridades del instituto para asegurarse los registros. Para entonces, el TOF 5 –a cargo de los procesos en Comodoro Py– tenía una posición mayoritariamente “censora” e impedía el ingreso de la prensa para grabar, fotografiar o filmar lo que sucedía.

La llegada del INCAA implicó romper con una tradición incómoda dentro de los tribunales porteños: era la propia Policía Federal Argentina (PFA) la que grababa todo lo que sucedía. Para muchas víctimas era una factor de tensión adicional por el rol que la fuerza había tenido durante los años del terrorismo de Estado.

Con el tiempo, se creó dentro del INCAA el Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS) –que se dedicó a la grabación de los juicios de lesa humanidad. Tiene registros de más de 200 procesos en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior del país. Desde 2009, se firmaron 43 convenios con las provincias que implicaban que el INCAA proveía el material para filmar los juicios y guardaba copias en su acervo.

El 21 de mayo pasado, el secretario general de la Cámara Federal de Casación, Juan Montesano Rebón, elevó a la Corte Suprema la preocupación del tribunal penal porque el INCAA le había informado que no iba a poder seguir registrando los juicios. La imposibilidad tenía una razón: habían puesto en disponibilidad a todos los trabajadores que se ocupaban de la filmación y de la digitalización.

El 29 de mayo –seis días después de que Página/12 difundió esta situación–, Pirovano envió un correo a la dirección de Relaciones Institucionales de la Corte diciendo que los juicios de lesa humanidad se continuarán registrando. Eso sí, no lo harán los trabajadores del INCAA –que quedaron en disponibilidad o se acogieron al retiro voluntario– sino los egresados de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC). Advirtió que tampoco se digitalizará el material. 

En el correo, el presidente del INCAA aprovechó para decir que la filmación de los juicios de lesa no es parte de las funciones que tiene el instituto y que le genera un costo muy importante. “El INCAA , como gran parte de los organismos públicos, se encuentra en una situación de extrema debilidad presupuestaria, lo que ha requerido la implementación de medidas tendientes a racionalizar y eficientizar el organismo para lograr una gestión eficaz en la asignación y administración de los recursos públicos”, escribió.

Lo que no se grabará es el juicio por el intento de asesinato contra CFK. “Por razones presupuestarias y por estar fuera del objeto del organismo, las filmaciones de cualquier otro tipo de juicio no podrán ser realizadas por el INCAA y sugerimos que las mismas sean requeridas a empresas productoras de televisión o a la Televisión Pública”, agregó Pirovano.

La desaparición del MECIS es una de las tantas políticas que implementó la administración de La Libertad Avanza (LLA) en los seis meses que lleva de gobierno en la que se expandió un discurso que niega los crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado o que reivindica a los perpetradores. El gobierno también desmanteló los equipos que relevaban los archivos de las Fuerzas Armadas y decidió que ya no colaborará con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para facilitar la búsqueda de los niños y las niñas robados durante la dictadura.