A un mes del choque de trenes de la línea San Martín, el Gobierno todavía no tiene listo el DNU que declara la emergencia ferroviaria, tal como se había prometido. Desde el Gobierno aseguran que aún se están “puliendo los últimos detalles” de la norma, que estaría a tiro de la firma del presidente Javier Milei, pero lo mismo se decía a mediados de mayo, cuando el vocero Manuel Adorni anunció la medida. Los recientes cambios en el gabinete, atravesado por una crisis política tras la salida de Nicolás Posse, conspiraron con el retraso. Aunque algunas voces del oficialismo vinculadas a la administración de los trenes reconocen que la traba está en la letra chica de los recursos que el sistema necesita al menos para no colapsar, y esa negociación todavía está abierta con el ministro de Economía, Luis Caputo. El plan motosierra, mientras tanto, siguió adelante. Según un informe de la Asociación para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), al que tuvo acceso Página/12, el ajuste en los fondos transferidos a las cinco empresas estatales del sector llegaba a fines de mayo casi al 43 por ciento en términos reales en comparación con el mismo mes del año pasado.

De todas las empresas, la que se viene llevando la peor parte de la motosierra es la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIFSE), encargada del mantenimiento y el control de todo el sistema por el que circulan las formaciones. El ajuste en términos reales acumulado a lo largo del año es de casi el 80 por ciento. A partir del choque, sin embargo, el Gobierno comenzó a abrir el grifo y los recursos empezaron, de golpe, a aparecer: aumentaron un 600 por ciento respecto de abril, de acuerdo al análisis presupuestario de ACIJ. De todos modos, la comparación con el mismo mes del año pasado deja al desnudo el desguace: a esa misma altura del año, la administración anterior le había girado a la empresa unos 20 mil millones de pesos (actualizados a la inflación actual), mientras que en mayo de este año –aún contando el aumento reciente– se transfirieron 7,8 mil millones de pesos.

“Tuvo que pasar casi un tragedia para que las partidas empezaran a aparecer”, dice a Página12 Natán Spollansky, economista del programa Justicia Fiscal de ACIJ. Hasta abril, de hecho, el Gobierno venía transfiriendo en promedio $50.600 millones a las empresas del sector ferroviario; a partir de mayo, desde el choque, la tendencia se empezó a revertir y se transfirieron $87.600 millones. “Así y todo, estamos muy lejos de los niveles de 2023. El recorte acumulado es de un 43 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior”, explica Spollansky. “Y forma parte de un ajuste generalizado, en prácticamente todas las áreas sociales de la gestión, con el agravante en este caso de que se descuida la integridad de los pasajeros”, agregó.

El ajuste en el sector no se puede desvincular de las circunstancias que rodearon al choque: se comprobó que, además del robo de cables que impidió que ese día  funcionaran las señales visuales, hubo una ausencia total de controles básicos de seguridad y de los arreglos necesarios en el material rodante. 

Los despidos, la letra chica

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, sostuvo que el DNU con la emergencia "está prácticamente terminado" y que "le estará llegando en la brevedad al Presidente" para su firma. La idea original en Casa Rosada era poder tenerlo listo para esta semana, pero podría llegar a ser publicado recién la próxima. Entre los motivos del retraso, además de la crisis política del gabinete, está la letra chica de las negociaciones con Caputo por los recursos y también la coyuntura: hay voces que apuntan a que el Gobierno esperará a que el Congreso sancione el proyecto de ley ómnibus --que incluye a Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) como una de las empresas a privatizar-- para oficializarlo, ya con otro panorama. 

Fuentes del Gobierno aseguraron a este diario que el tema de los recursos es lo que resta por cerrarse. Ante la consulta de si el decreto llegará acompañado por partidas y montos específicos para las empresas, la respuesta fue que "no necesariamente". La discusión con Caputo sobre ese punto sigue abierta. "Es lo que se está definiendo", aseguran. 

Lo curioso en este punto es que el propio Gobierno reconoció que la emergencia está en carpeta desde diciembre pasado. Es decir, que la administración libertaria lleva meses discutiendo qué hacer con el sistema ferroviario. El choque el Palermo precipitó los tiempos y los obligó en parte a revertir el desguace total que se venía realizando en el sistema, pero está a la vista que la idea rectora de Milei de privatizar el servicio y deshacerse de SOFSE es más compleja de lo que parecía. 

El principal obstáculo, por su costo político, es el plan de despidos que implicaría el desguace previo a la venta. Según comentó el propio Mogetta, el DNU incluiría una "optimización de los recursos de las empresas, tanto económicos como en la dotación de personal". Osea, echar gente. En abril se filtró un memo interno de Sofse con la firma de Jorge Álvarez Holmberg, gerente administrativo de la empresa, en el que se informa sobre el presupuesto necesario para el despido y retiro anticipado de 3.000 trabajadores, estimado en unos 56.400 millones de pesos.