El juez federal Marcelo Bailaque firmó ayer el procesamiento del jefe narco Esteban Lindor Alvarado, por lavado de activos, y le trabó un embargo de 100 millones de pesos. El jefe mafioso, actualmente detenido en el penal de Ezeiza, fue acusado de utilizar prestanombres para blanquear dinero de origen ilícito, con el que adquirió inmuebles , vehículos y embarcaciones. En rigor el expediente lo llevaron adelante los fiscales Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, fiscales del Área de Investigación y Litigación de casos complejos, Diego Velasco y Juan Argibay Molina, titular de la Procelac y fiscal coadyuvante de la delegación Rosario, respectivamente. La noticia se conoció el mismo día que cobró la luz otra noticia impactante: es que el propio Bailaque hizo ingresar en su juzgado al hijo del contador del mismísimo Alvarado, con quien trabajó durante los últimos siete años, según publicó el portal Letra P.  Justamente el magistrado federal está acusado frente al Consejo de la Magistratura por haber evitado investigar al jefe narco, cuando en 2013 un alto jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria le pidió intervenir sus teléfonos. 

"Lo importante de esta resolución y la trascendencia institucional que tiene, es más allá de esta causa porque quienes integramos la fiscalía de Casos Complejos consideramos que era importante dejar de lado una etapa de licencia institucional respecto a este tipo de causas, como la persecución del lavado de dinero en su totalidad, independientemente de cual sea el delito precedente que haya generado la circulación del mismo" dijo el fiscal Reynares Solari a Rosario/12.

Además de Alvarado, Bailaque procesó con prisión preventiva a Patricio César López Coronel, Lucas Fabián González y Nahuel Yamir Clavero como presuntos integrantes de la asociación ilícita y coautores de las maniobras de lavado investigadas. Cada uno de ellos fueron embargados por la suma de 100 millones de pesos.

Por su parte, procesó por lavado –y no como miembros de la asociación ilícita– a Germán Darío Lauretti, Gustavo Armando Cárdenas, Diego Emanuel Fraietta y César Humberto López Sena, a quienes otorgó la excarcelación bajo el pago de una caución real de 15 millones de pesos. También les trabó un embargo de 30 millones de pesos a cada uno.

La imputación a Alvarado estuvo centrada en haber ejecutado acciones coordinadas junto a otras personas también imputadas, como la utilización de testaferros a efectos de "operar, inscribir y registrar la titularidad de inmuebles, automotores, embarcaciones, aeronaves". También debió defenderse de la acusación de haber creado, capitalizado y utilizado –desde al menos mayo de 2022 hasta abril pasado– la distribuidora de carbón que opera en plaza bajo el nombre de Carbón Rosario, "un fondo de comercio mediante el cual se puso en circulación bienes de origen delictivo", señalaron los fiscales.

De acuerdo con la acusación, Alvarado ejecutaba los delitos desde la cárcel federal de Ezeiza, donde se encuentra cumpliendo una pena a 15 años de prisión por transporte de estupefacientes y perpetua por parte de la Justicia provincial, por homicidio, extorsiones, amenazas, balaceras y lavado. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que, desde allí, “ordenaba distintas actividades ilícitas a personas en particular, ordenando los pagos de sumas de dinero correspondientes y las maniobras financieras a realizar".

En efecto, según indicaron los fiscales, "entre otras maniobras delictivas en pos de la obtención de sus fines, se encuentra la utilización de testaferros para la adquisición de vehículos con dinero habido de sus negociados ilícitos, y las órdenes de usurpación de galpones en distintos puntos de la ciudad para resguardar los bienes adquiridos en su nombre valiéndose para ello del poder de fuego que posee la organización a los fines de concretar las acciones extorsivas que preceden a la ocupación efectiva de los inmuebles”.

El procesamiento de Alvarado se conoció en la misma jornada en la que también se supo que uno de sus colaboradores directos en el juzgado era nada menos que el hijo el contador del jefe narco. El dato no es menor porque a Bailaque se lo está investigando por rechazar en 2013 el pedido de intervenciones telefónicas hacia el grupo de Alvarado, solicitadas por fiscales federales que ya entonces lo conectaban con el comercio de drogas. Al mismo tiempo versiones indican que el contador le llevaba las cuentas personales al magistrado.

En febrero de 2019 Alvarado fue imputado en la Justicia provincial por el asesinato de un prestamista, Lucio Maldonado, lo que luego le valió condena a perpetua. En ese trámite también fue sentenciado por asociación ilícita, por montar una serie de empresas legales para financiar sus delitos. Una de esas empresas, Logística Santino SRL, era una compañía dedicada al servicio de transporte automotor de cargas y tenía como socia principal a su mujer, Rosa Capuano. 

Cabe recordar que en junio de 2019, en una audiencia oral en el Centro de Justicia Penal de Rosario el fiscal provincial Luis Schiappa Pietra hizo referencia a los negocios opacos del grupo de Alvarado en Logística Santino. "Con esta estructura, con la que usan vehículos, teléfonos y logística de empresas legales, les dan sustento económico a sus negocios ilícitos", dijo.

El que firmaba los estados contables de Logística Santino era el contador público nacional Gabriel Mizzau, según publicó ayer el periodista Hernán Lascano en el portal Letra P.

 Según los investigadores patrimoniales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA) también fue él quien gestionó el pedido de habilitación municipal para el instituto geriátrico Sagrado Corazón de María SRL, una empresa integrada por Viviana Alvarado y Daniel Martín. Según los fiscales provinciales, y para los jueces que condenaron, este geriátrico era una firma de Esteban Alvarado, quien figuraba como empleado para simular ingresos legales.

El hijo de este contador que certificó balances o gestionó permisos comerciales para el grupo de Alvarado se llama Sebastián Mizzau y es empleado de la Justicia Federal de Rosario. Mizzau hijo entró en 2017 como empleado del juzgado federal a cargo de Marcelo Bailaque sin rendir concurso, como una buena cantidad de empleados, en base a la relación de amistad que su padre mantiene con el magistrado federal. Trabajó en ese juzgado hasta el mes pasado, momento en que fue ascendido como integrante de la dotación del Tribunal Federal Oral 3 de Rosario.

El contador Mizzau no fue jamás requerido por los fiscales provinciales ni federales en relación a las conductas reprochadas a Alvarado. Tampoco tiene su hijo ningún comportamiento reprobable que se conozca.