La Justicia de Córdoba descubrió en las últimas horas una red de distribución de imágenes sexuales de menores edad, que se compartía a través del servicio de mensajería de WhatsApp en la capital de la provincia y en la localidad de Río Ceballos.
Según lo precisado por medios locales, el grupo era administrado por una chica de 13 años y fue desarticulado por el fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de Primer Turno, Juan Ávila Echenique.
El caso comenzó a investigarse tras la denuncia de varios padres por el envío de imágenes sexuales a los celulares de sus hijos, lo que llevó al fiscal Ávila Echenique a seguir los pasos de la red.
En este contexto, se llevaron a cabo siete allanamientos en distintos domicilios, que llevaron a verificar que la principal administradora del grupo era la mencionada niña de 13 años. De acuerdo con lo explicado por las autoridades del caso, los padres de la menor detrás de este grupo no sabían de esta situación.
Asimismo, desde la Justicia detallaron que el material de explotación sexual infantil encontrado en estos allanamientos sorprendió a los investigadores por su alto contenido explícito. El mismo será peritado para comprobar de dónde fueron descargados.
Por otro lado, los investigadores informaron que los integrantes del grupo eran seis, todos menores de 13 y 14 años que buscaban alcanzar los 1500 contactos dentro del chat.
Por el momento, la causa está bajo secreto de sumario y un Juzgado penal juvenil determinará qué medidas tomará contra los menores.
Uno de los teléfonos estaba borrado
En medio de los allanamientos, el fiscal Ávila Echenique observó un detalle que le llamó la atención: en un domicilio ubicado en el barrio Parque Capital, uno de los celulares encontrados tenía todo el material borrado.
Allí vivía una de las jóvenes que figuraba como coadminsitradora del grupo, pero en su celular no tenía fotos ni videos. El chip había sido destruido y con la ayuda de algún experto informático, se borró todo el historial y se había cambiado de número.
De esta manera, no se pudo individualizar quién ejecutó este borrado, lo que complica la posibilidad de imputación de algún adulto en la causa, como "encubridor" del grupo.
