Comenzaron las indagatorias a los integrantes del Polo Obrero imputados en la causa que inició la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra las organizaciones sociales por supuestos hechos de coacción, extorsión y administración fraudulenta. Desde este martes y hasta el 25 de junio, día para el que está citado Eduardo Belliboni, serán interrogados veintitres personas, la mayoría del Polo pero también del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie. El gobierno viene jugando a fondo en este expediente y consiguió que la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) sean admitidos como querellantes.
La ronda de interrogatorios empezó con cuatro mujeres que trabajaban en comedores comunitarios, Patricia Iramain, Brisa Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches.
Vilches, que es responsable de un comedor en el barrio de la Carbonilla, fue la única de las cuatro en presentarse acompañada por los abogados del Polo Obrero, que al terminar la audiencia denunciaron que el juez Sebastián Casanello "se negó a mostrar las pruebas antes y durante la indagatorias".
"A Cynthia le leyeron una imputación de más de 3 carillas, con denuncias anónimas ratificadas bajo aprietes policiales. Como sus abogados defensores, habíamos pedido la postergación de la indagatoria para garantizar el derecho a conocer la acusación en forma previa. Pero no solamente se nos negó sin argumento alguno, sino que además, cuando antes de la indagatoria solicitamos ver la prueba, nos negaron este derecho fundamental. Las pruebas no son accesible a través del sistema Lex100 para las defensas, pero son utilizadas como elementos fundamentales para sostener la imputación", sostuvieron los abogados Liliana Alaniz, Eduardo Penello y Claudia Ferrero al salir de los tribunales de Comodoro Py.
Las otras tres imputadas fueron representadas por el defensor oficial Martín Hermida. Según fuentes judiciales, Iramain y Paucara Choque se amparon en el derecho a no responder preguntas. En cambio, Mamani sí aceptó contestarlas y habría señalado que para poder mantener el Potenciar Trabajo debió llevar gente a las manifestaciones y cobrarles aportes a otros integrantes del Polo Obrero.
La cruzada contra los movimientos
Desde principios de mayo, cuando la policía realizó 27 allanamientos a comedores, viviendas de referentes barriales y la sede del Polo Obrero, esta causa tuvo un fuerte uso mediático. Los canales de noticias afines al gobierno la agitaron como parte de la cruzada mileísta contra los movimientos sociales, planteando, por ejemplo, como prueba de supuestos hechos de corrupción, que en uno de los allanamientos se habían encontrado 50 mil dólares. La suma resultó estar justificada desde el comienzo, ya que la persona allanada tenía ese dinero por la venta de un departamento de su padre y contaba con los documentos que lo probaban.
El tipo de acusaciones derivadas de la investigación fue cambiando con los días. Inicialmente el planteo fue que los piqueteros obligaban a los titulares de los planes sociales a participar de sus marchas contra el gobierno, con la amenaza de hacerles perder el Potenciar Trabajo. Pero luego la investigación dio un giro y pasó a enfocarse en una supuesta defraudación al Estado y administración fraudulenta de los recursos destinados a la asistencia social, ya que en un allanamiento a la sede del Polo Obrero se habrían encontrado facturas truchas.
Por otra parte, el fiscal Gerardo Pollicita, al formular un pedido de detenciones que fue rechazado por el juez Sebastián Casanello, planteó un tercer tipo de argumento, al equiparar una serie de cuestiones de organización interna de los movimientos con delitos. Por ejemplo, que el Polo haya utilizado un sistema de puntajes (a mayor participación en las actividades comunitarias o de protesta, más puntaje) para distribuir alimentos o definir quién de sus integrantes accedía a un plan Nexo (un complemento que durante el gobierno anterior cobraron algunos titulares del Potenciar) sería para el fiscal una prueba de que la organización social se dedicaba a usar dinero del Estado para realizar actividades políticas.
“Ha habido una arbitrariedad tras otra en esta causa. No nos dejan ver la totalidad del expediente, nos acusan a través de los medios de haber presentado facturas truchas pero nos coartan el derecho de defensa porque no nos permiten ver qué pasó con tal o cual factura, porque no están en el expediente. Han inducido las declaraciones de los testigos. El fiscal pone trabas burocráticas para que la gente que trabaja en las cooperativas no pueda cobrar el Potenciar", señaló la abogada del Polo, Liliana Alaniz.
Otra de las derivaciones de la causa fue el allanamiento a la sede central del Partido Obrero. El allanamiento se realizó con el presunto objetivo de requisar documentación de Editorial Rumbos y de cooperativas de trabajo, pero desde el PO aseguraron que los argumentos fueron "una excusa" y que de hecho, nada al respecto fue encontrado en el procedimiento, de donde la policía si se llevó una filmación del lugar. "Allanar el local central de un partido es una persecución directa del Estado, es un hecho muy grave, somos una fuerza con representación parlamentaria, más que un allanamiento fue un acto de espionaje político", planteó el partido, que denunciará esa situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las indagatorias continuarán este miércoles con un grupo de imputados de Barrios de Pie. Para el jueves están citados integrantes del FOL, mientras que Belliboni, titular del Polo Obrero, deberá declarar el próximo 25 de junio.
