La ex intendenta Bettina Romero salió ayer a defender su gestión y la de su padre, el senador nacional Juan Carlos Romero, en una entrevista que brindó a los medios de propiedad de su familia, el diario El Tribuno y la radio AM 840, para referirse a la sustracción de bienes destinados a la ayuda social, hecho por el que están imputados dos ex funcionarios de su gestión. 

La investigación penal se conoció el viernes último, día en que se allanaron las propiedades del ex titular de la Panadería Social municipal, Luis Emilio Fayón Medina, y de su amigo Emilio Nux. En ambos lugares encontraron ayuda social destinada a los sectores más vulnerables y a personas con discapacidad.

Fayón Medina y Nux fueron imputados por peculado el lúnes último y ayer la fiscalía imputó a la tercera investigada en la causa, la ex secretaria de Desarrollo Humano en la gestión municipal de Romero, Silvia Varg, quien se negó a declarar y quedó acusada formalmente por el delito de malversación imprudente.

“Yo pongo la cara”, dijo la ex intendenta al afirmar que la sustracción de la ayuda social de galpones de la Municipalidad de la ciudad de Salta “es un hecho aislado de un señor que no solo me acompañó a mi en mi gestión, sino que tiene otra trayectoria política como el acompañamiento del (diputado nacional saencista, Pablo) 'Loro' Outes”, afirmó.

“Es algo despreciable y me indigna”, añadió. Y aseguró: “No me queda más que condenar todo esto y vengo a salvar una gestión que fue impecable, no puede quedar manchada”.

Se refirió a sí misma como “alguien que no hizo nunca ni va a hacer con la política social, clientelismo”. Sobre el trascendido que afirma que Fayón Medina es su primo, Romero sostuvo: “ahora de repente me lo quieren poner como pariente. Es un pariente súper lejano”.

La teta del Estado

“Nosotros representamos un espacio político como partido donde no hacemos clientelismo. No tenemos ningún caso yo o mi familia”, siguió la ex funcionaria. Fue entonces que afirmó: “mi padre gobernó por 12 años la provincia y no tiene un solo escándalo social”. Sin embargo, en la gestión del ahora senador Juan Carlos Romero hubo hechos de gravedad, como las represiones en el norte provincial, a docentes en 2005 y en barrios vulnerables de Salta, todos hechos que aún están frescos en la memoria de la provincia. El ahora legislador también fue denunciado por la supuesta venta de tierras fiscales a su familia y pora otras supuestas transacciones inmobiliarias, pero hasta ahora estas causas no avanzaron en la justicia salteña.

“Yo perdí y goberné hasta el final y no hice como hacen muchos, de acomodarse de piel por seguir con el carguito, de vivir permanentemente de la teta del Estado”, afirmó Bettina Romero, cuyo primer cargo público fue como diputada y luego pasó a ser intendenta. Su padre, en tanto, hace 37 años que ejerce la política y ocupa distintos cargos legislativos nacionales y del Ejecutivo provincial.

Sin control

Pese a que la ex intendenta Romero afirmó que en la gestión municipal era intransigente con los controles que se debían realizar para la entrega de ayuda, ayer la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Silvia Varg por el presunto delito de malversación imprudente. Le reprocha haber dejado que la mercadería que estaba en los galpones municipales sea retirada el 8 de diciembre de 2023 (dos días antes de entregar la gestión a las nuevas autoridades de la comuna), sin haber hecho los monitoreos correspondientes.

El 8 de diciembre de 2023 Fayón y su amigo (que no tenía cargo municipal alguno), Emilio Nux retiraron una significativa cantidad de mercadería y bienes de los depósitos municipales.

Como secretaria de Desarrollo Humano, Varg era la responsable de la custodia y administración de estos bienes, destinados a la atención de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, conforme a la ordenanza Nº 15832.

Salinas Odorisio sostuvo que Varg no implementó los controles necesarios sobre los bienes sociales bajo su custodia. Además, permitió que los entreguen sin la documentación correspondiente y la intervención de funcionarios de otras áreas sin respaldo legal adecuado. La fiscalía informó que también se identificaron deficiencias en la gestión administrativa, como la falta de inventarios permanentes, control de stock y la ausencia de un acta de cierre de gestión al 10 de diciembre de 2023. Estas irregularidades propiciaron la comisión del delito de peculado de Fayón y Nux.