La Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria ante el paro por tiempo indeterminado del sector aceitero en rechazo a la Ley Bases, por lo que la medida de fuerza quedó suspendida. El cese de actividades anunciado por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA), estaba estipulado desde la primera hora de este miércoles, en paralelo con la jornada de debate de la Ley Bases en el Senado.
Ante el pedido elevado por las representaciones empresarias para que se evitara la paralización de la actividad, desde el Gobierno dispusieron un periodo de conciliación obligatoria por el término de cinco días. En ese marco, intimó a los gremios y a los trabajadores aceiteros "a dejar sin efecto, durante el período indicado, toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual".
Lo cierto es que el paro traba exportaciones del sector en un momento clave para el mercado cambiario, cuando el Banco Central tiene problemas para acumular reservas por la retención de la cosecha. Los exportadores y ruralistas presionan por un alza del dólar o el reconocimiento de un tipo de cambio más alto para sus envíos.
Desde FTCIODyARA acusaron recibo de la notificación cursada por Trabajo y cuestionaron la implementación de la conciliación considerando que fue dispuesta "con el objetivo de cercenar el derecho a huelga y limitar el alcance de la protesta contra la Ley Bases".
El gremio aceitero sostuvo que "con esta medida coercitiva que acaba de tomar el Poder Ejecutivo, se condiciona la posibilidad de las y los trabajadores aceiteros y desmotadores de algodón a expresarse democráticamente en las movilizaciones ante el Congreso y en las distintas localidades de nuestro territorio nacional".
Ante esto, el sindicato pidió la realización de un nuevo paro general, expresando que "reafirmamos la necesidad de poner en marcha un plan de lucha que incluya una nueva Huelga General convocada por la CGT", considerando que "se debe profundizar en medidas de fuerza para frenar la política de un gobierno que ataca a quienes trabajamos, que busca destruir la industria nacional y liberar a los más ricos del pago de impuestos".
