Un escribano, un abogado y la pareja de éste, fueron detenidos e imputados por la fiscal Viviana O’Connell, en el marco de una investigación por el delito de estafa inmobiliaria, que comenzó en diciembre de 2018, por el caso de una propiedad de la zona de Fisherton. Tras la acusación por "defraudación engañosa" y "falsedad", para quedarse con el inmueble, recuperaron la libertad por un acuerdo entre partes y bajo fianza de 10 millones de pesos, a cada uno, además de la orden de cumplimentar reglas de conducta que impuso la jueza María Trinidad Chiabrera.
Se trata del abogado Guido Corgnali, su esposa y el escribano Joaquín Fuster, quienes fueron arrestados en el marco de una serie de allanamientos realizados el martes por la mañana por personal de la Policía de Investigaciones (PDI). Los procedimientos tuvieron lugar en la zona de calles Paraguay al 600, Sargento Cabral al 500, Santa Fe al 900 y 16 de Enero al 9100, en los que además de las detenciones, se secuestró material de interés para la investigación.
En tanto, en la audiencia que se realizó en el Centro de Justicia Penal, la fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio les imputó haberse aprovechado de la confianza que la víctima tenía con una de estas personas, hacerle firmar un boleto de compraventa, sin saber que firmaba conjuntamente con escritura, poniendo dicho inmueble -ubicado en la zona de Av. Jorge Newbery y calle 1420- a nombre de la identificada como M. N., pareja del profesional letrado.
En ese sentido, desde el Ministerio Público de la Acusación se indicó que la calificación legal provisoria de la investigación es por el delito de "defraudación por suscripción engañosa de documento, en concurso real con utilización de documento público adulterado y falsedad ideológica en calidad de co-autores".
Tras escuchar a las partes, la jueza penal Chiabrera hizo lugar a las calificaciones legales indicadas por la fiscal O'Connell, y se dictaron salidas alternativas a la prisión preventiva -según se pudo saber, el abogado tiene problemas de salud-. Además, se ordenó una caución real de 10 millones de pesos, para cada uno, que deberá ser presentada en un plazo de 15 días.
Entre las reglas de conducta impuestas para recuperar la libertad, se indicó la prohibición de salida del país, fijar domicilio y no tener ningún tipo de contacto con la víctima, ni con personas allegadas a la misma.
