Rosario también tuvo su marcha contra la Ley Bases. Distintas organizaciones sociales, políticas, gremiales y estudiantiles se movilizaron este miércoles por la tarde, mientras en el Senado de la Nación se debatía el paquete de reformas impulsadas por el gobierno nacional. Entre los principales reparos que se plantean contra la ley aparecen los avances contra los derechos laborales, las reformas en materia previsional, la privatización de empresas estatales y el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sobre la industria local y los recursos naturales del país. A diferencia de Buenos Aires, donde la policía reprimió duramente a las personas que se manifestaban frente al Congreso, en Rosario la jornada transcurrió sin inconvenientes. “Estas políticas solo se aplican con un cambio de régimen cada vez más autoritario y antidemocrático”, evaluó Carlos Ghioldi, secretario gremial de la CTA de los Trabajadores Rosario. “La conclusión es que este modelo no pasa sin represión”, añadió Hernán Sorrequieta, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

La convocatoria estaba pautada para las 15.30 horas en Plaza San Martín. Para ese entonces, el oficialismo ya contaba con el quórum –que hasta último momento estuvo en duda– y ya se auguraba una paridad que se mantuvo hasta la votación. Pasadas las 16, un gran número de personas comenzaron a agruparse en columnas desde la esquina de Córdoba y Dorrego y partieron en dirección a la Plaza 25 de Mayo. Finalmente la multitud se terminó expandiendo hacia el Monumento Nacional a la Bandera. No hubo documento conjunto, ni tampoco oradores a lo largo de la jornada. “La idea es que hablen las calles”, confirmó uno de los organizadores. Y así fue.

“En Rosario decidimos hacer una concentración lo más amplia posible, unificando a todos los sectores populares para que se escuche bien fuerte el rechazo a este proyecto de ley que es lesivo contra los intereses de los trabajadores”, explicó Ghioldi. Para el dirigente de la CTA de los Trabajadores en Rosario, la Ley Bases consagra la flexibilidad laboral y va a impulsar la desocupación en todo el país. Pero además, consideró que la normativa va en contra de los intereses de la Argentina: “Le va a permitir a vivos, sin pagar impuestos, que saqueen a su voluntad los recursos naturales que pertenecen al conjunto de la población, de manera arbitraria y sin ningún tipo de control”.

El referente del Centro Cultural de La Toma en Rosario también se refirió a los incidentes que se produjeron en Buenos Aires, con una fuerte represión contra los manifestantes. “Estas políticas solo se aplican con un cambio de régimen cada vez más autoritario y antidemocrático”, expresó y agregó: “No hay que ser muy astuto para darse cuenta que quitarle derechos a una mayoría solamente puede prosperar si está atemorizada y reprimida. Eso es lo que intentan aplicar, pero afortunadamente el movimiento popular está dando pelea”.

En la misma línea, para Sorrequieta la movilización en Rosario es tan amplia como lo demandan los momentos que se viven en el país. “La ley bases ataca al conjunto del pueblo argentino y acá en las calles de Rosario, como en todo el país, se está expresando la defensa frente a ese ataque que involucra a todos los sectores de la vida nacional”, manifestó el representante de la UTEP. “La conclusión es que este modelo no pasa sin represión. Pero lo que queda claro de esto es que hay un pueblo que está resistiendo y que el gobierno no se la van a llevar fácil”, señaló.

En tanto, Daniela Vergara, de Amsafé Rosario, definió a la Ley Bases como “un ataque contra la clase trabajadora” y remarcó que la represión en Buenos Aires tiene como fin “desalojar las calles de lo que es una jornada de lucha impresionante”. Para la referente gremial, la aprobación de la normativa generará “mayor concentración de la riqueza en manos de unos pocos” y llamó a darle continuidad al plan de lucha “hasta derrotar la motosierra y el ajuste” que tiene su impacto a nivel nacional y provincial.

En ese sentido, Vergara apuntó contra el gobierno provincial por “replicar” en Santa Fe el modelo de Milei: “Es tremendo porque Pullaro se alinea por completo al gobierno nacional y da señales, como la reforma jubilatoria que implica aumentar la edad de las mujeres y el presentismo a los docentes, además de recortar los salarios. Es el modelo político que empieza a desplegar, con concentración de la riqueza, ajuste a la clase trabajadora y quita de derechos”.

Por su parte, desde Amsafé provincial, Roque Jaimes consideró que el objetivo del gobierno va más allá del ajuste que se está implementando. “Vienen no solo a llevarse nuestras riquezas, sino a partir el espinazo productivo de la Argentina. Lo que vemos es que la gente está reaccionando y acá estamos manifestándonos en contra de la Ley Bases”, explicó y agregó: “La represión es el manual completo que se usa para gobernar un país para unos pocos. Esperemos que los gobiernos locales en algún momento también se despierten, porque el gobernador santafesino está apoyando esta ley y el pueblo en algún momento se lo tiene que hacer pagar”.

Las consecuencias de la Ley Bases tiene su impacto en otro sector muy marcado: los jubilados. Por eso, desde temprano en la plaza San Martín también se hizo presente el Frente de Jubilados en Lucha. “Con esta ley se proyecta que se jubilen apenas una de cada diez mujeres y en los hombres se estima que siete de cada diez. Nos van a arruinar el sistema jubilatorio y hasta el día de hoy somos el sector más perjudicado por el gobierno de Milei”, evaluaron desde la organización.

 

Por último, María Fernanada Boriotti, referente de Siprus, apuntó contra la normativa por “avanzar en derechos conquistados” por el movimiento de trabajadores a lo largo de los años. “Es una ley que legaliza la precariedad laboral”, cuestionó. “Esto impacta de lleno en los trabajadores de la salud, algo que va en línea con la política del gobierno que es reducir a la mínima expresión el sector público de la salud y avanzar en el negocio. Eso no garantiza derechos. Estamos viendo en San Nicolás la voucherización, que va en detrimento del derecho a la salud de la población, porque ese voucher no va a abarcar todos los problemas de salud de la población”, remarcó.