El tránsito hacia el fracaso de la actual administración no es consecuencia de inconsistencias técnicas e instrumentales que, sin embargo, abundan, o de errores de elaboración de medidas de política económica, que también los hay por doquier.

Los yerros descriptos son consecuencia de la concepción del Estado y de su gestión por parte de un colectivo político que ignora casi completamente los fundamentos de la práctica estatal, lo cual desemboca en eventos erróneos desde el punto de vista técnico o burocrático. Ello incluso antecede a la inconsistencia política del recetario libertario, lo cual agrega aún mayor inviabilidad al accionar gubernamental.

Las consecuencias de la actual política económica son elocuentes:

a) Caída de la actividad económica muy profunda y cualitativamente muy perjudicial, dado el peso específico de los sectores más afectados, que son vectores de la competitividad, generación de empleo y participación en la generación de demanda efectiva interna.

b) Desvalorización de pasivos y activos monetarios que incluso exceden el ámbito del mercado bancario, como son los excedentes en dólares fuera de los circuitos convencionales que los sectores medios usan como reserva de valor y medio de ahorro, lo cual agrava el estructural subdesarrollo crediticio que ya padece nuestro país y es una restricción importante para la inversión en el caso de una eventual reactivación.

c) Niveles muy altos de inflación, más graves que en la etapa anterior, considerando la brutal recesión y retracción de la demanda de consumo e inversión.

d) Situación externa sumamente precaria, signada por el atraso cambiario, que afecta las exportaciones en general, y la recesión, que si bien detiene provisoriamente las importaciones, también impacta negativamente en las ventas externas del sector industrial, con lo cual el crecimiento de las reservas internacionales se ve condicionado a la evolución de la paridad y a la continuidad de la recesión, dado que cualquier reactivación produciría inmediatamente una crisis de balanza de pagos.

f) Una gestión fiscal que se muerde la cola, dada la alta correlación entre la recaudación y la actividad económica que merma los recursos públicos.

Violento rediseño

La descripción no parece demasiado diferente de las dos experiencias neoliberales que ya asolaron la democracia argentina en los últimos 40 años. Pero en todos los casos, su despliegue y debacle posterior tardó años en desarrollarse y sus efectos fueron graduales en el tiempo y en la vida cotidiana de la sociedad. Y esto es porque las decisiones de política económica, aún con déficits institucionales, transcurrieron por los carriles convencionales de las prácticas estatales, cosa que no ocurre en este caso.

Para remontarse a una experiencia como ésta hay que fijarse en la última dictadura genocida, donde un cuerpo burocrático estatal, en este caso las fuerzas armadas, implementaron una forma violenta de rediseño de la sociedad, de ahí su caracterización de genocidio, que seguimos padeciendo hasta nuestros días.

Volviendo al presente, lo inédito de esta experiencia es su divorcio de prácticas estatales básicas, una cuestión de método que le agrega mayor insustentabilidad a la experiencia de la actual administración. Los dos elementos originales, por así decirlo, son, por un lado, la introducción sistemática y masiva de representantes de empresas en el rol de funcionarios públicos a cargo de las decisiones cotidianas del Estado y, por otro, la destrucción de las capacidades blandas del aparato estatal.

El Estado en las sociedades capitalistas tiene dos dimensiones. La primera, la de relación social, es en donde confluyen los intereses de fracciones de clase que están en conflicto en otros ámbitos donde se ejecutan las decisiones cotidianas. Sin la presencia de esta confluencia de intereses, sería virtualmente imposible comprar, vender, endeudarse, cobrar los créditos, distribuir y consumir.

Básicamente, existen tres niveles de relación donde el Estado tiene que intervenir. El primero es el de la competencia entre productores en cada mercado específico. El segundo, el de la distribución entre los empresarios, los banqueros, los poseedores de las tierras y los comerciantes en tanto fracciones de clase que hacen posible que las mercancías se produzcan y lleguen a ser intercambiadas. Y, finalmente el tercero, el de los trabajadores y las restantes fracciones mencionadas, poseedoras de los conocidos convencionalmente como factores de producción.

La segunda dimensión estatal es su cristalización en un aparato institucional necesariamente autónomo que gestiona las prácticas administrativas y políticas específicas de la gestión del Estado, donde coexisten el monopolio del uso de la violencia física con estrategias de construcción de consenso, sin las cuales sería imposible la gobernabilidad.

Debilitar al Estado

La introducción de funcionarios provenientes de empresas particulares genera problemas de gestión, dado el potencial de conflicto con sus competidores que implica su incorporación a un dispositivo como el Estado, que emana reglas de juego para todos.

No es la primera vez que sucede y menos en momentos políticos neoconservadores o neoliberales. Pero al revés de otras experiencias, esta vez los cuadros gerenciales son puestos por las propias empresas y no por la conducción política de partidos o burocracias consolidados y con experiencia de gobierno, lo cual eleva a la enésima potencia los conflictos de intereses y las disputas con los que quedaron afuera. Por ahora, estos no se manifiestan, salvo en el caso de Aluar, pero no hay que descartarlos en el futuro, cuando se agoten los efectos de la reforma laboral y se vean perjudicados por la recesión económica.

El otro punto de conflicto original de este colectivo gobernante es un discurso y una práctica estatal que destruye las llamadas capacidades blandas del Estado, es decir, aquellas que no implican violencia física sino capacidad regulatoria, tales como la salud, la asistencia social, la educación, la administración de justicia o las obras públicas, todas líneas que no solo reducen la conflictividad del sistema económico, sino que también son las constructoras del consenso que deriva el financiamiento de las actividades estatales en su conjunto.

Con estos rasgos originales, que violan toda regla de administración específica del aparato estatal, el actual colectivo gobernante no hace más que cavarse su propia tumba, independientemente de la escasa sustentabilidad de sus propias propuestas.

Lecciones

La debacle de la actual administración, que no tardará en producirse, deja dos lecciones al colectivo que lo suceda, sea cual fuere su ideología, su plan o su proyecto:

La primera es que hay que tomar en cuenta las dos dimensiones del Estado e incidir sobre ellas. Esto es la relación social que le otorga poder bajo la forma de una alianza de diferentes estratos de clases sociales que puedan darle sostén material y discursivo a un proyecto de país.

La segunda es la cristalización del aparato administrativo del Estado donde se ejecutan las decisiones que dan forma a dicho programa. Uno de los grandes triunfos del neoliberalismo en el sentido común de la sociedad fue el de anular la primera de las dimensiones, con lo cual la gobernabilidad se volvió una ciencia administrativa con fines empresariales en sí mismos, como por ejemplo generar superávit o déficits sustentables sin reparar en los objetivos que persigue la alianza de clases que le da verdadero sostén político.

Así, una administración como la anterior, que, con sus más y sus menos, representaba a los sectores populares, al concentrarse demasiado en cuestiones administrativas, donde tuvo éxitos y fracasos parciales, perdió de algún modo la brújula de construcción de la práctica y el discurso hegemónico que le dio sustento político a su colectivo gobernante.

La segunda lección es que el colectivo político que se hace cargo del Estado debe estar consciente que la construcción de sus capacidades blandas debe estar en concordancia con los fines perseguidos y con los recursos institucionales con los que se cuenta. Esta afirmación parece darse de patadas con el párrafo anterior, pero es todo lo contrario. En la práctica estatal no existe la neutralidad en materia de gestión.

Esta es una lección especialmente importante para los sectores populares, que cuentan de sobra con recursos institucionales organizados a través de representaciones como los sindicatos, los movimientos sociales, las cooperativas, las organizaciones de pequeñas y medianas empresas, así como recursos materiales y humanos de calidad para constituir una sociedad inclusiva, previsible y de buen vivir.

Por otro lado, el bloque popular cuenta también con cuadros técnicos y políticos perfectamente capaces de elaborar planes y proyectos consistentes. Pero le falta la consciencia de que necesita construir instrumentos estatales regulatorios acordes con sus planes y sus recursos.

Así, una moneda plena, un plan de autonomía financiera, un sistema impositivo progresivo, la jerarquización de la salud y la educación pública, un sistema financiero concebido como servicio público o la ejecución de planes de obra pública que eleven la competitividad del sistema productivo son pasos imprescindibles, entre otros tantos, para conseguir los fines perseguidos.

En ese sentido, el interregno de Milei, con su secuela de destrucción, puede convertirse en el primer paso para crear nuevos instrumentos que hagan que esta etapa neofascista sea solamente un mal recuerdo que encontrará su lugar en el basurero de la historia.