El Gobierno declaró este jueves la emergencia pública ferroviaria. La medida, que había sido anticipada semanas atrás luego del choque del tren de la línea San Martín que dejó unos 90 heridos, se oficializó a través de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) publicado en la última edición del Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei.
La declaración de la emergencia ferroviaria se da horas después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, que —si bien tuvo modificaciones y dejó afuera de las privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y al Correo Argentino— mantiene entre las empresas a concesionar al Belgrano Cargas y a la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse).
La medida fue dispuesta por un plazo de dos años, prorrograble por única vez por el mismo período. Afecta a los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, así como también a todas las actividades relacionadas con la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la operación de los servicios ferroviarios en la Red Ferroviaria Nacional.
Según se explica en los considerandos de la norma, luego de que la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) realizara la evaluación de desempeño del sistema ferroviario —correspondiente al ejercicio anual 2023— "se evidencia la delicada situación en la que se encuentra inmerso el Sistema de Transporte Ferroviario Nacional".
En esa evaluación, agrega el texto, se detalla que "el mayor porcentaje de descarrilamientos se ha manifestado en el transporte ferroviario de cargas" y que esto se debe "en gran medida al estado de conservación en el que se encuentra la infraestructura".
Con respecto al transporte ferroviario de pasajeros, se resalta que "la degradación del mantenimiento de la infraestructura y del material rodante generan reducciones de velocidad de vía, con el consecuente aumento de tiempo de viaje" y "suspensión de los servicios".
También se destaca la "ineficaz gestión y planificación de las contrataciones destinadas al mantenimiento del material rodante", que en la práctica conlleva "una sensible disminución de formaciones en servicio y, por consiguiente, una disminución en las frecuencias" de los trenes.
A raíz de esta situación, se decreta la emergencia y se establece que las empresas ferroviarias deberán presentarle a la Secretaría de Transporte de la Nación "un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad, como así también, en caso de ser necesario, las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores" a los efectos de "revertir la situación".
Transporte deberá "elaborar un plan de acción, dentro del término de los 15 días, con las medidas indispensables y urgentes a tomar" que "resguarden la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros".
Otro de los puntos del decreto establece que tanto la Secretaría de Transporte como las empresas ferroviarias "podrán dejar sin efecto los procedimientos de contratación" que "no se encontrasen perfeccionados y las contrataciones que no tuvieran principio de ejecución, como así también disponer, por razones de emergencia, la renegociación o, en su caso, rescisión de los contratos de cualquier tipo, dentro de las pautas establecidas por el presente decreto".
A fin de mejorar las condiciones de seguridad operativa, el Gobierno se comprometió a asignar un presupuesto adicional de un billón doscientos noventa y tres mil setecientos ochenta millones de pesos ($1.293.780.000.000) para el "fortalecimiento del sistema ferroviario nacional". Asimismo, se indicó que trescientos cincuenta mil millones de pesos ($350.000.000.000) "deberán imputarse en el presupuesto 2024."
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