“Estoy cansado de vos”, leyó Carolina en el celular. El mensaje era del padre de su hijo, que había tenido que ir a buscar al niño al trabajo de ella, en Barracas, y no lo encontró. Carolina suspiró, tomó fuerza e hizo lo que había postergado tanto tiempo. Fue a la casa del padre de su hijo en la villa 21-24 y le dijo, en la puerta, frente a su mamá y su hermana:

—Hace cuatro años vengo criando a un pibe sola.

“En toda esa zona lo conocen mucho porque él trabaja en la calle. Se enojó tanto por haberlo mandado al frente delante de su familia y vecinos que no me escribió ni nos vio más. Pero yo le había tenido mucha paciencia”, relata Carolina a Las12. “Paciencia” es lo que la mayoría de las madres que no conviven con el padre de sus hijos ejercitan a diario hasta que la pierden: solo 1 de cada 4 cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria, según un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

La “cuota alimentaria” es un término tramposo. El aporte no abarca solo alimentos. “Lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación es que ambos progenitores tienen la responsabilidad parental de poder cubrir y satisfacer todos los gastos atinentes al desarrollo de niños, niñas y adolescentes”, indica Noelia Prado Sánchez, abogada especialista en Familia. Es decir, este monto comprende también la educación, la vivienda y el esparcimiento. “Para determinarlo se debe tener en cuenta el nivel de vida familiar y los ingresos de cada una de las partes. Quien tenga mayores ingresos es quien va a responder con una porción más grande. Y el segundo principio que se tiene en cuenta es quién aporta mayor tiempo de cuidado, que por lo general son las mujeres. En cualquier caso, pensar la cuota alimentaria desde una perspectiva de género implica comprender la responsabilidad y el trabajo de ser un equipo de crianza”, explica la experta.

Carolina y el padre de su hijo no habían llegado nunca a estar en pareja. Los acuerdos costaron desde el principio. Ella, que ya tenía un hijo de 4 años, consiguió un alquiler accesible en Avellaneda, conurbano sur, gracias a su papá y amigas. “Yo iba siempre a verlo con el bebé cuando no estaba con mi otro hijo, porque tengo auto y creía importante que se generara algún vínculo entre ellos. A veces me decía que no le escribiera más porque estaba con mil cosas en la cabeza o porque tenía problemas laborales”, cuenta.

El año pasado, antes de la última discusión, Carolina, profesora de Artes Visuales, se reconoció “en bancarrota”. Se acercó a la casa de él y le dijo que se quedaría a comer ahí, que no tenía cómo seguir pagando el alquiler. Él accedió a facilitarle dinero con una condición: ponerle el apellido al niño. A los pocos días hicieron el trámite en el registro civil, pero el acuerdo “de palabra” en torno a las visitas y la cuota alimentaria duró tan solo unas semanas.

Carolina reunió una suma importante de dinero para iniciar una mediación, instancia que permite la resolución de conflictos a partir del diálogo entre las partes. El progenitor fue convocado dos veces y no asistió. En marzo, ella ya estaba habilitada a iniciar la demanda judicial, pero no podía enfrentar los gastos legales. Optó, en cambio, por iniciar el trámite de cuidados unilaterales. “Decidí desistir de la cuota. Tengo otros trabajos ahora, mi pareja me apoya económicamente, puedo resignar ese ingreso. Medí los costos y me di cuenta que no quería mover cielo y tierra para pagarle a la abogada y después de un año lograr una cuota ínfima, exponerme al maltrato y la violencia que ejerce sobre mí y a la inestabilidad en el vínculo con mi hijo”, dice.

Prado Sánchez advierte que son muchos los casos en donde ni siquiera se llega a la mediación: “Hay que tener en cuenta que los números sobre cuota alimentaria hablan de los reclamos iniciados y de acuerdos que no se cumplen, pero hay muchas madres que no comienzan el reclamo por miedo a la actitud que puedan tener los padres y cómo se van a comportar con los chicos cuando les toquen días con ellos”.

Privilegios que no ceden

Florencia tiene 32 años y vive en Pergamino, ciudad al norte de la provincia de Buenos Aires. Trabaja en el control de la calidad de las plantas en una empresa agrícola y en la siembra de maíz en otra compañía químico-farmacéutica. Fue mamá a los 17 y se separó de quien era su pareja antes de que el bebé cumpliera un año. El padre, trabajador de una fábrica de alimentos, comenzó a pagarle una cuota pequeña cuando el niño tenía 11, a quien veía aproximadamente dos veces por semana. Ante el pedido de aumentarla, él respondía que no podía más, que tenía otro hijo y “no llegaba”. “Se volvió muy cansador insistir. Durante años preferí estar tranquila antes que recibir tantos ‘no’ de su parte. Hoy me duele más su ausencia por lo que significa afectivamente para mi hijo que lo económico”, comparte Florencia.

Un estudio sobre el incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires realizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual revela que la evasión de la responsabilidad alimentaria es independiente de la condición laboral de los progenitores. No es una cuestión de clase, sino un problema estructural que profundiza las desigualdades de género. La mitad de las encuestadas señalaron que directamente no reciben ningún tipo de aporte.

Prado Sánchez, que acompañó un centenar de casos de este estilo, asegura que los motivos para no pagar lo que corresponde abarcan desde que el progenitor tenga otro hijo, hasta los gastos extra que implica una mudanza —a pesar de que en la mayoría de los casos no conviven con sus hijos— o la negación a que la madre maneje el dinero y disponga su destino libremente. Una de las consecuencias es un menor tiempo de calidad entre las madres y sus hijes. Así lo explica: “Si no reciben lo que les corresponde, terminan buscando otro trabajo para cubrir los gastos o llaman a abuelas y tías para cuidar a les niñes mientras viven preocupadas detrás de un expediente judicial. Es desesperante”.

Para aliviar los gastos, Florencia decidió que su hijo pasara una semana con cada progenitor, hasta que el adolescente no quiso ir más, y la responsabilidad económica volvió a recaer sobre ella. “Hasta acá llegué”, dijo y aceptó el ofrecimiento de una amiga abogada que le propuso no cobrarle por su trabajo. En la primera reunión de mediación, Florencia pidió entre un 20 y un 25 por ciento del sueldo del padre. Él ofreció un 15 por ciento. Finalmente, se dispuso retenerle un 18 por ciento de lo que recibe en su cuenta sueldo. “Se logró porque mi abogada insistió mucho. Es todo muy denso. Demasiadas vueltas para algo que debería ser más sencillo”, reflexiona Florencia.

La semana pasada, el Senado bonaerense comenzó a tratar un proyecto de ley enviado por el gobernador Axel Kicillof que busca “facilitar los mecanismos de reclamo de la cuota alimentaria para garantizar el cumplimiento del derecho de las infancias, fortalecer la autonomía de las mujeres que litigan por este tema y lograr una respuesta judicial rápida y flexible”. Un antecedente de esta medida es la política bonaerense que le impide renovar el registro de conducir a los deudores alimentarios.

Por su parte, la dirigente Ofelia Fernández propuso el año pasado reformar el Código Civil, para que la Justicia persiga a quienes no pagan, y crear un fondo estatal financiado por el impuesto a las ganancias a los jueces que permita costear la cuota alimentaria de los procesos trabados. “Que paguen los padres o los jueces, no solo las madres”, concluyó en la presentación.

La carga económica y mental sobre las mujeres

Selene, maestra, doula comunitaria y vecina de San Martín, reconoce como una de las victorias más grandes de su vida el día en que le embargaron parte del sueldo al padre de sus cuatro hijas para pagar la cuota alimentaria. Ocurrió tras seis años de insistencia y no fue por arte de magia: la asistió la Defensoría de pobres y ausentes de San Martín.

Al principio, Selene también había recurrido a una mediación, en la que pidió el 40 por ciento del salario del progenitor. Las cuatro niñas estaban en edad escolar y vivían con ella, que siempre se encargó de pagar el alquiler y de llevarlas a la escuela y a todas sus actividades recreativas. No llegaron a un acuerdo. “Él tenía muy poco registro de los gastos a asumir, con su discurso de ‘te paso lo que puedo’”, recuerda Selene. Efectivamente, el padre dejó de mostrar sus recibos de sueldo ante la Justicia, por lo que dos años después el juzgado competente se comunicó directamente con su empleador para retener parte de sus ingresos.

Esto no sucede siempre. Según Prado Sánchez, “hay empresas que se demoran en el pago de la cuota alimentaria, lo que da cuenta de una complicidad con esos padres incumplidores”. En ese sentido, refuerza que para el área de Recursos Humanos de una compañía puede resultar un expediente más, pero “es una familia que no llega a fin de mes”. Según el Índice de Crianza del INDEC; los costos de bienes y servicios y el cuidado que precisa un niño o niña es de entre 309.616 y 388.010 pesos mensuales según la edad.

Además de gastos corrientes como la alimentación, los útiles escolares o la vestimenta, tanto Selene como Florencia y Carolina mencionan otros costos extraordinarios que contribuyen a la calidad de vida de sus hijes y no entran en el radar de los deudores alimentarios: desde regalos para los cumpleaños de sus amigos, hasta actividades extra escolares como fútbol o campamentos recreativos. “La organización de esa agenda y el costo de esos espacios habitualmente es una carga mental, económica y emocional materna”, afirma Selene.

En el país hay más de 1.600.000 mujeres a cargo de hogares monomarentales, es decir, con niñes y sin presencia de cónyuge. Esto representa al 11,7 por ciento del total de viviendas según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre de 2022. Sus ingresos son un 19,8 por ciento menores que el de la media y el 26,1 por ciento de estas mujeres no alcanza la canasta básica individual. A su vez, en esas casas viven más de tres millones de niñes y adolescentes.

Selene, que hoy acompaña el embarazo, parto y posparto de otras madres, considera que el Estado le tiene que creer más a las mujeres. “En mi caso, además, hubo todo un proceso de denuncia por violencia de género y una perimetral. Es una situación entre las tantas de mujeres comprometidas con la crianza y este trabajo enorme que es sostener la vida, el famoso amor no pago. Ahí hay una tarea importante del feminismo que es seguir manifestando el deseo de hacer cosas por nosotras mismas más allá de ser madres y aportar a la construcción de un sistema más justo y empático”, concluye.