La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este jueves las restricciones impuestas al acceso a una píldora abortiva, la mifepristona, pero el presidente Joe Biden advirtió que "la lucha" por los derechos reproductivos continúa. En una audiencia previa celebrada en marzo los nueve magistrados de esa instancia de mayoría conservadora se habían mostrado ya reticentes a restringir el uso y la circulación de la píldora.
En su fallo unánime, los nueve jueces del tribunal, de mayoría conservadora, afirmaron que los médicos y los grupos antiabortistas que impugnaban el medicamento carecían de legitimación para presentar el caso. Por consiguiente, anularon un fallo en apelación, que de todos modos ya habían suspendido.
El predecesor y rival de Biden en las elecciones de noviembre, Donald Trump, lidera el Partido Republicano, ampliamente favorable a las restricciones del acceso al aborto.
Biden y los grupos proderechos reaccionaron con cautela al dictamen de la Corte Suprema, de mayoría conservadora, que dejó la puerta abierta a combatir la mifepristona en otros foros. "La decisión de hoy no cambia el hecho de que la lucha por la libertad reproductiva continúa", afirmó Biden en un comunicado. "Los ataques al aborto con medicamentos forman parte de la agenda extrema y peligrosa" de los republicanos "para prohibir el aborto en todo el país", añade.
Nancy Northup, presidenta del Centro de Derechos Reproductivos, expresó "alivio y rabia" por la decisión. "Lamentablemente, los ataques contra las píldoras abortivas no se detendrán aquí", dijo Northup. "Al final, esta sentencia no es una 'victoria' para el aborto: sólo mantiene el statu quo, que es una grave crisis de salud pública", estimó.
El derecho al aborto es uno de los principales temas de las elecciones de noviembre y el gobierno de Biden pidió a la corte que mantuviera el acceso al medicamento, que fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en 2000.
"Reconocemos que muchos ciudadanos, incluidos los médicos demandantes aquí, tienen preocupaciones sinceras y objeciones a que otros usen mifepristona y se sometan a abortos", recalcó el magistrado Brett Kavanaugh. "Pero los ciudadanos y los médicos no tienen legitimación activa para demandar simplemente porque a otros se les permite realizar ciertas actividades", añadió. "Los demandantes carecen de legitimación activa para impugnar las acciones de la FDA", insistió.
El juez conservador estimó que los tribunales federales son "el foro equivocado para abordar las preocupaciones de los demandantes sobre las acciones de la FDA". En su opinión pueden exponer sus objeciones a través de procedimientos regulatorios o mediante "procesos políticos y electorales".
En junio de 2022 la Corte Suprema anuló el derecho constitucional al aborto que llevaba medio siglo en vigor y dio a los estados plena libertad para legislar en este ámbito.
Desde entonces unos 20 estados han prohibido o restringido la interrupción voluntaria del embarazo pero las encuestas demuestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan el acceso al aborto seguro.
Los opositores al aborto intentan restringir el acceso a la píldora en todo el país, alegando que no es segura y que los médicos contrarios al aborto se ven obligados a ir en contra de su conciencia cuando se ocupan de pacientes que sufren complicaciones después de usarla.
La demanda había sido presentada por la Alianza para la Medicina Hipocrática, un grupo de médicos religiosos que en su manifiesto proclama que el aborto no constituye un "cuidado de la salud" e implica además "daños potenciales" para las mujeres.
La denuncia se presentó en 2022 en un tribunal de Texas y el juez Matthew J. Kacsmaryk, designado por el exmandatario Donald Trump (2017-2021) y abiertamente opuesto al aborto, emitió un fallo preliminar invalidando la aprobación del medicamento y retirándolo del mercado.
Un tribunal de apelaciones anuló esta prohibición total pero restringió el acceso al medicamento reduciendo el período durante el cual se puede usar la mifepristona de 10 semanas de embarazo a 7 semanas, impidiendo su envío por correo y exigiendo que la píldora sea recetada y administrada por un médico.
El fallo de la Corte Suprema levanta estas restricciones.
El aborto con medicamentos representó el 63% de los practicados en el país el año pasado, frente al 53% en 2020, según el Instituto Guttmacher.