Organizaciones defensoras de los inmigrantes demandaron en una corte federal de Estados Unidos la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que restringe de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, argumentando que es inconsistente con un estatuto que lo rige.
La orden, que entró en vigencia el pasado 4 de junio, permite a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días. La demanda, encabezada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), argumenta que la regulación es rotundamente inconsistente con el estatuto de asilo que promulgó el Congreso, que permite a los inmigrantes presentar solicitudes de asilo ya sea que entren o no por un puerto de entrada.
En contra de la orden ejecutiva
Además, los demandantes advierten que la medida también crea obstáculos potencialmente insuperables para que los migrantes busquen otros tipos de protección, según señaló ACLU en un comunicado. Los defensores de los migrantes aseguraron que la nueva orden hace eco de la anterior prohibición de entrada de asilo impuesta por la Administración de Donald Trump en 2018, que fue derrotada en las cortes.
Los demandantes aseguran que la restricción cerrará efectivamente cualquier acceso a la protección de asilo para la gran mayoría de las personas que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, sin importar cuán fuertes sean sus reclamos, dijo el abogado Lee Gelernt, directivo de ACLU. "La Administración Biden carece de autoridad unilateral para anular el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo uno ingresa al país, un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la administración Trump intentó sin éxito una prohibición casi idéntica", agregó.
Melissa Crow, del Centro de Estudios de Género y Refugiados, que también participa en la demanda, indicó en otro comunicado: "La orden exacerba el caos en nuestra frontera sur, socava el trabajo vital de los grupos de ayuda humanitaria y legal y resultará en deportaciones injustas de refugiados a países donde enfrentan persecución y tortura".
La demanda, presentada en una corte federal de Washington, pidió al tribunal que ponga un alto a la implementación de la medida. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo al medio ABC el domingo pasado que está listo para defender la orden emitida en las cortes. "No es sólo una cuestión de asegurar la frontera, tenemos la obligación humanitaria de mantener a las personas vulnerables fuera del alcance de los contrabandistas explotadores", señaló el secretario.
Esta es la iniciativa migratoria más severa firmada por Biden en contra de la inmigración irregular y se da faltando menos de cinco meses para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales donde busca la reelección, y donde todo indica se enfrentará al expresidente Donald Trump.
Posturas divididas en Arizona
Mientras tanto, las autoridades fronterizas en el sur de Arizona se encuentran divididas sobre el efecto que tendrá la orden ejecutiva del presidente Joe Biden. Mientras algunos la califican como un primer paso en la dirección correcta, otros simplemente consideran que la medida no aliviará la crisis migratoria y lamentan que la Casa Blanca haya cedido a las presiones de los republicanos.
"Es bueno que el presidente Biden haya firmado una orden que busca tener un impacto en la frontera, es algo que yo mismo había pedido por mucho tiempo”, dijo a EFE el alcalde de Yuma, Douglas J. Nicholls, que mantiene desde 2021 una declaración de emergencia ante el alto flujo de migrantes en su sector. Aún así, Nicholls lamenta que el mandatario estadounidense haya esperado hasta los últimos meses de su presidencia y cuando busca la reelección para tomar esta medida. “Estas personas dicen estar escapando de la violencia, pero no necesariamente tienen que vivir aquí (en los Estados Unidos), otros países también los pueden acoger y estar a salvo”, precisó el alcalde.
Para otros funcionarios, la orden emitida por la Casa Blanca no resolverá el problema migratorio. “Esta orden ejecutiva no va a ayudar nada. Pobre del presidente Biden, cree que si se pone más duro en el tema migratorio va a ganar votos conservadores en las elecciones de noviembre”, dijo a EFE el jefe del Departamento del Alguacil del condado Santa Cruz, David Hathaway.
El condado de Santa Cruz incluye a la ciudad de Nogales, uno de los puertos de entrada más ocupados entre México y Arizona. Hathaway aseguró que la mayoría de migrantes que están llegando son gente buena y trabajadora y no los criminales de los que habla Trump en sus campañas. “Nogales es una de las ciudades con un índice más bajo de criminalidad en la frontera y en los Estados Unidos" afirmó el alguacil.
