La aprobación en general de la Ley Bases generó repercusiones en la escena pública local. Un sondeo de este diario entre algunas voces concluyó en la idea de que la gran herramienta legislativa que obtuvo el gobierno de Javier Milei implica la entrega final del país hasta aquí conocido, sus conquistas sociales, sus derechos adquiridos. Incluso, hay quien teme que –RIGI mediante– sea la puerta abierta a dinero sucio con poder de comprar recursos y servicios clave del país. Sin embargo, ayer el gobernador Maximiliano Pullaro eligió pronunciarse y en público avaló positivamente el OK del Congreso a la polémica ley.
Daniel Erbetta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, advirtió ante la consulta de Rosario/12 el riesgo implícito que conlleva el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). "Tal como estaba planteado, van a generar una gran facilidad para que vengan dineros provenientes de fondos sucios, del narcotráfico; y al privatizar muchas empresas vinculadas con la energía, el gas, se corre el riesgo que esos grupos terminen comprando empresas estratégicas para el funcionamiento de cualquier gobierno" analizó.
A eso le agregó el blanqueo de capitales que permitirá la norma. "Entonces la invitación es prácticamente completa. Y si además agregamos que han dictado una resolución, la n° 10/2024, de la Inspección General de Justicia que desregula todo tipo de control a las llamadas sociedades vehículo, las sociedades off shore, que no tendrán necesidad de presentar documentación... no se... dólares va a haber, pero después no digamos que nos desgarramos las vestiduras combatiendo el narcotráfico o el lavado de dinero. Ojalá los dólares que vengan no sean esos", se preocupó.
"El instrumento está, hay que ver cómo se lo use. Me parece una falta de responsabilidad de los legisladores que no reparen en esta cuestión. No es común en ningún país capitalista fuerte", cerró.
Oscar Blando, abogado constitucionalista. "El Presidente Milei mediante el DNU 70/23 que es absolutamente incompatible con la Constitución Nacional y mediante la delegación legislativa otorgada por la Ley Bases, propone un modelo concentrador del poder que afecta la división de poderes, recorta el monopolio de la función legislativa en cabeza del Congreso, órgano representativo de la voluntad popular, y restringe la deliberación democrática y pública de los asuntos comunes.
Pero más aún, con ambas normas el propósito es hacer una reforma constitucional encubierta, que no sigue los procedimientos previstos para su modificación. En los propios fundamentos de la Ley Bases, tema no advertido en su importancia, se dice expresamente que la “crisis” que vive el país se debe a “haber abandonado el modelo de democracia liberal y la economía de mercado plasmado en nuestra Constitución de 1853 y haber avanzado a un modelo de democracia social…” Por ende, la “solución” que proponen es avanzar con un conjunto de medidas para “restituir” esa “democracia liberal y reformar el estado”. Es decir, lo que se está haciendo es modificar mediante normas inferiores, el orden socio económico plasmado en la Constitución vigente, tanto con las reformas del 14 bis y, especialmente, con la reforma de 1994 a través del reconocimiento constitucional y convencional establecido con la incorporación de los instrumentos internacionales de DDHH (art. 75, inc 22).
Esto afecta principios garantizados en nuestra Constitución vigente: principios de protección al trabajo (art 14 bis); de justicia social (art 75, 19); de irreversibilidad de los DDHH (art 33); de progresividad (art 75, inc 22 y 23); de igualdad social sustancial (art 75, inc 23); de no discriminación (art. 16, 75, inc 22 y 23) y afecta otros principios aludidos como la “solidaridad”, la igualación de oportunidades, el desarrollo humano” (art. 75, inc 17 y 19).
La pregunta es: ¿queremos un “gobierno de la ley” o un gobierno de Ejecutivo concentrado? El DNU y la delegación de facultades de la Ley Bases nos llevan al segundo dilema y por eso constituyen instancias perturbadoras de la democracia", concluyó Blando.
De los tres senadores nacionales por Santa Fe, Marcelo Lewandowski fue el que votó en contra de la ley, a diferencia de los radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto. Habló en la sesión crucial y ayer volvió a eso en Sí 98.9. "Esta ley viene a complementar el DNU 70/2024. No hay una mirada productiva, una mirada de desarrollo con nuestros recursos naturales. Tenemos una reserva cuantiosa de gas cuando en el mundo quedan sólo 25 años de combustibles fósiles, pero en lugar de pensar estratégicamente lo que se piensa es en exportarlo y que las divisas queden en manos privadas que se las lleven", ejemplificó.
Martín Lucero, Sadop Rosario. "Es un retroceso enorme, y muestra cuánto está de corrida la representación política respecto de la ciudadanía. Es increíble que Galaretto, senador del sur de la provincia de Santa Fe, haya votado a favor de esta ley que va a destruir empresas de San Lorenzo, del cordón industrial. No opino de Losada porque no vive en Santa Fe, lo cual demuestra también lo mal que está el sistema político argentino. Losada mientras se fundan las todas empresas de Santa Fe Losada sigue viviendo en Buenos Aires. Y está mal que un gobernador lo apoye porque esto nos hace mal, profundizará la pobreza que vamos a sufrir los santafesinos. El gobernador debe elegir si tiene una postura más parecida a lo de Lousteau aunque todo indica que se ha abrazado al mileísmo. La manifestación de la Ley Bases es una clara muestra de lo que nos queda esperar en Santa Fe del gobierno de Pullaro. Aplicarán ajuste y si no entra por la razón lo harán por la fuerza. En Santa Fe tampoco se respetan las garantías y los derechos constitucionales, lo vimos cuando los paros docentes.
Mariano Romero, concejal bloque Justicia Social. "Es una entrega definitiva de la patria, la péridda de los derechos para la gran mayoría de los argentinos. Legislar contra el 99,9% de los argentinos pudiendo privatizar empresas estratégicas, otorgándole superpoderes al presidente rompiendo con el esquema democrático de división de poderes. Además rompe con derechos laborales, premiando a empresarios que tiene trabajadores sin registrar, eliminando multas por esa falta, teniendo un sistema blanqueo excepcional para lavado de activos, con la posibilidad de que las multinacionales rompan el esquema pyme, el entramado productivo industrial argentino, con el RIGI. De proliferar y aprobarse completamente en todos su capítulos lo que hará será destruir la patria como la conocemos y pasaremos a tener una Argentina profundamente desigual".
El expresidente de la Unión Industrial Argentina Ignacio De Mendiguren anduvo ayer en Rosario y continuó su prédica frontal contra lo que llamó "la oportunidad perdida". "Hay que doblar la apuesta porque Argentina tiene mucho por delante para dar el salto definitivo al desarrollo. Por ejemplo, tenemos gas, pero Nigeria lo tiene, y también Noruega. Qué proyecto vamos a seguir. En Nigeria dieron cabida a multinacionales y se llevaron todo, Noruega en cambio lo utilizó en pos de su desarrollo. Cuando descubrió petróleo dijeron no queremos ser un país con petróleo, queremos ser petroleros", comparó. "Argentina tiene litio, gas, petróleo. Afuera nos consideran un activo público global porque son recursos que en el mundo están en crisis. Nos están diciendo que nos tienen en cuenta, pero no nos piden que entreguemos todo. Es cuestión de querer ser socios o colonia. La lucha es donde se agrega el valor. El mundo quiere a Argentina proveedora de materia prima y recursos naturales, el tema es cómo nos paramos nosotros. Hoy le vendemos al mundo lo que vale poco y compramos lo que vale mucho. Entonces sí o sí caemos en crisis cada 4 años porque los dólares no alcanzan. Hoy el 85% del trigo lo exportamos a granel: 200 dólares tonelada, contra 2200 hecho galletitas. La ocupación es ideológica, cultural. Hoy Argentina la maneja una gran mesa de dinero donde no distinguen un ternero de una vaca, ni un bulón de una tuerca, solo responde a sus intereses" remarcó.
Pullaro, a favor
Para el gobernador, la aprobación de la ley en el Senado "es importante para que el Gobierno nacional pueda comenzar a tener un impulso; es un mensaje también a los mercados, y que nos va a permitir recibir inversiones, fundamentalmente del exterior, y que nuestras economías puedan comenzar, así que lo valoro de manera positiva", dijo.
Compensó con un reclamo a Nación, al pedir entonces que "nos dé los recursos que antes venían, los subsidios al transporte, al sistema educativo, a la obra pública cortada, a medicamentos de alto costo, en alimentos. Eso lo estamos sosteniendo nosotros, hasta estamos reparando rutas nacionales con fondos propios, cosa que no nos corresponde, cuando la Provincia sigue aportando tres veces más al Estado Nacional de lo que vuelve".
