La Sala I de la Cámara de Apelaciones de Morón, en fallo dividido, accedió al pedido de la defensa del cura Julio César Grassi para que se le aplique el beneficio del dos por uno a quien tiene una condena firme a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores. La medida, que será apelada ante la Cámara de Casación, generó una fuerte polémica, sobre todo porque retoma el repudiado criterio de la Corte Suprema de la Nación al beneficiar a represores condenados por crímenes de lesa humanidad. En los hechos, Grassi seguiría preso hasta el 10 de agosto de 2026, con lo cual estaría en la cárcel un año y nueve meses menos. “El escándalo se debe a que Grassi está detenido desde 2002 y la ley del dos por uno fue derogada en 2001; que Grassi tiene condena firme desde marzo de este año porque lo decidió la Corte Suprema de Justicia y el dos por uno beneficia sólo a los procesados. Y por último, porque la ley no es aplicable a un reincidente, y Grassi tiene una condena a dos años de cárcel por pagar el alquiler de la quinta La Blanquita con fondos de la Fundación Felices los Niños”. 

En diálogo con PáginaI12, el abogado Juan Pablo Gallego, querellante en la causa contra el religioso, anticipó que apelará la decisión de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón, y destacó el fallo en disidencia del camarista Diego Grau, quien se opuso a la postura de la mayoría, integrada por los jueces Fabián Cardoso y Elizabet Fernández. El abogado querellante, que en el juicio representó a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, sostuvo que al analizar la ley del dos por uno “no hay posibilidad de hacer dos interpretaciones y bien lo dijo el juez Grau en su voto disidente, donde aseguró que la decisión es ilegal y constituye un amparo a la impunidad, de manera que estoy convencido de que será revocada cuando llegue a la Cámara de Casación”. 

Gallego dijo que van a “impugnar el fallo porque esto tiene que ser corregido rápidamente, porque la medida tiene que ser revocada”. Por otra parte, el abogado querellante dijo que será importante saber “la opinión de la Iglesia, y la del Papa Francisco, teniendo en cuenta la existencia de la tolerancia cero” contra la pedofilia en el ámbito religioso. 

Lo cierto, por ahora, es que la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Morón aceptó el pedido de la defensa de Grassi y de ese modo acompañó la decisión en igual sentido, la de otorgar el dos por uno a Grassi, que había sido dispuesta en abril por el Tribunal Oral 1 de Morón, que fue el que condenó al cura a 15 años de prisión. 

La condena había quedado firme el 21 de marzo pasado, por decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “El tribunal 1 de Morón dijo que debe aplicarse el dos por uno por un breve período de un año y nueve meses que corresponde a la supuesta prisión domiciliaria de Grassi”, señaló Gallego. Para justificar su postura respecto de que debe rechazarse el fallo de la Cámara, recordó que la Corte Suprema “se pronunció en contra de la aplicación de este beneficio que responde a una ley derogada. Incluso se ha dictado una ley reglamentaria indicando que de ningún modo podía aplicarse a favor de reclusos con condena firme y éste es precisamente el caso de Grassi”. 

En noviembre del año pasado el cura acumuló una nueva condena, esta vez por la utilización de fondos de la Fundación Felices los Niños para fines personales. Gallego recordó, incluso, que Grassi también deberá enfrentar otro juicio por desvío de fondos vinculado a ciertas donaciones que tenían como destino a la fundación, pero que eran enviados a la Unidad Penitenciaria 41 de Campana, donde el religioso cumple su condena. Lo que se investiga es si esos fondos eran enviados para mejorar la situación carcelaria de Grassi. 

Además, recalcó Gallego, “tiene una cuarta causa de la que no se habla tanto pero que no está cerrada sobre un supuesto abuso de menores en El Calafate, localidad que frecuentaba porque tenía allí una suerte de subsede de la Fundación Felices los Niños”. Debido al escándalo por los abusos sexuales y las sospechas sobre desvío de fondos, la Fundación fue intervenida por decisión del gobierno bonaerense. 

Gallego resaltó que es necesario que el Estado “pueda reorientar y racionalizar la tarea de la Fundación”, pero aclaró que es necesario tener en cuenta que “esta macroinstitución fue armada por Grassi con enormes fondos provenientes del gobierno de Carlos Menem y por eso sería muy bueno que conserve un destino que tenga que ver con la protección de los niños”.

De todos modos, advirtió que será necesario “repensar cómo fue que algo tan enorme, que fue armado evidentemente con intenciones de realizar negociados, y violación de menores puede volver a ser algo útil y beneficioso para los niños”. Grassi fue condenado a 15 años de prisión en 2013, luego de un largo proceso que comenzó a partir de una denuncia formulada a través del programa Telenoche Investiga.