La fenecida ley ómnibus perdió capítulos con el correr del tiempo y los descalabros del gobierno, aunque los resabios en pie no dejan de conservar su esencia neocolonial. El Senado fue, hasta la madrugada de ayer, el escenario de la última etapa de desguace de la versión acotada de la denominada ley Bases, poda que no le impide al presidente Javier Milei ilusionarse con ejercer ansiadas facultades delegadas en varias materias, avanzar con su política de ajustes, arrasar con organismos y empleados públicos, y ofrendar al fin a sus mandantes del país y del exterior un suculento régimen de negocios con insignificantes contraprestaciones. La poda también alcanzó al paquete fiscal.

El título 1, aprobado arañando con el voto de Victoria Villarruel, es el que le concede a Milei la declaración de emergencia y por ende la delegación de facultades especiales durante un año para prescindir de lo que el Presidente denomina “nido de ratas” (el Congreso mismo) en decisiones sobre cuatro materias específicas: administrativa, económica, financiera y energética. En el proyecto original las emergencias eran 11, pero siete quedaron en el camino.

Donde también desempató la vicepresidenta fue en la reforma del Estado y las privatizaciones, e incluye un amplio abanico de temas, que incluyen la reorganización administrativa (facultades para cambiar o eliminar competencias y funciones dispuestas por ley, para disolver, fusionar o transferir organismos y fondos fiduciarios, entre otras), las privatizaciones y/o concesiones de empresas y sociedades del Estado (de las que resignó en la rosca previa a Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, y que incluye a Energía Argentina SA, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, entre otras), las modificaciones de procedimientos administrativos (excluye la aplicación de la ley ídem en empresas y sociedades del Estado, donde se aplicará el derecho privado) y en el régimen de empleo público (para facilitar las “disponibilidades” en los organismos afectados por la “reestructuración”).

En este punto, el oficialismo terminó por aceptar un pedido de la oposición dialoguista que incluyó una exigencia en el proceso de privatizaciones y que intervenga la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones más la participación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). También quedó que intervendrá la Auditoría General de la Nación (AGN) para que evalúe "el cumplimiento de los aspectos legales y financieros”.

Moratoria jubilatoria

La continuidad de la moratoria previsional fue quizá lo mejorcito de los cambios aceptados por el oficialismo. Esto permitirá, sobre todo a las mujeres, poder llegar a la jubilación pagando los años que trabajaron y que nos empleadores no les hicieron los aportes. La caída de la moratoria implicaba que 9 de cada 10 mujeres no podría jubilarse a los 60 años y debería esperar hasta los 65 años para acceder a una PUAM.

En cuanto al título 7, que también votaron tres senadores de Unión por la Patria, es el denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La primera modificación apuntó a que estará dirigido a la “foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología” que cumplan con los requisitos previstos. También incluyeron a los proveedores locales que podrán participar “como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión”. Esto se mantendrá durante las etapas de construcción y operación. El otro punto que incluyeron es el límite a la obligación de liquidar en el mercado de cambios. Se refiere a las divisas que ingresen por exportaciones de productos y que en los dos primeros años será de un 20%, luego del 40% y el 100%, a partir de los cuatro años.

El paquete fiscal

En lo referido al blanqueo de capitales, las modificaciones realizadas prohíbe el blanqueo de criptomonedas en el exterior. Por otra parte, se definió que los inmuebles a nombre de sociedades sólo se podrán blanquear si estaban declarados por la sociedad. 

En cuando al blanque que pueden realizar funcionarios se definió que recién lo podrán hacer una vez que pasaron 10 años de haber salido de la función pública. En cuando a los parientes, la prohibición alcanza a hermanos y todos los de primero y segundo grado.

En cuando a Bienes Personales, durante la votación en particular se rechazaron todas las modificaciones a este impuesto que establecía una suba del 20% en las alícuotas para quienes ingresen al blanqueo. 

Impuesto a las Ganancias

La votación de madrugada en el Senado incluyó el rechzo a los cambios que se habían realizado en el impuesto a las ganancias. El restablecimiento de la cuarta categoría fue rechazada por 41 votos contra 31. Esta derrota en los votos impactó en el oficialismo porque el Gobierno pretendía conseguir dinero fresco. Es más, este era uno de los elementos que usaban para bajar el impuesto País.