En Brasil, el aborto es legal en casos de violación, malformación cerebral del feto, y si se trata de un embarazo que pone en riesgo la vida de quien gesta. En esas tres circunstancias, no hay un plazo máximo para la realización del procedimiento. Sin embargo, un nuevo y polémico proyecto de ley en ese país plantea, a través de una modificación del Código Civil, penas de cárcel similares a las de un homicidio para quienes interrumpan un embarazo después de las 22 semanas, incluso en casos de violación.
Los sectores conservadores con influencias evangelistas que presentaron la controversial reforma consiguieron este miércoles que su proyecto pasara directamente al plenario de la Cámara de Diputados de ese país, sin ser debatido antes en las comisiones, lo que encendió las alarmas de agrupaciones feministas y progresistas.
En tanto, al día siguiente, cientos de miles de mujeres se plegaron en las calles de numerosas ciudades de Brasil para protestar contra esta avanzada retrógrada en materia de salud sexual y derechos humanos. São Paulo y Río de Janeiro fueron los epicentros de estas multitudinarias manifestaciones, donde activistas levantaron carteles con consignas como "Niñas, no madres" y "Aborto legal, ya".
La reforma conservadora califica como "homicidio simple" cualquier aborto que se practique después de la semana 22, incluyendo los que son para detener una gestación producto de una violación. Después de ese límite, se considera que la vida del feto es viable fuera del útero. En estos casos, la nueva norma prevé un castigo de seis a 20 años, el doble del que puede recaer sobre un violador. Esto puede afectar especialmente a niñas y jóvenes víctimas de violación, que a menudo no se atreven a hablar de estos crímenes o no detectan indicios de embarazo hasta tiempo después.
El proyecto de Ley conservador lleva la firma del diputado Sóstenes Cavalcante, del Partido Liberal (PL), que lidera el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, contrario al aborto, a la "ideología de género" y a la legalización de las drogas.
En este marco, las protestas estuvieron dirigidas también hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, quien, por su parte, adelantó al diario O Globo que el proyecto será modificado para preservar los casos ya protegidos en la ley, y que, a pesar del carácter de urgencia para su trámite, "será ampliamente debatido" en la Cámara Baja, donde apenas 91 de los 513 escaños están ocupados por mujeres, lo que supone un 17,7%. Por el momento, no hay fecha para la votación del proyecto en la Cámara de Diputados.
"Si los hombres se embarazaran, el aborto sería legal", rezaba una consigna en un cartel, entre otras proclamas a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.
La portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Elizabeth Throssell, expresó preocupación por el avance del proyecto. "Este procedimiento de urgencia evita la discusión del proyecto en las comisiones parlamentarias. Y eso es un paso necesario para entender sus implicaciones y su conformidad con los estándares internacionales en derechos humanos", indicó a periodistas el viernes en Ginebra.
El gobierno de Lula Da Silva rechaza el proyecto antiabortista
Por otra parte, la gestión del presidente Lula da Silva condenó de forma tajante la iniciativa. "Es gravísimo; un retroceso a los derechos de las mujeres", afirmó este jueves en sus redes sociales la ministra de las Mujeres, Cida Gonçalves.
Y es que el proyecto de Cavalcante también va en contra de una reciente decisión de un magistrado de la Corte Suprema, que suspendió de forma cautelar una resolución del Consejo Federal de Medicina que prohibía la asistolia fetal, una técnica usada para interrumpir un embarazo en gestantes de más de 22 semanas, en casos de violación.
En su decisión, el magistrado Alexandre de Moraes aclaró que, en los casos de violación, "la legislación brasileña no establece expresamente ningún tipo de limitación circunstancial, procedimental o temporal para la realización del llamado aborto legal".
El Gobierno reaccionó a través del ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, quien calificó la propuesta del conservadurismo de "inmoralidad e inversión de los valores más básicos de la civilización".
Almeida consideró un "descalabro" y una "provocación" que las cámaras legislativas discutan si "una mujer violada y el violador tienen el mismo valor para el derecho, o peor aún, que el violador puede ser considerado menos delincuente que la mujer violada".
Agregó que el proyecto es "claramente inconstitucional" porque "hiere el principio de la dignidad de la persona humana y somete a la mujer violada a una indignidad inaceptable y discriminatoria".
