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Desde Córdoba
Exiguas, mínimas fueron las penas en el primer juicio a magistrados en esta provincia. “Imaginábamos que serían leves, pero no tanto”, le dijo a este diario Luis Baronetto, minutos después de que el Tribunal Oral Federal 2 diera a conocer el veredicto que arrancó insultos y cánticos de bronca y dolor en las más de 200 personas que, bajo la lluvia, se reunieron frente a una pantalla gigante al lado del palacete francés donde se desarrolló el proceso.
Con la foto de su esposa Marta González –una de los 31 presos políticos fusilados en la cárcel UP1 en 1976–, Baronetto no podía creer “la absolución de (Carlos) Otero Álvarez después de todo lo que se le ha probado con documentos y testimonios. Es una injusticia, un escándalo. La corporación que lo ha protegido durante 40 años lo sigue protegiendo”. De hecho, el primer desencadenante de este fallo que quedará en la historia oscura de la provincia fue que, durante el proceso de elevación a juicio, la calificación de los delitos se rebajó de “complicidad” con los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura a “incumplimiento de deberes de funcionario público; abuso de autoridad y encubrimiento de crímenes de lesa humanidad”. Algo que no ocurrió en Mendoza –por dar un ejemplo–, donde se juzgó y condenó a prisión perpetua a cuatro ex jueces federales por crímenes similares, encuadrados en la complicidad con el genocidio.
Los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta habían solicitado siete años de prisión para el ex secretario (y ex juez) Otero Alvarez; cinco para el ex juez Miguel Ángel Puga y para el ex fiscal Antonio Cornejo; y dos “en suspenso en atención a su edad” para el ex defensor Ricardo Haro, de 84 años. Pero ayer el tribunal integrado por Julián Falcucci, el riojano José Camilo Quiroga Uriburu y el entrerriano Jorge Sebastián Gallino, dictó dos condenas a tres años para Puga y Cornejo, y absolvió a Otero Alvarez y a Haro.
“La composición del tribunal ayudó a este final. Falcucci en un caso similar (en 2015) ya había liberado como ‘fedatario’ a un secretario penal de Santiago del Estero. Hoy con ese argumento dejó libre a Otero Alvarez. Si su criterio era tan inamovible, debió apartarse”, opinó el sobreviviente.
Este ha sido un proceso singular: por la investidura que tuvieron los acusados; porque sólo después de años se pudo integrar el tribunal (la lista de los apartados por amistad o enemistad es larga); porque se lo intentó invisibilizar al hacerlo en un edificio que no estaba en condiciones para un juicio de esta envergadura; y porque tampoco hubo registros taquigráficos. Las partes recibieron el material fílmico de las audiencias. La carencia de documental en papel generó discusiones sobre los dichos o no dichos de los testigos. Tal fue el caso del defensor Marcelo Brito, abogado de Otero Álvarez, quien aseguró en la audiencia final que el testigo Mario Asbert “mintió” en su declaración. Para Brito, Asbert dijo haber estado presente (el 12 de agosto de 1975) cuando fue secuestrado el abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) en la puerta de los Tribunales Federales. La querellante Patricia Chalup aseguró que el testigo dijo lo contrario.
Otro punto clave del proceso fue el caso de la “construcción” del expediente de Luis Baronetto, secuestrado en agosto de 1975 y mantenido en prisión hasta 1982. “Cuando la Cámara le pidió al juez (Adolfo) Zamboli Ledesma (ya muerto) que liberara a Baronetto –explicó Chalup–, Otero Alvarez sumó expedientes que involucraban a Baronetto con declaraciones hechas bajo tortura en la D2. Una de ellas, la de Bruno Van Cauelaert, no tenía ni sellos ni firmas policiales. Otero Alvarez certificó en el expediente que esa copia era fiel de su original y continuaron la causa contra el Belga y su esposa sin que nunca aparecieran los originales”. Chalup le apuntó al “celo profesional” del ex secretario: “Pero como no tenía los originales, hasta le envió una nota al general Gumersindo Centeno el 13 de junio de 1977, donde le pedía ‘remitir los originales de las declaraciones de los imputados. Cumplo en informar que las actuaciones que fueron remitidas a este tribunal son fotocopias mecanografiadas sin firmas de declaraciones presuntamente prestadas por los nombrados”. La flagrancia escrita y firmada, 40 años después.
“Tiempo nuevo”
En la última audiencia de réplicas y contrarréplicas hubo cruces encendidos entre la fiscalía y los defensores. El fiscal Carlos Gonella rebatió la estrategia del abogado Carlos Lescano Roqué –defensor del ex juez Puga y del ex fiscal Cornejo–, quien se escudó en la Ley 21.267 que establecía “un límite a los jueces y atribuía competencia militar” para desvincular a sus clientes. Lescano Roqué esgrimió: “Si no existe un deber legal que cumplir, no hay delitos. Acá no hay deberes morales”.
En la última etapa, los tecnicismos abundaron. Ya no se recordó, como lo hizo Gonella en su alegato, el caso de la joven Diana Beatriz Fidelman de 23 años, quien fue torturada y violada en la D2 y luego asesinada en la cárcel UP1. Diana había denunciado ante Otero Álvarez lo que los represores le habían hecho en la D2, y que le anunciaron que la iban a matar. “Siete meses y medio después de denunciar los tormentos ante el secretario, la asesinaron. En el medio –detalló el fiscal–, el juez Zamboni Ledesma autorizó a los torturadores de la D2, puntualmente a (Carlos “el Tucán”) Yanicellia trasladarla varias veces a ese sitio. Cada vez, la violaron, golpearon y amenazaron. Otero Álvarez no movió un dedo para denunciar estos hechos”, acusó.
La sistematicidad de los asesinatos en la UP1 no fue motivo de investigación para el juzgado de Zamboni Ledesma, ni de su secretario penal. Los 29 fusilamientos en falsas fugas desde mayo a octubre de 1976; el estaqueamiento hasta la muerte del médico santiagueño René Moukarzel el 14 de julio; el asesinato de Raúl Bauducco, con un balazo en la nuca ante más de cien personas en el patio de la cárcel; el fusilamiento del abogado Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), sobre cuya muerte anunciada el testigo Manuel Canizzo dijo haber advertido, rogado en persona a Otero Álvarez que “por favor lo citara para salvarle la vida”, nada fue investigado. Como tampoco lo fue la supuesta, imposible fuga de Pablo Balustra, de 33 años, a quien habían dejado cuadripléjico a golpes y terminaron fusilando. Desde el juzgado se limitaron a “dar por extinguidas” las causas que pesaban sobre las víctimas “por fallecimiento”.
La actitud de la defensa de los reos fue de fuerte confrontación con la fiscalía. Marcelo Brito se regodeó: “Ahora entramos en otro tiempo, por suerte. Vamos a revisar...”.
Tanto la prueba documental como la oral fue abrumadora. Y por primera vez desde que comenzaron los juicios en 2008, se conocieron las fotos del joven Horacio Siriani, a quien torturaron y mataron en la D2 en abril de 1975, según describió la fiscalía. El de este muchacho fue un crimen inicial en esta causa. Por él fue que su padre –que abrió el cajón y le sacó fotos al cadáver aún cuando los represores se lo habían prohibido– buscó como abogados defensores a Miguel Hugo Vaca Narvaja (h) y Miguel García. Por él, Zamboni Ledesma y Otero Álvarez hicieron una inspección ocular en la D2 casi un año antes del golpe, y pudieron constatar el (mal) estado de las víctimas del entonces Comando Libertadores de América.
Los fiscales habían solicitado que “se restituya a la familia Siriani el legajo limpio de Horacio, declarar nulo todo lo actuado contra él”. Gonella arguyó que por esta causa se los detuvo a los abogados García y Vaca Narvaja. Uno pudo salvar su vida. Al otro lo mataron. El pedido se fundó en que “la causa Siriani tuvo una incidencia directa en dos casos de este juicio”. Pero el tribunal rechazó esa reparación. Con su fallo, dejó en claro que la Sagrada Familia judicial de Córdoba eligió acorazarse y cerrar filas.
