Diputados nacionales y representantes de organismos de derechos humanos --incluyendo Abuelas de Plaza de Mayo-- se unieron para repudiar la brutal represión y exigir la liberación inmediata de todos los detenidos durante las manifestaciones de este miércoles contra la Ley Bases. En conferencia de prensa desde la sede del Sepraj, el diputado nacional Leopoldo Moreau (Unión por la Patria) adelantó que este martes va a realizar una denuncia ante organismos internacionales contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La represión, que tuvo lugar durante el tratamiento en el Senado de la Ley Bases, dejó un saldo preocupante de abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Según el abogado Roberto Torres, los 33 detenidos fueron "humillados" por efectivos de la Policía de la Ciudad. Torres describió cómo uno de sus defendidos fue golpeado brutalmente y dejado tirado sin pantalones, siendo objeto de comentarios humillantes por parte de la policía.
Además, las mujeres detenidas denunciaron haber sido esposadas y mantenidas en móviles policiales durante horas. “Las mujeres estaban esposadas tiradas en un pasillo”, detalló la diputada nacional Myriam Bregman en la conferencia de prensa y destacó las condiciones ilegales e inhumanas de su detención."Esto fue una orden de Patricia Bullrich, quien decidió venir a golpear y reprimir. Esto no se puede permitir", agregó la legisladora del PTS.
"Repudiamos el operativo y exigimos la inmediata libertad de los detenidos", reiteró Bregman, quien pidió que luego de la conferencia la acompañen a Comodoro Py para amplificar el pedido a la Justicia.
Durante la conferencia, representantes de Amnistía Internacional y Abuelas de Plaza de Mayo se sumaron a las voces de repudio, exigieron justicia y el cese de la represión. Denunciaron que las acciones del gobierno y la justicia constituyen un ataque directo a los derechos fundamentales y a la libertad de expresión.
En este sentido, el abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CPDH) denunció que sus defendidos fueron retenidos en alcaidías porteñas sin comunicación adecuada y bajo condiciones ilegales. Las detenciones, descritas como una "cacería con motos", muestran un patrón preocupante de irregularidades y abusos.
La detención arbitraria, la incomunicación y los traslados sin notificación reflejan un modus operandi que "preocupa a todos los defensores de derechos humanos", agregó el letrado.
Patricia Bullrich será denunciada ante organismos internacionales
Por su parte, el diputado nacional, Leopoldo Moreau, indicó que el objetivo inmediato es "lograr la inmediata libertad de todos los detenidos".
“Después vamos a ir por la ministra (Patricia) Bullrich que es la principal responsable de llevar adelante estas políticas. Es una mercenaria de la violencia de todos los gobiernos de derecha en Argentina. En complicidad con el fiscal Stornelli, famoso armador de causas judiciales, están intentando que este estado de excepción se consolide a través de un fallo judicial, por eso es importante voltear esta causa inmediatamente”.
Y añadió: “Hay que denunciarlos frente a organismos internacionales, que es lo que vamos a hacer el martes, contra la ministra Patricia Bullrich, al alto comisionado de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, precisó.
Indagaciones y traslado a unidades penales
La jueza federal María Servini indagó a los primeros 10 detenidos bajo la órbita federal, mientras se espera que durante este viernes resuelva sobre la solicitud de liberación presentada por las defensas. Aún quedan 23 acusados bajo la justicia porteña que también serán indagados por Servini.
Las familias informaron que los detenidos fueron trasladados a unidades del Sistema Penitenciario Federal en Marcos Paz y Ezeiza. La hermana de Santiago Adano, uno de los detenidos, relató que fue arrestado de manera violenta y trasladado sin notificación a su familia, describiendo la situación como desesperante.
Acusaciones desproporcionadas y persecución judicial
El fiscal Carlos Stornelli presentó acusaciones desproporcionadas de “terrorismo” contra los detenidos, lo que fue calificado por Torres como un "disparate jurídico". Los familiares y defensores denuncian que las detenciones y las acusaciones responden a una persecución política y judicial sin precedentes recientes en Argentina.
