El proyecto de reforma de la Ley orgánica del Ministerio Público Fiscal desató una ola enorme de rechazos. Organizaciones del ámbito del Derecho, organismos de derechos humanos, la Asociación de Fiscales (Affun), sacerdotes del grupo de Curas en Opción por los Pobres, agrupaciones de mujeres y gremios presentaron en el Senado y ante la opinión pública documentos donde puntualizan una lista de objeciones que tiene una advertencia en común: el texto de la ley que va camino a votación, dicen, “vulnera la autonomía e independencia” del organismo y habilita una injerencia sin precedentes del Poder Ejecutivo sobre su estructura y funcionamiento. La propuesta, que encarna un acuerdo entre Cambiemos y un sector del peronismo, se tratará hoy en comisión y el oficialismo aspira a lograr que se apruebe sin grandes retoques en el recinto el miércoles de la semana que viene. La apuesta del oficialismo es poder nombrar a él o la reemplazante de Alejandra Gils Carbó con un nuevo sistema en el cual basta una mayoría absoluta de votos (en lugar de dos tercios) para nombrar a la persona que quedará a cargo de la política criminal y el acceso a la justicia.  

“La propuesta contiene normas inconstitucionales y otras que constituyen un peligro para las división de poderes y amenazan con debilitar la figura del/la próximo Procurador/a”, dice el documento que firman el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pensamiento Penal (APP), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Poder Ciudadano. El proyecto de reforma de la Ley orgánica de Ministerio Público –que abarca la Procuración General y la Defensoría General– fue presentado el viernes con las firmas de Federico Pinedo (Cambiemos) y Angel Rozas (UCR) y de los peronistas Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey. La Asociación de Fiscales, que encabeza el fiscal federal Carlos Rívolo, señaló que la Constitución establece la independencia del Ministerio Público Fiscal, su autonomía funcional y financiera. Al contrario, dijo, “el proyecto pretende establecer un método endeble de elección y remoción del Procurador General de la Nación que afectará su actuación en concordancia con los principios” constitucionales.

La ley todavía vigente establece que al jefe o jefa de los fiscales así como al Defensor/a general se los nombra a propuesta del Poder Ejecutivo con dos tercios de los votos del Senado. El mecanismo de remoción es el juicio político, y también requiere dos tercios. El proyecto presentado prevé el nombramiento con una mayoría de la mitad más uno y la expulsión puede ser promovida de oficio por la Cámara de Diputados o bien por el Poder Ejecutivo, con efecto inmediato de suspensión, y también requiere una mayoría absoluta.

“El proyecto ya no requiere la construcción de acuerdos amplios que garanticen la legitimidad de quien eventualmente ocupe el cargo (…) un organismo responsable de llevar adelante el control de la legalidad constitucional y el diseño de la política criminal estratégica sobre los delitos que más preocupan a la sociedad y que mayor vínculo con el poder tienen como la narcocriminalidad, la trata de personas, el tráfico de armas, Violencia Institucional, los delitos de corrupción o las graves violaciones a los derechos humanos, no puede estar condicionado por las mayorías políticas circunstanciales”, alertan las cinco ONG. Agregan que los cambios en la remoción “atentan contra el mínimo de estabilidad necesario para garantizar autonomía y evitar influencias indebidas de otros poderes del Estado”. Las organizaciones acuerdan con que el mandato de Procurador/a sea limitado y no vitalicio pero objetan la extensión de 5 años y dos de prórroga: lo ven breve para desarrollar un “plan estratégico” y hará que el funcionario busque el apoyo político para seguir.

Otro punto de preocupación es que se quitan de la ley las procuradurías especializadas y direcciones, que en el texto vigente aparecen enumeradas. En el primer grupo están las áreas de narcocriminalidad, lavado de activos y delitos económicos, trata de personas, corrupción, crímenes de lesa humanidad. Entre las direcciones se encuentran las de políticas de género, recupero de activos, acompañamiento a las víctimas y acceso a la justicia (ATAJO). Que sigan o no dependerá de la decisión del nuevo titular, lo que las debilita. Varios curas reclamaron la continuidad de ATAJO ya que, explican, permitió “un trabajo mancomunado entre agentes fiscales y pastores” en la atención de “personas en situación de vulnerabilidad”.

Los organismos de derechos humanos dijeron que eliminar la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, la Unidad especializada y la de casos de apropiación de niños “implica el abandono de una política de Estado comprometida con el juzgamiento y castigo a los responsables de crímenes de lesa humanidad”. Su continuidad dependerá de la voluntad del nuevo Procurador/a, advierten Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos, H.I.J.O.S, Asamblea Permanente por los derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Asociación Buena Memoria. Plantearon que no lo pueden aceptar y que son áreas vinculadas al cumplimiento de obligaciones internacionales.  

Otro aspecto que advierte, por ejemplo, el colectivo Mujeres del Derecho y aparece en otros documentos es que para que un fiscal integre el tribunal de concursos o de enjuiciamiento de otros fiscales, se requieren diez años de antigüedad, lo que deja afuera a muchas mujeres fiscalas, que recién empezaron a ocupar fiscalías en los últimos años por los concursos (antes se nombraba a dedo). A esto se suma que no están contempladas áreas específicas de derechos de las mujeres. La Asociación de Fiscales y varias organizaciones objetan además que los tribunales de enjuiciamiento tendrán un miembro elegido por el Poder Ejecutivo y se sortearán otros dos abogados con un sistema que diseñe el Ministerio de Justicia.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales (Sitraju) presentó críticas a todo el proyecto y puso especial énfasis en la cláusula transitoria que habilita el despido de agentes del Ministerio Público que no hayan concursado, contra la existencia de un derecho adquirido. El llamado ingreso democrático se aplicó a quienes se incorporaron en tres escalafones en fiscalías, pero la Procuración no lo aplicó, como tampoco la Corte. Las designaciones en áreas centrales podrían caer. También la Unión de Empleados de la Justicia que lidera Julio Piumato cuestionó ese punto pero avaló el resto de la reforma que se aproxima. Los cuestionamientos son muchos y no parece haber en el Senado predisposición a analizarlos.