Tal como se preveía, el Estado argentino fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH) “por no tomar las medidas razonables para evitar el atentado contra la AMIA” y “no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento”. El proceso fue iniciado en 1999 por Memoria Activa, que agrupa a familiares y amigos de las víctimas; en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner reconoció la responsabilidad dEl fallo tiene 22 puntos que son de cumplimiento obligatorio