La revelación global de los Paradise Papers incluyó a otro funcionario del gobierno de Mauricio Macri: el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien aparece como director de una sociedad offshore radicada en Bahamas que se benefició con mas de 150 millones de dólares a través de contratos por venta de gasoil al Estado argentino, bajo su propia gestión como ministro. El hecho desató duras críticas de la oposición, que van desde los pedidos de renuncia (tal como ocurrió con el ministro de Finanzas, Luis Caputo, también vinculado con el escándalo internacional), la apertura de causas judiciales por corrupción y hasta que vaya preso porque puede obstruir “más que nadie” la acción de la Justicia. También hubo reclamos de explicaciones al Presidente por el nuevo manto de sospechas sobre su gobierno y sus funcionarios.
“Aranguren no sólo fue parte de una firma offshore, que en el mundo están sospechadas por ser cuevas de negocios ilegales vinculados al narcotráfico o el lavado de activos, sino que le otorgó negocios millonarios con el Estado argentino; algo absolutamente incompatible con su función”, señaló a través de un comunicado Unidad Ciudadana. También le recordó a Macri que “ésta no es la primera denuncia que pesa sobre el ministro Aranguren respecto de la incompatibilidad del cargo que desempeña con su anterior actividad empresarial. En ese sentido, el año pasado fue denunciado por haber beneficiado a Shell, la empresa de la que era accionista y que presidió durante años, en la compra de gas a Chile. Esta causa se encuentra en manos del juez federal Luis Rodríguez sin que aún se tengan noticias de algún avance en la investigación”.
“Al igual que el ministro Caputo, por el cargo que ostenta Juan José Aranguren está en condiciones de obstruir las investigaciones que la Justicia deberá realizar sobre los hechos en los que está involucrado. El ministro Aranguren debe renunciar a su cargo porque, además, pone en peligro las investigaciones judiciales que se están realizando, y las que se llevaren a cabo en su contra”, apuntó Unidad Ciudadana. “Señor presidente Macri –concluyó el comunicado–, la presencia de otro ministro de su gobierno en la lista de los Paradise Papers exige que usted también brinde explicaciones a todos y a todas las argentinas.”
Desde el Frente Renovador no hubo pronunciamiento oficial, aunque la jefa del interbloque massista de Diputados, Graciela Camaño, no pudo evitar la pregunta en una entrevista concedida a FutuRock FM. “Los funcionarios son funcionarios porque el Presidente así lo quiere. Lo ideal es que, con la misma diligencia que se ha investigado a (Amado) Boudou o a (Julio) De Vido, se investigue a Caputo. También a alguien que se mantiene oscuro, como el ministro Aranguren. Me resulta increíble lo paradigmático que es que su empresa esté tan favorecida por el Gobierno. Es grave porque nos tratan de tontos”, respondió.
Camaño, incluso, decidió ir más allá y juzgó que al menos Caputo debería ir a la cárcel: “La empresa de Caputo intermedió la colocación de bonos en el fondo de redistribución de la Anses. Ésta es una acción alejada de las prácticas que tenía la Anses. Debería estar preso. Si hay alguien que tiene influencias para torcer las causas, es el funcionario actual. Esto no debería suceder en la Justicia argentina”, afirmó Camaño.
Desde del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) arreciaron las críticas. “La offshore de la que formó parte Aranguren ganó 13 contrataciones para proveer gasoil al Estado durante su gestión. ¡Todo muy transparente!”, ironizó el diputado electo Nicolás Del Caño. El mismo camino transitó el ex diputado Néstor Pitrola: “Dos miembros del gabinete nacional en los Paradise Papers, Caputo y Aranguren ¿Actuará de inmediato la Justicia? ¿Se van del Gobierno ya?”, se preguntó.
“La figura de Aranguren es emblemática porque resume en una sola persona las dos facetas de la corrupción: la de los funcionarios y la de los empresarios. El ex titular de Shell se ha beneficiado así por partida doble”, sumó el legislador porteño electo Gabriel Solano. “Si la Justicia ha decidido dictar la prisión preventiva a los miembros del gobierno anterior, al considerar que en su carácter de ex funcionarios tienen aún poder para obstruir la acción judicial, ni qué decir que ese argumento es mucho más valedero para los funcionarios actuales que detentan el control del aparato del Estado”, continuó Solano, aunque luego dudó de la Justicia y del propio Macri: “Después de todo, él mismo figura en los documentos de los Panamá Papers. El silencio del ‘ala republicana’ del Gobierno, con (Elisa) Carrió a la cabeza, prueba por si hiciera falta que son defensores de una administración de corruptos”.
