La aprobación en general en el Senado de los proyectos de Ley de Bases y del denominado paquete fiscal se produjo en un escenario de fuerte movilización de la oposición política, sindical, social y cultural. En ese marco, el accionar conjunto de efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad, de Gendarmería Nacional, de Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, entre otras fuerzas, transformó el centro de Buenos Aires en un campo de batalla. La intervención extrema de las fuerzas de seguridad sobre una movilización amplia, diversa y pacífica mostró que las políticas que propone el gobierno son difíciles de aplicar sin fuertes medidas represivas.

Una neblina de gases lacrimógenos y gas pimienta rodeó a la manifestación que, de ese modo, no pudo desplegarse en su totalidad, con columnas que se retiraban o no llegaban a su destino. Incluso legisladores de Unión por la Patria, mientras intentaban dialogar con personal de la Prefectura, fueron rociados con gases y debieron ser asistidos en el pavimento antes de ser derivados a hospitales de la zona.

El gobierno justifica el ejercicio de la violencia, pero resulta inadmisible que las fuerzas de seguridad se desplieguen en contra de los manifestantes que expresan pacíficamente su descontento. Tampoco está bien que ataquen a legisladores. El gobierno tiene legitimidad para gobernar. La oposición la tiene para manifestarse y disentir.

El proyecto de Ley de Bases del gobierno, que de aprobarse en Diputados afectará a amplios sectores de la ciudadanía, está orientado a modificar regresivamente la estructura económica, productiva, social y cultural del país junto a la eliminación de una gran cantidad de derechos adquiridos por los argentinos y argentinas.

La iniciativa ha sufrido varias mutaciones desde aquella primera versión que se intentó aprobar en Diputados, y que el oficialismo retiró en febrero cuando comenzó a perder las votaciones en particular.

Antes del tratamiento en el Senado, y en medio de intensas negociaciones, el gobierno introdujo una serie de cambios en el texto procedente de Diputados. Entre otros, dio marcha atrás con la propuesta de eliminación de la moratoria previsional.

Otro cambio significativo fue la reducción del número de empresas públicas sujetas a privatización. Del objetivo inicial de 41 empresas, quedaron sólo 6 en el proyecto aprobado en el Senado. Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios de Radio y Televisión Argentina (RTA) fueron las últimas en ser exceptuadas.

También se incorporaron modificaciones en el RIGI con el establecimiento de limitaciones a quienes serían alcanzados por sus beneficios: ya no será para “cualquier sector”, sino para “foresto industria, infraestructura, minería, energía y tecnología”, siempre que cumplan con los requisitos previstos. Además, se beneficia a los proveedores locales, que deberán participar “como mínimo en el 20% de la totalidad del monto de inversión”, en condiciones de disponibilidad de oferta y respondiendo a requisitos de precio y calidad. Finalmente, hay cambios significativos en el proyecto relacionado con el mantenimiento del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.

Asimismo, el Poder Ejecutivo ha manifestado su intención de insistir en Diputados con la modificación del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales. En mi opinión, la Cámara de Diputados no puede insistir con los temas rechazados por el Senado. Sí puede hacerlo con los temas modificados por esta última Cámara. El sistema es bicameral y por eso los proyectos deben ser aprobados por ambas cámaras.

Más allá de las modificaciones señaladas, lo que se aprobó es gravísimo, comenzando por las facultades delegadas y el capítulo de la llamada reforma laboral. El oficialismo equipara la modernización laboral a pérdida de derechos. Por lo cual, en su vocabulario, modernizar significa desproteger a los trabajadores y trabajadoras.

En la misma línea de gravedad se puede ubicar el comunicado de la Oficina del Presidente felicitando a las fuerzas de seguridad “por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que, con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina”. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró en similar sentido: “Las fuerzas de seguridad estuvieron excelentes, con profesionalidad, con prudencia, pero también sin dudar cuando hay que ir a atacar y no dejar que te tomen el Congreso”. A confesión de parte, relevo de pruebas: la ministra parece admitir en sus declaraciones que las fuerzas de seguridad no dudaron en atacar a los manifestantes y a los diputados y diputadas. Pero, en ningún momento hubo el menor movimiento de los manifestantes para tomar el Congreso o afectar lo que estaba sucediendo en su interior.

Nadie puede cuestionar la legitimidad del Presidente para llevar adelante su plan de gobierno. Pero manifestantes y legisladores opositores tienen igual legitimidad para oponerse. El sistema democrático pone en juego legitimidades diferentes. Por eso, la Constitución establece que los legisladores y legisladoras se eligen por porciones distintas, por tercios en el Senado y por mitades en diputados, con el objetivo de expresar una diversidad temporal, territorial y sectorial de intereses y puntos de vistas. De lo contrario, habría una elección única donde se elegirían todos los representantes al mismo tiempo. Se trata de dos legitimidades que dialogan, debaten y confrontan hasta que, finalmente, se impone la que resulta mayoritaria o la que tiene facultades para hacerlo.

Una parte de los senadores que votaron afirmativamente lo han hecho bajo el argumento de que había que darle al Presidente las herramientas para gobernar. Primero decían que los proyectos de ley “de Bases” y el paquete fiscal eran malos y que producirían muchos perjuicios a los argentinos y las argentinas. Luego agregaban que, de todos modos, había que darle las herramientas al gobierno. La síntesis de ambos argumentos es notable: “hay que darle las herramientas al gobierno aun cuando las mismas estén destinadas a producir daños a la gente y al país”. Pero, si la ley va a hacer el mal, no sólo no hay que darle las herramientas al gobierno: hay que intentar limitarlas. Para eso está el Parlamento: para promover el equilibrio de poderes.

El gobierno intenta instalar una atmósfera de confrontación peligrosa en la que habla de “grupos terroristas” y de “golpe de Estado”. Parece cómodo anunciando tiempos violentos. Por el contrario, el campo nacional, popular y democrático defiende como siempre la institucionalidad democrática y a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas afectados por un plan de gobierno que deteriora crecientemente sus condiciones de vida.

* Diputado nacional por Unión por la Patria y Presidente del Partido Solidario