Las 16 personas que continúan detenidas tras la represión del miércoles pasado en el Congreso permanecerán en dependencias del Servicio Penitenciario Federal -las mujeres en Ezeiza, los varones en Devoto, Marcos Paz y Ezeiza, tras un nuevo traslado el sábado en la madrugada- por lo menos hasta el martes; tal vez, más allá del fin de semana extra largo. Eso, si los resortes del sistema judicial se mueven con una agilidad que no parece ser parte de la trama de terror que se está desplegando. La semana hábil corta contribuye a extender en el tiempo una situación a todas luces insostenible. Un inédito y escandaloso paso judicial ejemplificador que exhibe el amedrentamiento y la persecución de la protesta social como fines en sí mismos. Entre los detenidos está la nieta de la Madre de Plaza de Mayo Sara Derotier de Cobacho, y varios con problemas de salud, entre ellos una joven que debe tomar tres medicaciones psiquiátricas diarias, a las que no está accediendo.

Recién el martes, la jueza María Servini va a volver a revisar la situación de quienes permanecen detenidos. Entre otras pruebas, va a recibir las grabaciones de la Policía Federal con un programa que permite ampliar los rostros para delimitar hechos y confirmar identidades.    

Plantar terroristas

Por otra parte las y los abogados de los detenidos -particulares y de organizaciones como Correpi, Cadep, Cadu, entre otras- presentaron las apelaciones el sábado; resta el sorteo de la Cámara y la resolución sobre la confirmación o modificación de la situación procesal de cada uno. Además del clásico "resistencia a la autoridad", a los detenidos se los acusa de delitos graves, con penas de más de tres años de prisión, no excarcelables: intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional, perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos. Es decir, el miércoles frente al Congreso habrían estado atentando contra el Estado de derecho, cometiendo, como sostiene el Gobierno, actos de terrorismo.  

En la mayoría de los casos, la única descripción concreta de la conducta que tuvieron al momento de la detención estas personas, y que daría pie a cargos de tal gravedad, es que habrían arrojarado piedras. La descripción de lo que habrían hecho en lugares y escenas muy diferentes, es un copy paste: "el nombrado junto a otras personas –algunas de ellas con sus rostros tapados-, habrían tirado elementos contundentes atentando contra la integridad del personal policial y de los vehículos de dotación que se encontraban custodiando las inmediaciones del Congreso de la Nación". María del Carmen Verdú señala que, en el caso de Camila Juárez Oliva, ni siquiera se molestaron en modificar el género al copiar. 

Todo es tan escandaloso que el texto con el que el viernes la jueza Servini decidió las excarcelaciones de 17 de las 33 personas "cazadas" por la policía inicialmente (tal como se aprecia en los registros fílmicos), y la denegación de la misma en estos 16 casos, también es un mismo texto copiado para diferentes acusados, en el que solo cambia, al final, la resolución. En unos, la jueza justifica que a pesar de que el código procesal no contempla la excarcelación, por la gravedad de los cargos, de acuerdo a la jurisprudencia vigente y a las posibilidades de fuga o de entorpecimiento de la investigación, se les concede el beneficio. En otros, con las mismas palabras, simplemente se cambia el final: se considera que sí existen riesgos procesales y se resuelve denegar la excarcelación. 

La elección del acusado

Todos los casos son gravísimos pero hay algunos que preocupan especialmente, como el de María de la Paz Cerutti, nieta de la Madre de Plaza de Mayo y sobreviviente Sara Derotier de Cobacho, sobrina de Enrique y Omar Cobacho y de Elena Gómez, todos desaparecidos.

Su familia denunció "los irrazonables delitos de los que se la acusa, los que solo pueden ser concebidos como un plan macabro digitado de las más altas esferas del poder de turno". "En la madrugada del 15 de junio la trasladaron a la Unidad Penal Federal de Ezeiza N° 4 sin confirmación fehaciente a su abogado o familia, quienes debimos llamar a distintos lugares para saber de su paradero, como en las peores épocas de nuestro país", relataron. "María de la Paz padece problemas de salud y esta injusticia sólo agrava su situación. Lo que esta viviendo María de la Paz nos hace revivir los trágicos acontecimientos que como familia atravesamos durante la última dictadura militar, que este gobierno niega y desprecia rotundamente". 

También se reclama especialmente por Camila Juárez Oliva, la joven estudiante de tercer años de la Unsam, madre de dos niños de 8 y 11 años. A partir de la pandemia se le diagnosticó un trastorno de ansiedad crónico, y está medicada con tres psicotrópicos a los que no puede acceder, indicó a este diario Verdú. A pesar de esta situación, le fue denegada la excarcelación.