Los dispositivos, las plataformas y entornos digitales se convirtieron en espacios activos en la socialización de niños, niñas y adolescentes. Son puentes y escenarios para el ejercicio de sus derechos, como jugar, comunicarse, educarse, informarse y participar. Pero allí también pueden encontrarse con algunos riesgos y situaciones que afecten su integridad, como puede ser el grooming, que es toda acción por la que una persona adulta contacta a un niño o adolescente a través de cualquier tecnología de transmisión de datos para atentar contra su integridad sexual. Muchas veces se realiza usando una identidad falsa y creando un vínculo de confianza, que puede ser difícil de reconocer como violencia en un primer momento.
"El grooming significa una violencia contra la integridad sexual de infancias y adolescencias. El código penal lo clasifica como un delito que tiene una pena de prisión de seis meses a cuatro años, y que también se entrelaza muchas veces con otros delitos, como es la mal llamada pornografía infantil, abuso sexual infantil o la violación", explicó Jacqueline Paul.
En el proyecto, denominado "Grooming y ciudadanía digital", la estudiante de Derecho trabajó con la premisa de construir una mirada integral e interdisciplinaria que garantice la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso de conformación para la apropiación de derechos digitales. "Me estoy enfocando en el estudio de las políticas públicas en Rosario, aunque tiene también un correlato nacional. Desde el 2020, a nivel nacional, contamos con la Ley 27.590, llamada también Ley Mica Ortega, que se enfoca en la prevención y concientización sobre el grooming y ciberacoso para niños, niñas y adolescentes", remarcó.
Micaela Ortega tenía 12 años cuando Jonathan Luna, un hombre adulto que fingió ser un niño, la conoció por Facebook, la engañó y luego la asesinó. Este hecho ocurrió en abril de 2016. Fue condenado a cadena perpetua. La ley nacional fue sancionada en 2020 y en 2022 se dictó su decreto de reglamentación, lo que permitió crear el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming. "Desde 2013, el grooming es un delito penal y en el 2023, Santa Fe fue la primera provincia en adherir a la ley Mica Ortega. Ahora se está trabajando en su reglamentación dentro de la provincia”.
Durante el proyecto de investigación, Jacqueline realizó una encuesta a un gran número de personas, en su mayoría mujeres, para conocer algunas pautas orientativas. Los resultados arrojaron que casi el casi el 60 por ciento de las y los encuestados recibieron en algún momento imágenes sexuales sin consentimiento. "Es una problemática que viene hace mucho tiempo, que tiene necesariamente una perspectiva de género porque en más del 90 por ciento de los casos las víctimas son mujeres, y también tiene una perspectiva en niñez, porque existe una especial vulnerabilidad que merece una atención extra del Estado, la comunidad y de los adultos responsables”.
Cabe destacar que todas las personas corren el riesgo de recibir imágenes sin autorización previa o que se visualicen imágenes privadas sin consentimiento. Sin embargo, la diferencia radica en que las infancias y adolescencias cuentan además la vulnerabilidad de ser personas en desarrollo. “Esto es algo que demuestra que el grooming es una violencia contra la integridad sexual y que trae aparejado otras violencias, casi de manera obligatoria", añadió.
Consolidando la ciudadanía digital
Jacqueline, primera generación de su familia que puede acceder a estudiar una carrera universitaria, resaltó la necesidad de abordar este tema desde una perspectiva transversal a las violencias en entornos digitales. "Hay que salirse un poco del rol punitivista e impulsar una perspectiva más de prevención y promoción de los derechos digitales. Si somos capaces como sociedad de formarnos en esta perspectiva, construiremos una herramienta muy poderosa de prevención. Por eso, me parece muy importante la participación de las infancias y adolescencias en la construcción de las políticas públicas, a partir de sus propias experiencias en los entornos digitales".
En ese sentido, hizo foco en el concepto de ciudadanía digital ya que es muy importante conocer los derechos y deberes que cada individuo posee dentro del entorno digital. "Se tiene que tener en cuenta que todos los derechos que tenemos en los espacios físicos también son válidos en los entornos digitales".
De esta manera, las infancias y las adolescencias deben ser los principales protagonistas a la hora de construir herramientas de prevención. "Tenemos que poder observar qué herramientas considera que son las más efectivas para sus pares. Hay una serie producida por Infobae, llamada Modo Seguro, que habla de los distintos riesgos que existen en los entornos digitales, que resulta muy interesante porque participan ellos mismos y van explorando distintos conceptos", explicó y agregó: "La realidad marca que si se le pregunta a un adolescente si conoce lo que es el grooming, en la mayoría de los casos la respuesta es positiva. Es decir, saben los riesgos que trae y qué consecuencias puede haber, pero les faltan datos para completar ese concepto. Es necesario poder trabajar en eso y viralizar distintos métodos de prevención".
Un aspecto crucial de la investigación es analizar la participación integral de todos los actores involucrados en esta problemática. “La responsabilidad es compartida entre el Estado, los adultos encargados del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, como también de la comunidad en su totalidad. Es fundamental promover políticas públicas que aborden la ciudadanía digital y, por ende, contribuyan a la prevención de la violencia contra la integridad sexual. En ocasiones los adultos se distancian del problema debido a su falta de conocimiento sobre las nuevas tecnologías, lo que puede llevar a que situaciones de grooming ocurran a sus espaldas. Por lo tanto, fomentar un mayor involucramiento activo es clave para abordar esta problemática”.
Resaltó que es necesaria una articulación real entre los actores que están involucrados, porque no es que el grooming es un problema que tenga que estar bajo la supervisión de un único responsable, sino que tienen que darse las condiciones para que los mecanismos de detección y prevención sean eficientes.
Dentro de la investigación hizo entrevistas con participantes del equipo del Ministerio de Justicia de la Nación, correspondiente a la línea 147, que recibe llamados para denunciar o pedir asesoramiento sobre vulneraciones a derechos. "Me comentaron que la mayoría que se comunicaban eran adolescentes y que cuando llamaban tenían en común el miedo de contarlo a pares y adultos. Y muchos de esos miedos corresponden a que los padres se molesten y sea una cosa que les complique la vida cotidiana. Estas reacciones frente a ser víctimas de grooming es algo a tener en cuenta en el entramado de las políticas públicas. No podemos generalizar, no existe una única infancia y se deben dirigir políticas siempre en vistas de que hay infancias interculturales y que tienen otros conocimientos y experiencias".
Además, realizó entrevistas con integrantes de Clic Derechos, una fiscal del Ministerio Público de la Acusación que se avoca a delitos en integridad sexual, y colaboradores de la iniciativa Faro Digital, un colectivo dedicado al análisis, estudio y promoción de la ciudadanía en los territorios digitales."Hay muchos actores sociales que se encuentran trabajando en esta problemática. Es importante tener conceptos de la ESI muy presentes, como por ejemplo cómo juegan los roles de género o la masculinidad", explicó. "También debemos prestar atención a las violencias perpetuadas en el ciberbullying y la difusión de imágenes íntimas no consentidas de niños, niñas y adolescentes”, advirtió.
