“Las lágrimas de mi hija también valen”, dice el título de la carta pública al intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, firmada por Débora Coronel. Firma como ex empleada municipal, porque el intendente no le dio continuidad a su contrato a pocos días después de que su esposo se movilizó contra el cierre del frigorífico local. Habla de persecución, una palabra que tiñe la realidad de un pueblo que, para muchos, tiene a un digno representante de Javier Milei al frente del municipio.

En conversación con Buenos Aires/12, Coronel deja en claro que no es militante política, su marido tampoco, y que hace un año y medio entró a trabajar luego de dejar su currículum a disposición de la intendencia. Siempre desempeñó su tarea en mesa de entradas sin atravesar ningún conflicto. Pero, asegura, que desde el momento en que su esposo, Ezequiel Cobello, junto a otros trabajadores de Frigomayo SA se reunieron con las autoridades municipales para defender sus empleos, su situación “cambió un montón”.

“Desde ese día el trato fue otro, porque, por ejemplo, antes yo ingresaba al sector de la oficina privada del intendente a llevar expedientes, pero después de eso no me dejaron entrar más”, cuenta Coronel. El hecho al que se refiere sucedió a mediados del mes de mayo, cuando los trabajadores del frigorífico local se volcaron a la calle para frenar la votación de una ordenanza impulsada por Egüen para vender el predio donde opera la empresa.

El intendente, tal como explicó este medio, desconoció medidas legislativas y convenios firmados durante la gestión de su predecesor, Hernán Ralinqueo. El dueño del frigorífico y sus cien empleados se manifestaron cortando la ruta, un hecho inédito en la historia de 25 de Mayo. Los convocaron a conversar, se reunieron en el Salón Blanco de la intendencia y la ordenanza quedó en suspenso.

Sin embargo, el caso del frigorífico fue el punto de ebullición de un acumulado de conflictos laborales y persecutorios que se le adjudican a Egüen. Entre ellos, despedir a 300 empleados municipales por haber sido nombrados por la gestión de Ralinqueo, allanar el taller mecánico de un proveedor histórico del municipio, o secuestrarle maquinaria a un comerciante que lo criticó por redes sociales.

Para Coronel, su situación tiene una única definición: persecución. Porque, agrega, no sólo fue despedida sin ningún tipo de justificación, sino que fue agredida cuando volvió a la Municipalidad a realizar trámites. “Fui a retirar lo que tenía que pagar del impuesto automotor y un trabajador del área de la cocina, que fue mi compañero hasta hacía unos días, me gritó y amenazó con que no me quería ver más ahí y que no vuelva”, señala.

Ella no descarta que el empleado no haya recibido la orden de hacerlo porque simplemente se lo gritó cuando se retiraba del lugar junto a su hija de nueve años. La nena comenzó a llorar y tuvo que contenerla tanto en el lugar como en su casa.

El único motivo que le dieron sobre su despido es la emergencia económica y laboral que votó el Concejo Deliberante por decisión de Egüen. En sintonía con los más de 300 despidos de diciembre de 2023, desde el municipio le hablaron de falta de recursos. Pero, una vez que la echaron, Coronel advirtió que contrataron a un nuevo empleado para reemplazarla. “Falta de plata no es”, dice.

“Hasta acá llegué”

El 30 de mayo, recuerda Coronel, se presentó a trabajar como todos los días. Arribó a la Municipalidad a las ocho menos cuarto de la mañana, quince minutos antes de que se abran las puertas. Tomó un caso que tenía en carpeta para resolver en ese día y fue con el expediente a la Secretaría de Hacienda.

Al volver a su oficina, cuenta que uno de sus compañeros le dijo que la responsable del área de personal pidió verla. “Ahí le dije: hasta acá llegué”, indica Coronel. Desde su experiencia, los antecedentes en los comportamientos de Egüen le daban dos posibilidades: un cambio de sector o un despido.

“Yo se lo dije a la de Personal, que esto me lo veía venir, que es una persecución y que me echan solamente por ser la esposa de”, asegura Coronel.

En todo momento, sostiene, tuvo en claro que tenía el boleto picado a raíz del conflicto de Frigomayo SA. Tal como detalló este medio semanas atrás, el intendente que asumió en representación del GEN liderado por Margarita Stolbizer, envió una ordenanza para poner a la venta el predio donde funciona la empresa comandada por Ernesto Ramírez.

Sin mediar una negociación, Egüen puso en riesgo la continuidad laboral de cien trabajadores, entre ellos el esposo de Coronel. Sucede que, si se vende el predio, Ramírez dará por finalizada la concesión y no continuaría operando en el ex matadero municipal.

Allí se desató un conflicto que movilizó a la comunidad de 25 de Mayo. Los trabajadores, incluso, marcharon hasta la puerta de la casa del intendente, quien optó por dar marcha atrás sin antes orquestar una serie de denuncias penales contra los empleados del frigorífico.

“Mi vida estaba organizada, tanto mi casa, trabajo, mi familia, y ahora perdimos un ingreso muy importante para nosotros, dejé de tener obra social, y me duele no poder tener una diaria con personas muy queridas para mí”, señala Coronel.

Afirma que en el pueblo sólo hubo muestras de afecto y comprensión para ella y sus hijos. Dice que, más allá de tener presente que Egüen iba a tomar una decisión de estas características, “en el fondo decíamos que no se iba a animar”. Pero sucedió.

De todas maneras, sostiene que muchas personas que lo votaron están arrepentidas. “Muchos conocidos me dicen que Egüen no es lo que esperaban”, resalta. Incluso, dice, sigue recibiendo mensajes de apoyo de otros trabajadores y compañeros de la Municipalidad.

Una tormenta persecutoria

La situación de Coronel y su familia no es la única que lleva la marca de la persecución que se le adjudica a Egüen. Lo padecido por el frigorífico y por los 300 empleados municipales despedidos en 2023 se les suma el adoctrinamiento a los comerciantes.

Tal como contó este diario, Sergio Tuya, al frente de una distribuidora, criticó en sus redes sociales a la gestión del intendente por no terminar la obra de un jardín de infantes en el Parque Industrial que estaba a punto de ser inaugurado.

“Me llamó alguien cercano al intendente y me preguntó porque lo había hecho y me dijo que lo que hice a la Municipalidad, no le gusta”, relató Tuya. A los pocos días, una inspección municipal le secuestró una autoelevadora, no se la devolvieron a pesar de los reclamos judiciales e, incluso, la dejaron a la intemperie a pesar de que reclamó por su preservación.

Además de comerciante, Tuya fue concejal por la UCR entre 2003 y 2007. Al igual que Coronel, remarcó que nunca se vivió una situación de estas características en la historia de 25 de Mayo donde hoy “se vive con miedo”.

En el mismo plano político, pero desde el peronismo, la concejala de Unión por la Patria, María José también habló de que, en su rol de opositora, tanto ella como su familia viven una “persecución política”.

Resulta que junto a su marido, quien fue Secretario de Gobierno del anterior intendente, Hernán Ralinqueo, compraron un terreno en 2007, mucho tiempo antes de ocupar sus lugares en la función pública. Hace pocos años y desde su banca como concejal, Egüen los acusó de comprarlo en base actos de corrupción, algo que no tuvo ninguna continuidad judicial. Hoy lo repite y pretende expropiarles ese terreno.