El Ministerio de Capital Humano ha tomado la decisión de quitarles a los adolescentes sin familia, el equivalente a menos de un salario mínimo que cobran y suelen usar para pagar un cuarto de hotel, comprar alimentos, sostener sus estudios o buscar un trabajo. Lo reciben desde que dejan las instituciones en las que viven al cumplir 18 años, como un modesto salvavidas. 

Cuesta pensar en algo más cruel. Como en un experimento en el que se van probando dosis de sufrimiento sobre los más vulnerables y se mide a ver “hasta dónde aguantan”. Como fue el caso de dejar que los pacientes oncológicos mueran esperando su medicación. 

Esto vienen denunciando trabajadores de organismos de infancia de todo el país y organizaciones sociales. Desde principios de año le exigen a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que cumpla la ley que obliga al Estado a sostener el (Programa de Acompañamiento al Egreso) P.A.E., una política creada para aliviar a ese sector de la sociedad tan vulnerable. Alrededor de 3.500 chicos y chicas sin cuidados parentales de todo el país dependen de esta asignación con la que hoy el Ministerio de Capital Humano no está cumpliendo.

Ministerio inhumano

El P.A.E. es una política pública creada por la Ley N° 27.364 sancionada en 2017 por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, que garantiza a esos jóvenes y adolescentes derechos concebidos desde el principio de igualdad y no discriminación: por un lado, les asegura el derecho a recibir un acompañamiento personal y afectivo para el desarrollo de su autonomía. Y por otro, el derecho a una asignación económica equivalente al 80 por ciento del salario mínimo vital y móvil. Les corresponde a adolescentes que poseen una medida de protección judicial o de salud excepcional entre 16 y 21 años con la opción extenderla hasta los 25 años, si acreditan que siguen estudiando.

Desde hace seis meses, esa transferencia se demora cada vez más. El pago correspondiente al mes de enero de 2024 se realizó en abril y el de febrero, hace apenas unos días. Por el momento, ante los reclamos por parte de las Direcciones de Niñez y organismos pertinentes de todo el país, la respuesta administrativa de parte de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello --le corresponde girar el dinero-- es que no hay información oficial. No hay canales de comunicación formal con responsables o directivos de la Subsecretaría de Políticas Familiares (SENAF) que puedan explicar la situación de estos atrasos de cobro y si se regularizarán o no.

Esta inacción de las autoridades nacionales impacta lógicamente en las condiciones de vida de los jóvenes incluidos en el programa. Muchos de ellos se enfrentan a la posibilidad de ser desalojados, deben interrumpir sus estudios y se les dificulta planificar el desarrollo de su vida. Sin ese dinero y ese acompañamiento no pueden llevar adelante en condiciones dignas los proyectos de egreso de las instituciones en las que hasta ese momento habían estado alojados por no contar con cuidados parentales.

Lo que está en juego es mucho más que una falta de transferencia de dinero. El desarrollo de un proyecto de vida autónomo, para estos chicos, es un proceso construido entre los equipos profesionales que los acompañan de cada Municipio o Dirección de Niñez provincial, y sus deseos y proyectos. 

Un pequeño empuje

Poder cobrar la asignación desde los 16 años les permite imaginar un futuro a mediano plazo en el que pueden, por ejemplo, apuntar a empezar un taller de oficios, terminar el secundario, ingresar a la universidad o alquilar una habitación en una pensión compartida con otros pares.

Marisa Graham, Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, le confirmó a este diario que desde principio de año reciben “quejas de los propios pibes, de todo el país, que no sólo no reciben el dinero sino que tampoco se les paga a sus referentes. Y los referentes son muy importantes para un chico que vivió casi toda su vida en una institución, enfrentar la vida afuera, necesitás herramientas, una guía. No es que ‘les das la plata y los largás’. Sólo recién a partir de que con una red de defensores de diferentes puntos del país lanzamos un comunicado expresando preocupación por este tema, los chicos pudieron cobrar lo correspondiente al mes de enero… en abril”.

El referente que se le asigna a cada chico o chica en esta situación es alguien que se compromete a ayudar al adolescente a encontrar un lugar donde vivir, sostener sus estudios, empezar una carrera, cuidar su salud. Es una especie de rol de referencia para chicos que no tienen a nadie más. En general, se trata de un trabajador social --psicólogo, terapista, ocupacional--, un profesional que forma parte de los equipos técnicos de las direcciones de Niñez de cada jurisdicción.

“El operador acompaña la construcción de proyectos de autonomía para ayudarlos a estudiar, buscar casa, organizarse. Se construye un vínculo de confianza con el pibe. Pero es muy difícil sostener cualquier estrategia de intervención para ayudarlo en su proyecto de vida sin la pata económica correspondiente. La estrategia se viene a pique”, aseguran quienes trabajan directamente con los chicos.

La deuda social P.A.E. que el Gobierno Nacional mantiene hasta mediados de junio de este año afecta a chicos y chicas de todo el país. Sólo en la provincia de Buenos Aires perjudica a 1433 jóvenes y adolescentes. 

Si se contabiliza el equivale al 80 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil de abril y el de mayo --multiplicado por la cantidad de chicos que lo necesitan-- para la provincia de Buenos Aires la deuda que el gobierno nacional acumula apenas supera los 500 millones de pesos, un número insignificante en términos presupuestarios, que deja en evidencia el trasfondo ideológico del asunto.

“Estamos reforzando con recursos propios, con alimentos y productos de higiene, para ir paliando un poco. Pero es insostenible. Nunca desde que este programa existe, es decir, desde 2017, había habido atrasos en los cobros”, aseguran desde uno de los organismos provinciales que trabajan con los chicos.