El proyecto de ley para declarar "servicio estratégico esencial" a la educación pública avanza en la Cámara de Diputados. Con acuerdo de La Libertad Avanza (LLA), el PRO y bloques de la "oposición dialoguista", el proyecto ya obtuvo dictamen en la Comisión de Educación y está listo para llegar al recinto. La iniciativa prevé establecer un piso mínimo de clases a garantizar durante los días de paro, por lo que los gremios y los bloques de la oposición denuncian que busca restringir el derecho a huelga. Sostienen, además, que se basa en una "concepción reduccionista" de la escuela entendida sólo como "guardería".
El principal impulsor del proyecto en la cámara baja es Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri y actual presidente de la Comisión de Educación. Sus proyectos originales sobre el tema, de hecho, datan de mucho antes del momento en que el actual oficialismo volvió a poner la cuestión en agenda al incluir la declaración de "servicio esencial" en el mega DNU de Javier Milei. En un apartado que luego fue suspendido por la Justicia, el Gobierno establecía allí que, en los días de paro, los docentes debían garantizar al menos el 75 por ciento de la "prestación". En otras palabras: tres cuartos de los y las docentes no podrían hacer paro.
Tras el revés judicial, el oficialismo incluyó la iniciativa en la primera versión de la entonces llamada ley ómnibus, pero no pudo superar la poda de artículos que derivó en el texto que finalmente llegó al recinto. Así, el proyecto de Finocchiaro, acompañado con la firma del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, volvió a ganar terreno y el jueves pasado obtuvo dictamen con un texto consensuado con otros proyectos como el de la diputada Carla Carrizo, de la UCR. La iniciativa sólo fue tratada en la comisión presidida por Finocchiaro, que esquivó los giros originales que indicaban que también debía pasar por la de Presupuesto y la de Trabajo.
En comparación con la propuesta de LLA, la dictaminada en comisión se presenta como una versión "light". En primer lugar por el porcentaje de "prestación" a garantizar durante los días de huelga. El proyecto busca modificar el Artículo N°3 de la Ley de Educación Nacional (LEN) para incorporar allí la creación de un "Sistema de Guardias Mínimas Obligatorias". El Inciso C de ese artículo prevé, así, mecanismos para garantizar las guardias en caso de "medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente o no docente". Estipula que se deberá garantizar un mínimo de personal del 30 por ciento en medidas de fuerza que duren uno o dos días, mientras que el porcentaje se elevará al 50 por ciento cuando superen los tres días.
La segunda diferencia con respecto al proyecto original del oficialismo es la vía por la que la iniciativa de Finocchiaro busca introducir la modificación. En el DNU de diciembre, el Gobierno había incluido a la educación como "servicio esencial" en lo establecido por la Ley 25.877 de Régimen Laboral, que hasta el momento reconoce de esa manera a los "servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo". El texto dictaminado el jueves, por el contrario, incorpora la declaración de "servicio estratégico esencial" sólo dentro de la LEN y no hace mención a la Ley de Régimen Laboral más que en el párrafo introductorio.
Esa ley, en tanto, establece que la incorporación de una nueva actividad como "servicio esencial" debe ser decidida por una comisión independiente actuando bajo dos supuestos. Uno: cuando la interrupción de la actividad por huelga pusiera en riesgo "la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población". Dos: cuando la actividad fuera catalogada como de "importancia trascendental" en función de "los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)". Hasta ahora, el Comité de Libertad Sindical de la OIT establece que la educación no es servicio esencial porque su interrupción no pone en peligro la vida, la salud ni la seguridad. El texto dictaminado el jueves, sin embargo, no hace ninguna referencia a la OIT.
Además de fijar el piso mínimo para los días de paro, el proyecto busca establecer un mecanismo interno dentro de las escuelas para que ese porcentaje sea garantizado. Así, en el Artículo N°4 del proyecto se lee que el equipo de conducción de cada establecimiento educativo deberá establecer, antes del inicio de los ciclos lectivos, "la nómina anual de personal docente y no docente" que estará afectado al cumplimiento de las guardias mínimas. Es decir que, antes de empezar el año y sin certezas sobre las medidas de fuerza que puedan llegar a ocurrir, los directivos de los colegios deberán informar a las autoridades superiores quiénes serán los docentes y no docentes que trabajarán cuando sus compañeros hagan paro.
Además de Finocchiaro y Carrizo, y de sus respectivos compañeros del PRO y la UCR, el dictamen recibió la firma de los diputados de LLA y de algunos de la "oposición dialoguista" como Carlos Fernández, de Innovación Federal; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; o Juan Fernando Brugge, de Hacemos Coalición Federal, aunque este último firmó en disidencia parcial. Esa red de apoyos permite proyectar un buen futuro para la iniciativa en el recinto. Según pudo saber este diario, el proyecto recién se trataría después del regreso a la cámara baja de la Ley Bases.
Sólo los diputados y diputadas de Unión por la Patria (UxP) y del Frente de Izquierda (FIT) rechazaron la iniciativa durante la reunión de comisión y no firmaron el dictamen. Entre ellos se encuentra la propia vicepresidenta de la comisión, Blanca Osuna (UxP), y diputados con historia en el gremio docente como Hugo Yasky (UxP), exsecretario general de Ctera, y Romina del Plá (FIT), dirigente de Suteba Matanza. En esa jornada también estuvieron presentes referentes de sindicatos nacionales y provinciales, aunque no tuvieron la oportunidad de expresarse en medio de la discusión de los y las legisladoras. Desde Ctera, sin embargo, emitieron un comunicado posterior al dictamen en el que advirtieron que el proyecto "pretende limitar el derecho constitucional a huelga".
"Los derechos se ejercen y deben ser garantizados por el Estado, en cambio los servicios se prestan, y la educación no puede ser considerada como 'una prestación de servicio', ni tampoco habilitar mecanismos propios de la 'contratación de servicios' en el campo educativo", señalaron y agregaron que "desde esta concepción se avanza hacia la comercialización del sistema educativo y el financiamiento de la demanda, propias de los sistemas de voucherización educativa".
El comunicado también caracteriza al sistema de "guardias mínimas" como una "aberración" que "deja en clara evidencia la concepción reduccionista de la educación, entendiendo a la escuela como a una 'guardería' y no como una institución educativa o una cultura institucional en la que se desarrollan procesos complejos de enseñanza y de aprendizaje". "Esta propuesta no solo remite, lamentablemente, a la idea autoritaria del maestro/gendarme, el que 'guarda' y vigila a las y los estudiantes, sino que además revela que lo único que les importa es que el/la estudiante esté 'adentro' de la escuela, independientemente de lo que se haga en el sentido pedagógico", concluye el comunicado.
