Se cumplieron seis meses desde que asumió un gobierno de signo ideológico neoliberal y libertario en nuestro país. Sus políticas de comunicación plantean nuevas reglas para organizar la conversación social y política, y constituyen un claro retroceso si pensamos a la comunicación como un derecho humano fundamental.
El lenguaje agresivo cotidiano hacia todo lo que contradiga las denominadas “ideas de la libertad” constituye un rasgo central del discurso presidencial. Insultos, gritos, adjetivación negativa sobre quienes se oponen a sus objetivos de gobierno -sea cual fuera su condición social o jerarquía institucional-, son una marca registrada de una práctica comunicacional basada en la intolerancia. Advertimos también que existe una selección arbitraria de los medios con los cuales dialoga el presidente: un pequeño puñado de periodistas acceden a entrevistarlo, con una agenda de preguntas que sintonizan con sus posicionamientos discursivos. En sus habituales giras ha concedido entrevistas a medios del exterior, que sólo en contadas ocasiones lo han interpelado sobre otros aspectos de su gobierno. En esa misma línea, vemos que el gobierno nacional gestiona a través de una vocería los principales temas de su agenda ante periodistas acreditados en la Casa Rosada. El trato es desigual: se adula a quienes realizan preguntas afines a sus ideas, y se descalifica a quienes se atreven a un periodismo más crítico. El vocero se caracteriza además por utilizar un lenguaje cruel cuando se refiere a personas o grupos afectados por las políticas de ajuste.
Respecto de la pauta oficial, su suspensión implica un golpe económico a la sostenibilidad de muchos medios de comunicación, en especial para los pequeños y medianos que no forman parte del eje de poder de los medios concentrados con sede en el área metropolitana de Buenos Aires. Si bien una ley que regule la publicidad gubernamental de forma equitativa es una cuenta pendiente de muchos gobiernos, borrar la pauta de un plumazo empeora aún más la falta de pluralismo informativo. Lo mismo sucede con la interrupción de los concursos para asignar recursos vía el Fondo de Fomento a la Comunicación Audiovisual para los medios sin fines de lucro y de pueblos originarios (FOMECA). Dicho fondo está asegurado por el artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -aún vigente-, y corresponde al diez por ciento de la recaudación anual del Ente Nacional de Comunicaciones. Su escala es federal: comprende medios de todas las provincias y regiones del país, constituyendo la política pública más sólida en la materia con más de diez años de continuidad. Aún no ha sido reactivado.
Es grave también la lógica intervencionista -muy lejos del pregonado ideario “liberal libertario”- que se impuso sobre los medios públicos. A través del Decreto 117/2024, se decidió la intervención de Radio y Televisión Argentina, la Agencia de Noticias Télam y las señales Encuentro, Paka Paka y DeporTV, junto con las plataformas Contar y Educar; también el cierre de sus portales web. La comunicación pública estatal es considerada un gasto innecesario, cuando no un antro de corrupción político-partidaria. Bajo ningún concepto se valora la cobertura de estas señales en localidades alejadas de los grandes centros urbanos, ni la necesidad de visibilización de las realidades cotidianas que allí suceden. Se silencian así miles de voces y se ocultan múltiples realidades locales, provinciales y regionales. Mientras este proceso de desguace se implementa, se manifiesta también una fuerte censura sobre los contenidos emitidos por la radio y la televisión públicas. Su personal y organizaciones gremiales han denunciado la existencia de temas de los que no se puede hablar, como así también de listados de personas a las que se niega la posibilidad de ser entrevistadas. Se suma a este escenario el cierre de la Agencia de Noticias Télam, que vulnera el derecho a la información de toda la ciudadanía. “¿Para qué Télam si existe Twitter?” afirmó un reconocido dirigente liberal, desconociendo la relevancia informativa federal que tiene la agencia. Parece ignorar también el servicio esencial que brinda como fuente noticiosa de cientos de medios de comunicación nacionales e internacionales.
En materia de telecomunicaciones, con el Decreto 302/2024, el gobierno abrió la puerta a la desregulación de las tarifas de televisión por cable, telefonía e internet. Las empresas del sector pueden aumentar el valor de sus abonos sin restricciones, atacando directamente los bolsillos de sus usuarios. La eliminación de las restricciones a la cantidad de licencias de televisión e internet satelital a nivel nacional, abrió la puerta a una concentración en pocas manos aún mayor de estos servicios, incluyendo empresas extranjeras. A su vez, la intervención del principal organismo regulador -ENACOM-, con la disolución de su directorio, desplaza a la oposición y al Congreso Nacional en su rol de control de gestión. El cierre de sus casi treinta delegaciones -junto con el despido de más de trescientos trabajadores- vulnera los derechos de las audiencias y los usuarios, que ya no tienen lugar a donde recurrir fuera del trámite a distancia.
Con la imposición de un lenguaje violento en toda manifestación pública, el hostigamiento a quienes piensan diferente, una regulación estatal fuerte a favor de unas pocas corporaciones, lo que se impone es un modelo autoritario y centralizado en favor de un discurso único. Y esto tiene como resultado la vulneración clara del derecho a la comunicación de las mayorías.
* Universidad Nacional de Tucumán
** Universidad Nacional de Quilmes
