Es doctor en Ciencias de la Información de la Universidad de Barcelona, investigador y profesor la Universidad Nacional de Quilmes, investigador en Conicet y uno de los analistas más avezados de los medios argentinos. Becerra dialogó con Página/12 sobre las posibles consecuencias del decreto firmado por el Ejecutivo que implica el pase de las señales agrupadas en la sociedad Educ.ar, que dependía del Ministerio de Educación, a la órbita de Hernán Lombardi, titular del Sistema de Medios Públicos.

¿Cuál es  la implicancia, más allá de lo formal, de este decreto?

El Decreto 1222/16 formaliza una situación que sucede en los hechos casi desde el inicio de la presidencia de Mauricio Macri: la dependencia funcional de Encuentro, Paka-Paka y DeporTV del área que conduce Hernán Lombardi, quien a su vez reporta a Jefatura de Gabinete. Además de modificar por decreto una ley, algo que como mínimo constituye un vicio formal de este decreto, ya que contraviene lo dispuesto por la Ley de Educación Nacional (a la que el decreto ni siquiera alude en sus considerandos, curiosamente), lo que se observa es que al cambiar la dependencia de Encuentro se altera su función social. Encuentro es para este gobierno un canal de tv cultural y esto queda de manifiesto en la nueva programación y artística presentadas en sociedad hace un mes. Encuentro era mucho más que una señal de televisión: era un recurso educativo cuyo soporte no era sólo la tv sino la producción de materiales didácticos, articulado con el Ministerio de Educación del que dependió desde su creación en 2005 hasta, al menos en el plano normativo, este decreto. Considero que un cambio de semejante calado ameritaba un debate mayor que por cierto incluye pero supera con creces al elenco gobernante, es decir, se trata de una afectación al sistema educativo que por lo menos involucra a otras fuerzas políticas y sociales, a los representantes de los docentes, a la sociedad civil organizada en torno a la cuestión educativa y cultural. Bueno, y esta no es la primera vez que ocurre, el gobierno en cambio eligió el atropello del decreto inconsulto para definir cuestiones que trascienden la mera administración y redefinen políticas públicas estratégicas.

"El macrismo combina dosis de propaganda política clásica, difusión en redes sociales digitales donde se segmenta a la audiencia en fragmentos socioculturales y geográficos, selección de relatos intimistas sobre algunos de los dirigentes (sobre todo de la gobernadora María Eugenia Vidal) y el ícono de un entorno familiar tuneado en laboratorio con la pequeña Antonia como fetiche"

¿Esto va a afectar los contenidos? 

Ya hubo afectación de contenidos, tanto en términos de la función social de Encuentro como por la orientación específica de una nueva perspectiva y sensibilidad que, en este caso, sí me parece que el gobierno tiene legitimidad para desarrollar como lo ha hecho en su momento el kirchnerismo. Los nuevos ciclos puestos en el aire representan un imaginario cultural que no es el de la divulgación y popularización (propio de Encuentro hasta ahora) sino el de la exhibición de presuntos especialistas temáticos que además, en el campo de la bioética, abre las puertas a la influencia directa de instituciones religiosas en la señal. Subrayo, de todas maneras, que ni el kirchnerismo ni ahora Cambiemos respetan el mandato de pleno pluralismo que la ley audiovisual estableció para los medios de gestión estatal en un artículo que sigue vigente en lo formal. Para decirlo más directamente: el pluralismo fue y es una materia pendiente en esas señales aunque, comparadas con el segmento informativo de Canal 7 o con la grilla de Radio Nacional, se permiten márgenes de amplitud mayores que los que habilitan los medios generalistas gestionados por el Estado Nacional.

¿Es posible una privatización de estos canales?

No me consta que haya un proyecto privatizador, al menos en el decreto no se advierte.

Macri cierra el primer año de gestión, ¿qué balance hace de sus políticas en la materia? 

Desde su asunción Macri desguazó por decreto una parte sustancial de la ley audiovisual, que es la que en particular había sido litigada por parte del Grupo Clarín (y sobre cuya constitucionalidad se manifestó la Corte Suprema de Justicia en 2013) referida a los límites a la concentración de la propiedad de medios y a la extensión de las licencias. Ello con su DNU 267. En simultáneo, tomó el control de la autoridad de aplicación, gubernamentalizando aún más la gestión de las políticas y, en este aspecto, contraviniendo explícitamente uno de los estándares del Sistema Interamericano de DDHH. Su concepción de la comunicación es que es un mercado que opera con lógica comercial, exclusivamente.

¿Quiénes fueron los beneficiados?

El gobierno realizó varios guiños explícitos al Grupo Clarín y a su socio Fintech (autorización de compra de Nextel y de incorporación de Fintech a Telecom, en este último caso a pesar de que la operación está directamente prohibida por el DNU 267), también facilitó a DirecTV realizar actividades de conectividad que su DNU 267 prohíbe y, en cambio, a las telefónicas en general y a Telefónica en particular no le allanó tanto el camino. Ojo que digo “tanto”, porque podríamos mencionar también guiños, mucho más contenidos, hacia Telefónica. En general estos cambios afectan el derecho a la libertad de expresión entendido como derecho social y no sólo individual. Operar por decreto, a espaldas de la articulación de debates y consensos es lo que, recordemos, Macri le objetaba al kirchnerismo cuando era opositor. El macrismo –a pesar de lo que algunos de sus partidarios reclamaban- no representa la reposición de una institucionalidad republicana prístina ni de lejos.

¿Cuál es su política en medios entonces?

Como en otros campos de su gestión, el gobierno pretende delegar la orientación de las políticas de comunicación en los actores industriales más concentrados y consolidados. El ánimo que guía su política es el de la restauración de condiciones regulatorias que existieron antes de la ruptura del kirchnerismo con Clarín, es decir, en 2008, pero que hoy resulta una estrategia no sólo anacrónica sino quimérica, dado que Telefónica y Clarín como gigantes de un sector tecnológicamente convergente, ya no conviven en paz sino de modo cada vez más conflictivo y, encima, se asoman otros actores por la ventana que disputan parte de la renta del sector.

¿Y en materia de nuevas regulaciones? ¿Qué pasó con la ley de convergencia? 

Mientras realiza cambios estructurales y permanentes por decreto, el gobierno promete habilitar el debate por una futura ley de comunicaciones convergentes que iba a dar a conocer el pasado mes de julio y ahora postergó a marzo de 2017. Veremos qué propone y cómo concilia todos estos cambios estructurales ya definidos con la proyección de una política pública en la materia. Por cierto, el gobierno avanzó en el Congreso con una ley de acceso a la información pública que me parece saludable (perfectible, pero un avance) y el propio Senado dio media sanción a un proyecto multipartidario para regular la publicidad oficial, que asimismo me parece una deuda pendiente. 

¿Qué análisis hace de esa cuestión?

Es un aspecto destacado de la gestión de Macri: por un lado redujo un tercio de la profusa cuenta que tenía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y reorientó el gasto hacia los medios que le son afines al nuevo gobierno y a Facebook y Google sin llegar a los niveles de discrecionalidad de su antecesora. Pero esta retracción de la participación de los fondos estatales, sumada a las tendencias marco de retracción económica, aceleración inflacionaria, despidos y ajuste de las tarifas de los servicios públicos que impactan en el nivel de actividad y crecimiento, golpean seriamente la posibilidad de subsistencia de una parte importante de los medios, sobre todos los del interior del país. En relación a los medios estatales, en el primer año de gobierno resultan, en su segmento informativo, menos intemperantes con quienes no son oficialistas aunque observo de manera preocupante que algunos conductores en estos medios están cada vez más incontinentes en su rol de propaladores del relato gubernamental. En el resto de la programación se han desentendido, a mi juicio inexplicablemente, del interés por interpelar a las audiencias en televisión y radio (en parte pero no únicamente por el negocio del fútbol). Es como si quisieran hacer medios públicos sin público. Y claro, a diferencia del kirchnerismo a partir de 2008, el macrismo tiene un escenario de grandes medios privados que acompañan su gestión y, en consecuencia, presiona menos sobre los medios estatales como artefactos de propaganda.

¿Cuál cree que es el modelo al que se apunta?

El diseño comunicacional de Macri combina dosis de propaganda política clásica, difusión en redes sociales digitales donde se segmenta a la audiencia en fragmentos socioculturales y geográficos, selección de relatos intimistas sobre algunos de los dirigentes (sobre todo de la gobernadora María Eugenia Vidal) y el ícono de un entorno familiar tuneado en laboratorio con la pequeña Antonia como fetiche. Este diseño suele hacer cortocircuito cuando el imprevisto sorprende a sus ejecutores frente a los principales problemas políticos gestados y administrados por el gobierno. 

¿De qué manera se aplican estas líneas comunicacionales?

Las tácticas abarcan desde la representación editorial de la vocería del oficialismo en casi todos los diarios y emisoras audiovisuales con mayor audiencia, la reorientación del gasto en publicidad oficial (lo que no equivale a la prometida superación de su reparto discrecional), la canalización del esfuerzo comunicativo por las redes sociales digitales a las que el oficialismo destina recursos económicos directos e indirectos, la colusión con el grupo Clarín que potencia el conflicto de intereses con otros conglomerados como Telefónica y el desplazamiento de la concentración de la propiedad de la agenda de la política de medios, hasta el cultivo de una ideología que propagandiza despreocupación con el control de la información mientras que en la práctica se advierte un cambio de método, en lugar del desplazamiento de esa obsesión. La comunicación macrista es un laboratorio de ensayos múltiples y simultáneos. A diferencia de lo que suele criticársele y de lo que sus propios funcionarios del área de propaganda declaran con soberbia, el macrismo no reniega en los hechos de los medios masivos sino que relativiza su capacidad de interpretación del humor social al mismo tiempo que cuestiona su influencia. El macrismo mide el pulso de la sociedad a través de Facebook, concede espacios de participación a “la gente”, sujeto político de la nueva era. 

¿Cuál es el principal desafío del gobierno desde esa lógica? 

La comunicación de Macri está lubricada para el ritmo electoral y, especialmente, para hacer de challenger. Su profesionalizado marketing, integrado por equipos con competencias técnicas en publicidad y en el uso de redes sociales digitales con lógica difusionista, fue muy eficaz cuando los focos se dirigían mayormente hacia otro polo productor de novedades (la expresidenta Fernández de Kirchner). El reto que tiene ahora el macrismo es reconocer el lugar de animador y troquelador protagonista de la agenda pública para lo cual no le basta con responder con el ingenio aforístico propio del discurso publicitario: gobernar es otra cosa. El desafío de reconocer que la “campaña política” en la gestión del gobierno nacional regula su vínculo con la sociedad de forma esencialmente distinta a la de la campaña electoral figura, para la cúpula del macrismo, como un aprendizaje pendiente de concreción.  La tendencia es que cada nuevo traspié político y económico del gobierno, como lo sucedido con Ganancias, erosiona la cuidada estrategia oficial de comunicación gentista 2.0.