La Comunidad de Valencia, en España, premió uno de los monitoreos sanitarios que los Metrodelegados realizaron para detectar problemas de salud entre los trabajadores y trabajadoras del sector ante la presencia de asbesto en parte de los coches que prestan el servicio.
El galardón que le fue otorgado a la Secretaría de Salud Laboral de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), que a lo largo de años denunció la presencia de esa sustancia cancerígena a la que están expuestos los empleados de subte.
La Sociedad española de Neumonología y Cirugía Torácica (SEPAR) fue la encargada de otorgar el reconocimiento que es “el primer premio que se le otorga a un grupo de investigadores argentinos”, según destacó Lilian Capone, neumonóloga y especialista en Salud Ocupacional.
El monitoreo realizado por la AGTSyP consistió en una serie de controles anuales para los trabajadores y trabajadoras del subte. Se les hicieron radiografías de tórax, espirometrías y exámenes clínicos neumonológicos.
“Logramos que más de 3000 compañeros y compañeras ingresen a vigilancia médica producto de la exposición al asbesto”, resaltó el gremio a través de un comunicado, luego de recibir el premio que le otorgó el 57º Congreso de Neumonología realizado en España.
“Estamos muy contentos porque consideramos que la ciencia debe estar al servicio del pueblo” y “las investigaciones tienen que tener un objetivo nacional, soberano e independiente”, resaltó Capone.
El reconocimiento “no es sólo al trabajo de quienes componemos la comisión de expertos, sino también a la lucha de los trabajadores, ya que durante mucho tiempo se debió discutir que existía amianto en el subte y que el mismo era lesivo para la salud”, añadió.
De hecho, el gremio denunció largamente la presencia de asbesto en los vagones a los que están expuestos pasajeros y trabajadores, una problemática que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires posterga una respuesta.
Las sucesivas administraciones porteñas negaron una y otra vez la gravedad de la problemática. "No hay ningún tipo de riesgo para la salud ni de los trabajadores ni de los usuarios", había llegado a decir una funcionaria.
Además, apeló las demandas presentada por el tema, postergó la compra de nuevas formaciones para renovar aquellas en la que se dectectó la presencia de asbesto y retrasó la desasbestización de la flota utilizada, entre otras negativas.
Por su parte, el gremio no solo advirtió y denunció sobre el peligro al que están expuestos los empleados del sector, sino que realizó medidas de protesta, informes documentados sobre el caso, presentó proyectos de ley y denuncias ante la Justicia.