Un grupo de diputados opositores presentó un proyecto de declaración para solicitar que el gobernador Axel Kicillof adhiera al Régimen de Incentivo a Grandes Inversores (RIGI), "en atención a que la negativa o demora generará una pérdida inevitable de inversiones en el sector hidrocarburífero, según señala el presidente de YPF en el medio del peor contexto socioeconómico de la historia de la provincia de Buenos Aires".
El proyecto es de Agustín Romo, que por estas horas se prepara para viajar a ver los partidos de la selección argentina en la Copa América, en EEUU. Lleva las firmas de sus compañeros de bloque Nahuel Sotelo, Alejandro Carrancio, Gastón Abonjo y Ramón Vera Chávez, y de los integrantes del espacio amarillo violeta denominado PRO Libertad, Florencia Retamoso, Sofía Pomponio, Abigail Gómez y Oriana Colugnatti.
El proyecto, que incluye un importante sincericidio, al referirse al "peor contexto socioeconómico de la historia de la provincia de Buenos Aires", se conoce pocas horas después de que, en un reportaje concedido a Carlos Pagni, el presidente de YPF, Horacio Marín, dijera que si la provincia de Buenos Aires no adhiere al Régimen de Incentivos a los Grandes Inversores (RIGI) la planta de GNL, que se proyecta construir junto a Petronas, se instalará en Río Negro. Parece exclusivamente destinado a generar ruido político, porque hasta donde pudo establecer este diario Petronas quiere Bahía Blanca.
Confesión de parte
"Cuando digamos dónde es más rentable, la gente de YPF que trabaja en GNL se va a juntar con la gente de Petronas y, una vez que está la decisión, yo voy a ir personalmente con cada uno de los gobernadores, le voy a mostrar los números y luego lo voy a hacer público. Es el el procedimiento y lo saben todos, acá nadie está jugando raro", sostuvo el hombre de Techint.
La versión de que la planta no se haría en Bahía Blanca, donde ya se realizaron los estudios de impacto ambiental, están otorgados los permisos y existen ventajas competitivas naturales, comenzó a circular en las semanas previas al debate por la ley de bases.
La mudanza del proyecto a Punta Colorada, en Río Negro, era el precio a pagar por el voto positivo de los dos senadores que responden al gobernador Alberto Weretilneck, a pesar de que demandará una inversión mucho mayor para duplicar una infraestructura portuaria que Bahía ya posee, y la demora de al menos dos años.
Consultado al respecto por Buenos Aires/12, semanas atrás, el secretaro general de los trabajadores de la industria del gas de Bahía, Pablo Van Den Heuvel, puso en duda que un ingeniero o profesional idóneo firmara un dictamen técnico recomendando el traslado a la provincia de Río Negro, arriesgando su matrícula.
La planta licuefactora transforma el estado del hidrocarburo, de gaseoso a líquido, al someterlo a una temperatura de cientosesenta grados centígrados bajo cero, lo que facilita su almacenamiento, transporte y exportación.
Problemas de técnica legislativa
El proyecto de declaración de Romo no pasaría el filtro de un asesor legislativo experimentado. Las razones son varias y ya fueron advertidas por el oficialismo en la Cámara Baja provincial.
En primer lugar, el RIGI no es una ley, sino apenas un capítulo de una ley. Ley que, por otra parte, aún aguarda ser tratada en Diputados de la Nación. Cuando las leyes nacionales son sancionadas y promulgadas, algunas, no todas, requieren ser ratificadas por las provincias, a través de una ley provincial. Pero esa tarea corresponde a los legislativos provinciales, no a los ejecutivos.
Luego, el marco de tratamiento a las inversiones extranjeras, con o sin RIGI, es competencia del Estado nacional. En síntesis, lo que Romo y su bancada le reclama a Kicillof es nulo. Pero si no lo fuera, debería reclamárselo...al propio Romo.
