Sobrevivientes y familiares de víctimas que pasaron por Campo de Mayo o por alguno de los centros clandestinos que integraron su circuito represivo durante la última dictadura cívico militar están más que preocupados: el tiempo pasa mientras los expedientes vinculados a la megacausa que dirige la jueza federal de San Martín Alicia Vence no avanzan. Por eso, convocaron a una concentración en las puertas del juzgado para el martes próximo, cuando presentarán un pedido a la magistrada para que les reciba y les cuente “qué estuvo haciendo todos estos años, qué prueba recolectó, qué conclusiones sacó, qué de todo eso se tradujo en proceso de justicia”, indican desde comisiones y colectivos de derechos humanos.

“La megacausa está en rojo”, apuntó Adriana Taboada, referente de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, uno de los tantos organismos y agrupaciones de derechos humanos que nuclea a sobrevivientes y familiares de víctimas de lo que se conoce como la Zona 4, el área represiva que tuvo a la guarnición Campo de Mayo como epicentro y cerebro y que abarcó principalmente la zona norte y noreste de la provincia de Buenos Aires con la clase obrera como eje central.

Sobrevivientes y familiares desconocen los avances del expediente y los casi 800 casos de violaciones a los derechos humanos que lo componen. Hasta que la pandemia de Coronavirus interrumpió todo encuentro posible durante meses, solían reunirse para repasar el estado de la causa y apuntalar lo que hubiera que apuntalar. Volvieron a hacerlo el pasado sábado, apremiados por la “gravedad de la situación”: “Se murió (el genocida Santiago Omar) Riveros hace algunas semanas y con él unas 100 personas perdieron la posibilidad de obtener una reparación desde la Justicia porque la jueza está apañando a los represores recostada en el paso del tiempo”, denunció Juan Manuel Aolita, hijo de un sobreviviente de Campo de Mayo y referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Zárate.

Tras la asamblea, de la que participaron querellantes –hubo sobrevivientes y familiares que incluso lo hicieron vía teleconferencia desde las provincias o los países en donde están viviendo–, abogados vinculades a la megacausa, la Fiscalía y agrupaciones de derechos humanos comprometidas con el expediente, resolvieron la redacción de un pedido de reunión para Vence que presentarán por escrito. “Queremos pedir que nos muestre qué prueba produjo, que indagatoria, qué procesamientos. Datos objetivos queremos, datos que se traduzcan en procesos de justicia”, apuntaron desde el colectivo de sobrevivientes.

Luego, definieron organizar un apoyo presencial a los pedidos de reuniones, para el que lanzaron una convocatoria abierta, que supere el primer círculo de colectivos vinculados al tema y abarque a gremios, organismos de derechos humanos nacionales, agrupaciones sociales. La cita es el martes 25 de este mes a las 11.30 en San Lorenzo N° 2374, Ciudad de San Martin. “El comportamiento de Vence no es casual, hay una decisión en dilatar la toma de decisiones cruciales para el proceso de juzgamiento”, advirtió Aolita.

Sin indagatorias

Lo que más les preocupa es la falta de indagatorias a posibles responsables de esos hechos, entre los que hay secuestros, torturas y desapariciones, abusos sexuales, apropiación de bebés: desde 2019, el año previo a la pandemia, el juzgado federal número 2 de San Martín activó solo cinco llamados a indagatoria. Entre ellos se cuenta el de Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de Mercedes Benz, al que la jueza convocó a desgano y no bien indagó sobreseyó. Tras la insistencia de las querellas, finalmente el exfuncionario de la empresa fue procesado por el secuestro de obreros de la automotriz y espera su juicio oral. El debate se esperaba para principios de este año, pero aún no fue siquiera agendado.

En el mismo tiempo, Pablo Llonto, abogado que representa a una gran cantidad de sobrevivientes y familiares de víctimas en la megacausa, realizó 13 pedidos de indagatoria de distintos imputados identificados, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó un requerimiento con 17 nombres de personas identificadas con elementos suficientes para ser indagadas y la Fiscalía otro tanto.

“Todas estas personas fueron identificadas en el último tiempo, es decir, hasta ahora no han dado explicaciones por delitos que presumimos hay pruebas para que al menos sean indagados”, explicó Llonto. Vence no los ha convocado. Entre los pedidos de indagatoria figura el de Juan José Penas, ex gerente de Relaciones Industriales de Lozadur, una de las dos empresas ceramistas del cordón obrero de la zona norte bonaerense fuertemente golpeado durante la última dictadura. Penas había sido citado en mayo de 2023, pero su declaración no había podido concretarse. Falleció sin responder por el secuestro de 15 obreros durante el genocido.

Hace poco menos de un mes, Llonto presentó un pedido de entrevista a la jueza, para que lo reciba a él, a otres abogades querellantes y a la Fiscalía. No tuvo respuesta.

El Juzgado que dirige Vence cuenta con una secretaría dedicada especialmente a la megacausa Campo de Mayo y a otros expedientes que revisan violaciones a los derechos humanos sucedidas durante la última dictadura. En el área trabaja una veintena de personas que, en el último tiempo, estuvo casi plenamente abocada a tomar testimonios de exsoldados conscriptos que hicieron el servicio militar obligatorio en la guarnición militar durante los años de terror. “El trabajo está dando unos resultados tremendos porque los colimbas están contando muchas cosas que vieron en El Campito –uno de los seis centros clandestinos que funcionaron en Campo de Mayo–, están aportando nombres y apellidos de militares que participaron de crímenes, apodos”, destacó Llonto.

El problema es que ese trabajo no se está traduciendo en indagatorias. “Hay nombres ahí y no han hecho nada. Y si no hace nada, está trabajando para la impunidad”, remarcó Taboada, y completó: “El tiempo pasa y la vida, de los responsables y también de sobrevivientes y familiares de víctimas, tiene fecha de vencimiento, eso es algo que se nos escapa de las manos. Para darle pelea al paso del tiempo hay que acelerar, pero Vence está haciendo todo lo contrario”.

Sin juicios

Hasta el momento, no hay juicios agendados que repasen crímenes de lesa humanidad sucedidos en la Zona represiva número 4. Se espera que en la segunda mitad del año comience el debate oral en el que será juzgado Tasselkraut y otro megajuicio –en 2022 culminó un megajuicio en el que fueron condenados 19 represores– con centenares de víctimas. Allí, no obstante, varias decenas quedaron fuera del proceso debido al fallecimiento de Riveros y de otros dos acusados.